TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 18 de diciembre (apro).- Por unanimidad, el Congreso local aprobó este viernes una serie de reformas al Código Penal, entre las cuales se protege y garantiza el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural.
    Además, a diferencia de las legislaciones aprobadas en otras entidades, la interrupción del embrazo no se castigará con cárcel cuando este lo hayan hecho por presión de su pareja o de sus padres. Según la iniciativa aprobada por los 40 legisladores de los siete partidos representados en el Congreso, la mujer que decida abortar bajo presión recibirá atención médica clínica, psicológica y educativa.
Tampoco serán castigadas aquellas mujeres que decidan abortar cuando el producto haya sido fruto de una violación o cuando esté en peligro su vida.
Representantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Defensoras Populares, AC y Grupo de Mujeres de San Cristóbal aseguraron que dicha iniciativa es un “engaño”.
En su opinión, los legisladores pretenden disfrazar la ley antiaborto “de bonanzas para la mujer”, pero en el fondo aprobaron una reforma que otorga capacidad jurídica al feto desde su fecundación.
Martha Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal, se manifestó indignada por la actuación de los diputados de Chiapas, “que hacen como que legislan a favor de las mujeres, pero en realidad han traicionado una palabra empeñada de que se discutiría públicamente antes de ser aprobada la iniciativa de reforma”.
El pasado sábado 12, el diputado panista Carlos Pedrero, presidente de la Junta de Coordinación Política, se reunió con varias feministas, a quienes dijo que en este proceso parlamentario no sería posible votar la iniciativa porque no había pasado a comisiones ni se había discutido y mucho menos dictaminado.
Sin embargo, el Congreso local la aprobó este viernes, luego de dejar en claro que las reformas reconocen y están apegadas a tratados y acuerdos internacionales que consagran derechos de la mujer y de los no nacidos, en particular la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Pacto de San José.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada, el pasado martes 8, por el diputado priista Mauricio Mendoza Castañeda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a quien secundaron los legisladores Ana Elisa López, del PAN, y Mario Casimiro Vega Román, del PRD.