El apostolado antiabortista

domingo, 27 de diciembre de 2009
El embate de la Iglesia católica con miras a la penalización del aborto en todo el país no cuenta sólo con el apoyo del Partido Acción Nacional. El PRI, en su corrimiento ideológico hacia la derecha, está fungiendo como el proveedor de ese respaldo legislativo, en lo que constituye una suerte de apostolado antiabortista...   Con la reciente y sorpresiva penalización del aborto en 18 estados del país, la Iglesia católica mexicana –apoyada principalmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– le está ganando la batalla jurídica a los grupos feministas y a un sector de la izquierda, que hasta el momento sólo han conseguido despenalizar el aborto en el Distrito Federal. No conforme con sus logros en los estados, ahora la Iglesia pretende convencer a los legisladores federales para que realicen una reforma constitucional en la que se estipule el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”, de manera que la prohibición al aborto quede asentada en la norma suprema del país. Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos y uno de los principales orquestadores de esta embestida eclesiástica, asegura triunfal: “Estas reformas demuestran que el respeto a la vida del no nacido forma parte de los valores y de la identidad cultural del pueblo mexicano. ¡Está en la médula de nuestra mexicanidad! En cambio, los promotores del aborto son sólo una pequeña minoría de intelectualillos de izquierda que, ajenos a la idiosincrasia nacional, quieren imponer a la fuerza su postura.” Sin embargo, Daptnhe Cuevas Ortiz, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, organización feminista que encabeza la batalla jurídica a favor de la despenalización del aborto, asegura indignada: “Gracias al apoyo del PRI, la Iglesia consiguió esos cambios legislativos en los estados. El respaldo del PAN era previsible, pues en su plataforma política asume posturas sobre la vida afines a la Iglesia. De ahí que utilice sus recursos políticos y económicos para tal fin. Hay congruencia, pues, entre los panistas. “Pero jamás pensamos que, en los congresos estatales, los legisladores priistas se transformarían en enemigos de los derechos de las mujeres. ¡Caray! Hasta son los priistas quienes están presentando estas iniciativas. ¡No lo esperábamos! ¡Es una sorpresa! ¡Un duro revés!” –Ya se habla de una reciente alianza política entre el PRI y la Iglesia... –Sí, se habla mucho de negociaciones y supuestos pactos. No tenemos pruebas… Pero obviamente que este apoyo del PRI responde a un cálculo político electoral. Lo cierto es que el miércoles 16 el principal aspirante priista a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, sostuvo un breve y muy publicitado encuentro con el Papa Benedicto XVI, en el Vaticano. Quien estuvo en Roma con Peña Nieto para ensalzar su imagen y presentarlo personalmente con el pontífice fue –nada más y nada menos– que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Carlos Aguiar Retes, además de otros obispos mexicanos. En el Vaticano, Peña Nieto se comprometió a revisar en su estado la legislación sobre el aborto, y además anunció su boda con la actriz Angélica Rivera, quién también lo acompañó en su encuentro con Benedicto XVI. Mientras el aspirante presidencial consigue la bendición papal gracias al apoyo del episcopado, en México se vive una escalada de criminalización contra las mujeres que interrumpen sus embarazos. Varias caen en prisión o enfrentan procesos penales, pues con las nuevas leyes ya son consideradas asesinas porque el aborto es tipificado como “homicidio doloso”. El abogado Armando Martínez asegura que más gobiernos estatales se sumarán a la penalización: “La idiosincrasia de los mexicanos quedó reflejada en esos 18 estados. Próximamente serán más. No hay duda. El Colegio de Abogados Católicos, así como muchas organizaciones de laicos comprometidos con su fe, han logrado despertar esta conciencia, a través del diálogo con la sociedad.” –Se dice, sin embargo, que todo se lo deben a un acuerdo con Beatriz Paredes, la líder nacional del PRI. –No, esos son infundios. Todo ha surgido de un ejercicio democrático en los estados. Nada de acuerdos cupulares. Yo personalmente jamás he platicado con Beatriz, a la que he buscado para abordar otros asuntos. Es más: en algunos congresos estatales, como el de Morelos, hasta legisladores del PRD han salido en defensa de la vida. “Y Chiapas, entidad gobernada por el PRD, acaba de votar a favor de la vida. El mismo Andrés Manuel López Obrador prefiere esquivar el tema porque conoce el verdadero sentir del pueblo: nada de abortos, eutanasia o matrimonios entre personas del mismo sexo. Debemos saber distinguir entre los distintos tipos de izquierda.” –¿Qué