Celebran sentencia de la Corte Internacional por caso Radilla

miércoles, 16 de diciembre de 2009

MÉXICO, DF, 16 de diciembre (apro).- La activista Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, instó a organizaciones nacionales e internacionales, así como a medios de comunicación, a “ser vigilantes para que el gobierno de Felipe Calderón cumpla” con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso del luchador social desaparecido por militares en Guerrero, en 1974.
    A su vez, el director de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH), Juan Carlos Gutiérrez Contreras, destacó que las reformas al fuero militar ordenadas por la CoIDH “impactan directamente no sólo en los casos que fueron abiertos por la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado (Femossp), sino también para los actuales, en que militares han estado involucrados en violaciones graves a derechos humanos”.
    La decisión de la Corte regional fue también festejada por Amnistía Internacional (AI) que, en un comunicado, “urgió al Estado mexicano a cumplir cabalmente la sentencia”, así como “asumir su responsabilidad por las violaciones a derechos humanos a la víctima y sus familiares”.
    En conferencia de prensa para dar detalles sobre el alcance del fallo del tribunal internacional que, entre otras acciones, ordena culminar la investigación abierta por el caso Radilla, averiguación previa en la que están acumulados 121 expedientes más.
La sentencia además pone de relieve la existencia de un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano durante la llamada “guerra sucia”.
    Radilla Martínez consideró que después de 35 años de desaparición forzada de su padre, “la resolución de la Corte no es la culminación de nuestra lucha por la verdad, es sólo un paso; ahora viene una nueva etapa, igualmente difícil, que significa pugnar por que el gobierno mexicano localice los restos de Rosendo”.
    Apuntó que el resultado obtenido no sólo beneficia a la familia Radilla Martínez, sino a “los familiares de los mil 200 desaparecidos de esa época, porque el gobierno tendrá la obligación de investigarlos también, por eso empezamos una nueva lucha”.
    Gutiérrez Contreras exhortó al presidente Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudir a Atoyac, municipio guerrerense del que es originario Radilla Pacheco y donde hay un registro de 473 desaparecidos, para que ofrezcan “disculpas públicas y develen una placa en memoria de Rosendo, como lo ordenó la Corte”.
    Además emplazó al gobierno de Calderón a enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Código Penal Militar, “lo más pronto posible si es que tiene voluntad de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana”.
    Por lo pronto, añadió, casos actuales de torturas, desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias cometidas por militares en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico, “tendrían que ser llevados de inmediato a la justicia ordinaria o civil”.
Mientras, Julio Mata Montiel, secretario técnico de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (Afadem), señaló que los delitos de desaparición forzada “no son delitos del pasado, como lo ha dicho el gobierno de Calderón, pues en la actualidad tenemos registro de al menos tres casos: Francisco Paredes, en Michoacán, y los dirigentes guerrilleros Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya”.
    Por su parte, María Sirvent y Mario Solórzano, abogados que participaron en la defensa del caso Radilla Pacheco, recordaron que el litigio internacional duró ocho años desde que solicitaron su admisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
    Solórzano destacó que el sentido del fallo “es el de acotar el poder militar, por lo que se requiere se renueve el pacto entre los poderes civil y militar, para que este último se limite a ejercer las funciones para las que fue concebido, y que de una vez por todas el actuar contrario a la ley de miembros del Ejército sea investigado y castigado por los poderes civiles, y acabar así con la impunidad”.
    Agregó que como parte de la sentencia, la CoIDH ordenó dar acceso irrestricto al expediente que contiene la indagatoria de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en estos momentos en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), pues “es una forma de acceso a la justicia y a la verdad”.  

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