Mayoría perredista aprueba matrimonios gay

lunes, 21 de diciembre de 2009

MÉXICO, DF, 21 de diciembre (apro).- Con el voto en contra de diputados panistas y de algunos legisladores priistas, el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) avaló hoy los matrimonios entre personas del mismo sexo y la opción de que puedan adoptar niños.

Este lunes, la fracción perredista hizo valer su mayoría en la ALDF para que se aprobaran las modificaciones a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles de la capital del país, para así dar paso a los matrimonios gay y a la posibilidad de que estas parejas puedan adoptar.

         Fue la diputada perredista Maricela Contreras quien abrió el “candado” que, en comisiones, había cerrado la posibilidad de que los matrimonios gay pudieran recurrir a la adopción.

Por cierto, la restricción quedó asentada en el dictamen que las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Derechos Humanos y de Equidad de Género dejaron listo el viernes pasado.

         Al iniciar hoy la sesión, la “aplanadora” perredista ya estaba lista para aprobar seis modificaciones al Código Civil y dos cambios al de Procedimientos Penales, en los que básicamente se suprimieron palabras que encasillaban las relaciones matrimoniales y de concubinato sólo a las uniones entre hombres y mujeres.

         Así, el artículo 146 define el matrimonio como “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule la ley”; en tanto que en la adición que se hizo al 391 se puntualizaba que “no procede la adopción cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo sexo”.

         Por esa razón, al inicio del debate, el diputado panista, Carlo Pizano, pidió un receso para analizar el dictamen, lo cual fue votado en contra.

         Pizano alegó que “ninguna otra institución es tan trascendente como el matrimonio entre un hombre y una mujer”, y que “perduran a través de los siglos gracias a sus descendientes”, en tanto que las relaciones homosexuales “son efímeras y se extinguen”.

         En la primera ronda, en la que se sometió a discusión en lo general la iniciativa impulsada por el perredista David Razú Aznar, 39 diputados aprobaron la propuesta, mientras que 20 se manifestaron en contra –entre ellos los 15 que integran el bloque del PAN--, y cinco se abstuvieron.

         El PAN, a través de su coordinadora Mariana Gómez del Campo, se reservó el artículo 146, mientras que la perredista Maricela Contreras hizo lo propio respecto a la adhesión al 391, ambos del Código Civil.

         La propuesta de Gómez del Campo fue mantener la actual definición de matrimonio, por considerar que éste “sólo puede darse entre un hombre y una mujer con fines de procreación, y eso no puede ocurrir entre dos personas de un mismo sexo”.

         La panista recordó que en la legislación local ya existía la Ley de Sociedades en Convivencia, y que en los últimos tres años se han consolidado 680 de estas uniones, por lo pidió debatir “temas ciudadanos y no de minorías”.

Gómez del Campo aseguró además que se les estaba dando “atole con el dedo”, pues las leyes del ISSSTE y el IMSS sólo reconocen a las parejas heterosexuales para fines de seguridad social.

Pese a ello, la moción fue rechazada.

         La líder de la bancada panista insistió en que la adopción de niños entre parejas del mismo sexo era algo “inaceptable”, pues según ella con ellos se “daña” psicológicamente a los menores, además que los pondría en riesgo de ser víctimas de pedofilia.

         En su turno, la perredista Marisela Contreras puso a prueba la “aplanadora” del PRD.

Apeló a la “diversidad y pluralidad” de la sociedad mexicana, la variedad de arreglos familiares y afirmó que quienes están en contra de estas nuevas condiciones de la sociedad es porque asumen que “el neoliberalismo quiere privatizar los derechos sociales”.

Por ello propuso ir “más allá” en la legislación y eliminar todas las restricciones contra las parejas de un mismo sexo, por lo que consideraba conveniente se permitiera la adopción.

Entonces hizo efecto el cabildeo que en días anteriores llevó a cabo la diputada federal Enoé Uranga, también perredista e impulsora de la figura de “sociedades en convivencia”.

Luego diputados de PAN, PRI e incluso algunos perredistas, como Alejandro Carbajal y Edith Ruiz Mendicutti, se dijeron “sorprendidos” por el giro que tomó la discusión, pues habían concedido en la aprobación del matrimonio gay, pero con la condición de mantener el “candado” respecto de la adopción.

Sin embargo, al final Carbajal y Ruiz Mendicutti se sumaron a la “aplanadora”, lo que no ocurrió con otros cuatro legisladores perredistas que optaron por la abstención.

         La decisión de ampliar las garantías para la comunidad lesbico-gay generó euforia en el área de visitantes, en tanto que diputados panistas advertían que la situación no iba a quedar ahí.

         Gómez del Campo aseguró que el martes temprano acudirían a la jefatura de gobierno a solicitar a Marcelo Ebrard ejercer su poder de veto; de lo contrario, reunirían las 22 firmas necesarias para promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Más tarde, en un comunicado, Acción Nacional confirmó su intención de quejarse ante la SCJN contra las reformas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y su posibilidad para adoptar niños.

En el texto, el PAN capitalino acusó al PRI de mostrarse “inconsistente y con indefinición”, con lo que “dio la espalda a los ciudadanos al favorecer con su voto de abstención que esa ley fuera aprobada por la mayoría del PRD”.

Advirtió que los perredistas actuaron de manera “artera y perversa”, transgrediendo los derechos de los menores y su posibilidad de desarrollarse en un ambiente sano.

Denunció que una vez más el PRD utilizó artimañas para engañar a la sociedad, que en el discurso simula defender los derechos humanos y en los hechos “se esconde para no combatir la prostitución y el comercio infantil”.

"La aplanadora perredista, muy crítica de la discriminación, echó mano de la misma y excluyó a los ciudadanos y a las fuerzas políticas que piensan distinto del análisis de las reformas y el debate, con lo que violentó el proceso legislativo afectando el principio de representación, eficiencia y eficacia”, acusa.

Por último, denunció que el PRD “engaña a la comunidad gay” y a la sociedad en general, pues no busca reconocer derechos, “sino de manera velada imponer una ideología con el único propósito de afianzar apoyos electorales”.

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