MEXICO, DF, 19 de diciembre (proceso).- Desde principios de los ochenta los cárteles del narcotráfico se asentaron en Cuernavaca y otras ciudades de Morelos. Las autoridades de la entidad supieron de su presencia cuando iniciaron una investigación contra el exgobernador Armando León Bejarano en 1983 por presunto enriquecimiento inexplicable (Proceso 322).

En enero de ese año, Bejarano compareció durante 14 horas ante la PGR para responder a las declaraciones por enriquecimiento inexplicable formuladas por el periodista Andrés Alberdi. La Dirección de Averiguaciones Previas de esa dependencia congeló las cuentas bancarias del exmandatario, así como sus bienes para evitar la salida de dinero y la venta de los inmuebles.

Un mes después, Bejarano ya era prófugo de la justicia cuando el juez primero de Distrito en Materia Penal, Lenin Quiñones, libró una orden de aprehensión en su contra por evasión fiscal por 5 millones 508 mil 122 pesos  (Proceso 330).

Sin embargo, fue hasta el 2000, cuando el PAN arrebató la gubernatura al PRI y colocó en el poder a Sergio Estrada Cajigal Ramírez, que los capos se afianzaron. A partir de entonces Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de jefes comenzó a operar en Cuernavaca en un exclusivo complejo residencial que inauguró el propio Estrada Cajigal.

De 1983 a la fecha Proceso ha publicado varios reportajes en los que documenta la forma en que los sucesores de Bejarano –los priistas Lauro Ortega Martínez, Antonio Riva Palacio López, Jorge Carrillo Olea, Jorge Morales Barud, Arturo García Rubí, así como los panistas Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame Castillo– han “tolerado” las operaciones de un grupo dedicado al crimen organizado.

A dos de ellos por lo menos, Carrillo Olea y Estrada Cajigal, se les acusó incluso de proteger a narcotraficantes.

El auge de los capos

En 1996 comenzaron los secuestros, asaltos, homicidios y linchamientos en el estado. Los cuerpos de seguridad y el propio Carrillo Olea comenzaron a ser cuestionados, sobre todo porque éste había prometido brindar seguridad a los morelenses durante su campaña electoral.

Apenas tenía dos años como gobernador y los secuestros sumaban 150, en tanto los robos, violaciones y homicidios se habían duplicado. En esos ilícitos participaban algunos agentes judiciales y expolicías estatales. El clímax llegó cuando los pobladores de cuatro municipios: Axochiapan, Chalcatzingo, Hueyapan y Tepoztlán intentaron linchar a cuatro personas.

Funcionarios de la época definían a Carrillo Olea como “un gobernador ausente, aislado, ayuno de sensibilidad política, renuente al diálogo y a la concertación, desarraigado, ajeno a la realidad de su estado, autoritario y displicente”.

         Carrillo Olea se comprometió a atender los reclamos sociales. Incrementó los fondos asignados a seguridad pública y militarizó a los mandos policiacos, al nombrar como jefe de la Policía Judicial a Jesús Miyazawa.

         Sin embargo la violencia continuó. En marzo de 1996 organizaciones del sector privado de Cuautla pidieron la intervención del entonces presidente Ernesto Zedillo debido a la inseguridad resultado, decían, “de la ineficacia” del gobierno de Carrillo Olea (Proceso 1014).

Un año después, The New York Times publicó un reportaje en el que se señalaba al mandatario de proteger a narcotraficantes. Por aquellas fechas el perredista Graco Ramírez declaró que el capo Amado Carrillo “se había movido sin problemas durante el último año (en Morelos)” (Proceso 1062). 

Para 1998, la unidad especializada en crimen organizado de la PGR abrió la averiguación previa PGR/UEDO/061/98 radicada en el Juzgado Quinto de la Ciudad de México, para investigar los delitos de secuestro, tráfico de estupefacientes, robo de vehículos y homicidio calificado presuntamente cometidos en Morelos durante la gestión de Carrillo Olea. Incluso se pedía la renuncia del gobernador (Proceso 1111).

La PGR llamó a declarar a su jefe de la Policía Judicial, Jesús Miyazawa, quien renunció al cargo el 4 de febrero de 1998. Las indagatorias también implicaron al procurador Carlos Peredo Merlo, quien fue defendido por el gobernador. Asimismo, el 12 de febrero siguiente fueron arraigados varios funcionarios de gobierno de Morelos y el comandante antisecuestros de Jiutepec, Rafael Reybal.

Las andanzas de “El Azul”

En marzo de 1998, testimonios policiacos ubicaron a Juan José Esparragoza, El Azul, en Cuernavaca. El capo llegó a ser líder del Cártel Juárez. Otro personaje que se hizo notar en la entidad fue el propio Amado Carrillo, quien solía organizar fiestas en la Hacienda La Luz, en Tetecala. En 1997 la PGR aseguró el inmueble, luego de que el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue detenido y acusado de proteger al líder del cártel de Juárez y a su hermano Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero.

Un caso más escandaloso fue el de Sergio Estrada Cajigal, quien, según la PGR, mantenía relaciones sentimentales con Nadia Esparragoza, hija de El Azul. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) abrió incluso una investigación en contra del mandatario panista.

Por su parte, en 2003 el perredista Graco Ramírez acusó a Estrada Cajigal y varios de sus colaboradores de haber contratado matones a sueldo para deshacerse de sus enemigos (Proceso 1368).

Ese mismo año, el territorio morelense estaba ocupado por capos y sicarios del cártel de Sinaloa, como los hermanos Beltrán Leyva y Alberto Pineda Villa, El Borrado, quienes compraron varias propiedades en Morelos luego de su ruptura con Joaquín El Chapo Guzmán.

En su edición 1699, del 24 de mayo, Proceso informó: “El nuevo escándalo de narcopolítica en Morelos estalló luego de que la PGR arraigó por 40 días a Luis Angel Cabeza de Vaca, quien fungía como secretario de Seguridad Pública, por sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva.”

El capítulo más reciente, el del miércoles 16, fue el de la muerte de Arturo Beltrán Leyva y varios de sus pistoleros luego de un enfrentamiento con elementos de la Armada en un complejo residencial en Cuernavaca. El gobernador Marco Antonio Adame sabía que el Jefe de jefes vivía cerca de su casa, en las inmediaciones de la zona militar, a unos pasos del palacio de gobierno.

Este reportaje se publicó en la edición 1729 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 20 de diciembre.