MÉXICO, D.F., 16 de diciembre (apro).- La oficina binacional en la que “funcionarios de Estados Unidos y México trabajarán diariamente –en el mismo espacio, lado a lado– en la instrumentación de la Iniciativa Mérida”, para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, empezará a funcionar a fines de marzo y principios de abril, informó Keith Mines, director de la Sección Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en México.
    “El plan sería tener unas 70 personas en esa oficina binacional, 45 de Estados Unidos y 25 de México”, todas ellas pertenecientes a agencias estadounidenses o a dependencias gubernamentales de México “involucradas con la Iniciativa Mérida”, señaló Mines.
    El diplomático mencionó que se tenía planeado abrir la oficina binacional a fines de este año, pero eso se aplazó por motivos “burocráticos” y de “los contratos” de quienes “están haciendo la construcción” del inmueble, “no por razón política alguna”.
Sobre el presupuesto para construir la oficina, dijo que salió de los propios fondos de la Iniciativa Mérida, pero “por razones de seguridad” declinó ofrecer la dirección donde estará ubicado el inmueble.    
Mines informó lo anterior en una conferencia de prensa en la que el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, presentó un informe de evaluación sobre las relaciones entre ambos países, en el primer año de la administración del presidente Barack Obama.
    Asimismo, informó que el pasado domingo 13 el Congreso de Estados Unidos aprobó más de mil 350 millones de dólares para los primeros tres años de la Iniciativa Mérida. “De ellos, 950 millones de dólares se encuentran disponibles, y de éstos, unos 359 millones apoyan proyectos activos”, agregó.
El diplomático señaló que para 2010 los recursos para la Iniciativa Mérida aumentarán a 710 millones de dólares.
    Y explicó que los gobiernos de ambos países “hemos encontrado que la infraestructura de la Iniciativa Mérida se puede aplicar a otros temas importantes --como el tráfico de armas y el lavado de dinero— y lo estamos haciendo”.
    --¿Podría precisar cuáles son las atribuciones de esa oficina binacional? ¿Cómo trabajaría, por ejemplo, un agente de la DEA de dicha oficina? ¿Tendría funciones operativas? --preguntó Apro a Mines durante la conferencia de prensa.
    El embajador Pascual pidió responder la pregunta, debido a que “es un asunto absolutamente político y no quiero dejar duda”.
    Y declaró tajante: “Nosotros no tenemos operativos en México. Tenemos consejeros que trabajan de manera muy estrecha con sus socios y homólogos (mexicanos) para extender la experiencia que hemos tenido en Estados Unidos, para pasar información, para poder platicar y revisar estrategias cuando la parte mexicana desee hacerlo, pero –reiteró— no tenemos operativos en México en ninguna área de seguridad”.
    En otro momento de la conferencia, Pascual declaró que “la oficina binacional es una parte importante, pero no la más importante” de la estrategia conjunta entre Estados Unidos y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado.
Enseguida, destacó el “tipo de interacción” entre los funcionarios de ambos países, el tipo de trabajo “estratégico” entre los diferentes niveles de gobierno y la “confianza absoluta” desplegada a partir del hecho de que las dos partes “tenemos las mismas metas e intereses”.
       A pregunta expresa, Pascual rechazó que la guerra contra el narcotráfico instrumentada por el gobierno de Felipe Calderón sea un fracaso. Más aún, consideró que “el aumento en la violencia es en parte causada por los resultados, los éxitos y los progresos que hemos empezado a tener” en la lucha contra los cárteles de la droga. “Y tenemos que entender que (la violencia) es algo que vamos a seguir enfrentando en el futuro”, advirtió.
    “Cuando hemos empezado a tener un impacto contra los narcotraficantes, cuando hemos cortado su capacidad para exportar cocaína o reducido el volumen de dinero que están regresando hacia México, entonces ellos entran a una competencia mayor” que provoca “su desplazamiento a otros giros –como la extorsión, el robo o el secuestro– y a otras plazas donde existe dinero, como Monterrey, la ciudad de México o Guadalajara”, añadió.
    Respecto del papel del Ejército en tareas de seguridad pública y en la lucha contra el narcotráfico, el embajador estadounidense dijo que en este punto “la política del presidente Calderón ha sido clara: el Ejército no es la solución final, pero se han visto obligado a actuar ante el aumento de la violencia causada por los narcotraficantes, los cuales necesitaban una respuesta” por parte del Estado.
    Sin embrago, enfatizó que al Ejército “no podemos dejarlo aislado” en la lucha contra los cárteles de la droga. “Es necesario que las distintas partes del Estado –particularmente las fuerzas civiles— cumplan también su papel”.
    Cuando un reportero le preguntó si el gobierno de Estados Unidos mantendrá las alertas para sus ciudadanos que visitan México, manifestó que en este país prevalece un Estado de derecho y “está listo para recibir turistas”, y el problema de seguridad “se focaliza” realmente en puntos específicos del territorio nacional.