MÉXICO, DF, 18 de diciembre (apro).- La familia de Arturo Beltrán Leyva ordenó hoy a empleados de una funeraria en Cuernavaca, Morelos, preservar o embalsamar el cuerpo del narcotraficante para trasladarlo a la Ciudad de México, donde se prevé que pueda ser velado.
Según un despacho de Notimex, empleados de la funeraria Hispano-Mexicana confirmaron que los familiares ordenaron la preservación, pues tienen planeado incluso cambiarlo de ataúd para su inhumación, aunque no se les informó dónde será sepultado.
El empleado, que pidió reservar su identidad, sostuvo que el servicio de trámites legales, traslado, embalsamado y ataúd tuvo un costo de 80 mil pesos, suma que fue pagada en efectivo por la propia hermana de “El jefe de jefes”.
En tanto se realizaban los trámites y la preparación del cadáver, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que Felícitas Beltrán Leyva y Erika Beltrán Martínez son quienes identificaron en el Servicio Médico Forense (Semefo) a “El Barbas”, quien fue abatido el miércoles pasado.
Felícitas Beltrán fue la encargada de buscar que al hoy occiso se le practicaran los mejores servicios funerales al alcance y fue la Procuraduría de Morelos la que le recomendó la agencia antes citada.
Las mujeres partieron del lugar poco después de las 20:30 horas en una camioneta Hummer blanca con dirección al Distrito Federal.
Horas antes, a las seis de la tarde, los restos del líder del cártel de Sinaloa salieron del Semefo y de inmediato fueron trasladados en una carroza de la agencia.
    En Monterrey, Nuevo León, lugar donde residen familiares del narcotraficante, el organismo denominado Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) censuró la difusión de las fotografías de Beltrán Leyva, semidesnudo en el suelo y tapizado con billetes de mil pesos.
En un comunicado, dicho organismo aseguró que ese tipo de hechos “mancilla el cadáver de una persona y violenta su derecho a la intimidad”.
    Mientras en Cuernavaca, en punto de las 13:00 horas, los familiares de “El jefe de jefes” se presentaron en las oficinas del Semefo.
Dos de ellas se identificaron como hermanas del narcotraficante muerto en un enfrentamiento con efectivos de la Armada de México, en un exclusivo condominio residencial de la capital morelense.
Sólo se le permitió el acceso a una de ellas, mientras que las otras dos, de alrededor de 20 años, permanecieron a las afueras.
    Antes que el cadáver de Beltrán Leyva fuera entregado, peritos de la PGR, médicos forenses, así como personal de la Armada de México trabajaron en las necropsias y tomaron las muestras de ADN para corroborar la identidad de Beltrán Leyva y dar la certeza jurídica del hecho.
Por la tarde, en el Distrito Federal, las tres personas detenidas el miércoles durante el operativo en que murió “El Barbas” rindieron su declaración preparatoria en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
    Se trata de Catalina Castro López, de 44 años, Gabriela Vega Pérez, de 18, y un hombre del que se desconoce su nombre.

CDHDF reprueba operativo

Por separado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se pronunció por revisar la estrategia del Estado para combatir al narcotráfico, ya que más allá de los resultados efectistas, alegó, es necesario garantizar la seguridad de personas inocentes.
    El ombudsman del Distrito Federal, Luis González Plascencia, afirmó que durante el operativo en que murió Arturo Beltrán Leyva se violaron garantías fundamentales, en particular, el derecho a la vida.
“Es una situación preocupante porque lo que vemos es que hay una estrategia militar que, aunque tenga resultados que puedan ser leídos como favorables desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico, ponen en riesgo la integridad personal, incluso de gente que no está vinculada, o no necesariamente está vinculada con estas actividades delictivas”, dijo González Placencia.
Subrayó que es una obligación del Estado mexicano salvaguardar la vida de cualquier persona, sin importar de quién se trate.
“Al Estado mexicano le corresponde el deber de salvaguardar la vida, en primerísimo lugar, más allá de quien se trate, y particularmente en casos en los que, en operativos como estos, se pone en riesgo la vida de otras personas”, reiteró.
    Mientras tanto en Monterrey, el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) reprobó la difusión de las fotografías de Arturo Beltrán Leyva, pues con ello “se mancilla el cadáver de una persona y violenta su derecho a la intimidad”.
En un comunicado, el organismo señaló que la difusión de las imágenes demostró a un gobierno que tiene poca estima por la dignidad de las personas.
“Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC se manifiesta profundamente preocupada por la forma en que elementos del Estado mexicano mancillaron y fotografiaron el cuerpo inerte de quien ha sido provisionalmente identificado como el conocido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, imágenes que fueron hechas públicas en varios medios de comunicación.
“Esta organización rechaza este tipo de acciones gubernamentales que atentan contra los derechos a la intimidad y a la honra, y que demuestran la poca estimación en que las autoridades tienen la dignidad inherente de todas las personas”, señaló.
“Las fotografías tomadas por las autoridades, en las que el cuerpo ensangrentado y con los pantalones abajo fue cubierto billetes y otros objetos personales de la persona fallecida, en nada ayudan al combate al narcotráfico; son una muestra tanto de la impericia de nuestras autoridades como de la ausencia de métodos científicos en la investigación y procesamiento de escenas, así como de pruebas relacionadas con la comisión de delitos”, agregó la ONG.