paso siguiente darán ustedes? –Nuestro objetivo final es reformar el artículo 4 constitucional, para que ahí se estipule clara y textualmente que en México se “protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. Quizá se requieran modificaciones a otros artículos. Eso lo acordaremos más delante. “De manera que ya dimos el primer paso para lograr nuestro objetivo, que es conseguir el respaldo de la mayoría de los estados para realizar una reforma constitucional. ¡Tenemos 18 estados! Falta dar el segundo y último paso: conseguir el respaldo de las dos terceras partes del Congreso de la Unión.” –¿Les será fácil conseguir este respaldo de los senadores y diputados federales? –¡Hombre! Por proporcionalidad y representación creo que sí. Si tú eres senador o diputado, no puedes ir contra las leyes del estado que representas. Calculamos que en esta legislatura se den estas reformas constitucionales. Así, el presidente del Colegio de Abogados Católicos asegura que el Distrito Federal, por ser la única entidad donde se despenalizó completamente el aborto, quedará condenada al “aislamiento y lejos de lo que es la verdadera identidad nacional”. Efectivamente, en abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la ley que permite a las mujeres interrumpir sus embarazos hasta las 12 semanas de gestación. En agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló esta legislación al considerarla constitucional. Se creía entonces que, con el fallo favorable de la Corte, el aborto se iría legalizando en el resto de las entidades federativas. En contraparte, los grupos de laicos católicos, apoyados por el episcopado, se aglutinaron en un gran movimiento nacional de protesta denominado “Cruzada por la vida”, entre cuyos objetivos está justamente impedir que los restantes congresos locales legalicen el aborto (Proceso 1664). Por lo pronto, han logrado su prohibición en los primeros 18 estados que ya modificaron sus leyes después del veredicto de la Corte: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Daptnhe Cuevas Ortiz recalca que la sorpresiva alianza entre el PRI y la Iglesia determinó los cambios legislativos: “Lo sorprendente es el respaldo que los legisladores priistas le están dando a la Iglesia. Once  de estas 18 entidades son gobernadas por el PRI, partido que incluso está presentando las iniciativas para prohibir la interrupción del embarazo, siendo que, históricamente, ese partido sostenía posturas progresistas en la materia. “Además, los procesos parlamentarios en los estados se están dando de manera muy atropellada. Por ejemplo, las iniciativas se están votando en pleno un día después de ser presentadas, en un auténtico fast track. “Por su lado, los obispos locales sostienen cabildeos con los políticos del lugar, llegan incluso a cerrar las parroquias para canalizar a su feligresía a las marchas a favor de la vida. Esto ocurre actualmente en Baja California Sur, donde el tema se debate en el Congreso y hay un fuerte activismo de la Iglesia, que responde a una estrategia del Papa en contra del aborto.” En febrero de 2007, Benedicto XVI reunió en el Vaticano a sus nuncios apostólicos en América Latina para recomendarles que impidieran los “procesos legislativos” tendientes a legalizar el aborto en la región (Proceso 1587). Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, denunció el pasado 27 de noviembre que el PRI se plegó a los dictados eclesiásticos para avanzar en las reformas legales que penalizan el aborto. “Es una contrarreforma que está promoviendo la Iglesia católica y sus aliados, dentro de los cuales está el PRI, porque sin el PRI no se habrían podido aprobar esas modificaciones”, aseguró. –¿La dirigencia nacional del PRI instruyó a sus legisladores para apoyar estos cambios? –se le pregunta a Cuevas Ortiz. –No lo sabemos. Lo único cierto es que Beatriz Paredes debió generar un debate interno en el partido para definir su política ante este tema tan importante. Pero no hizo nada. ¿Fue por descuido? ¿O porque así le convenía, al llegar a un acuerdo con la Iglesia?... Lo ignoramos. “En muchos momentos, Paredes se ha asumido como feminista. Es extraño que, ahora como líder del PRI, ni siquiera incentivó una posición partidaria. Ella sabe que hay argumentos basados en creencias religiosas, o bien, en evidencias, y que en un Estado laico las creencias no deben marcar sus políticas públicas.” En un texto aclaratorio publicado en el diario El Universal el pasado 30 de noviembre, Paredes se autodefinió como una “feminista” convencida de que “las mujeres son las únicas con derecho a decidir sobre su cuerpo”. Sin embargo, dijo que, como dirigente del PRI, tuvo que respetar “la libertad democrática de los legisladores locales”. Ante tal posición del PRI, Daptnhe Cuevas vislumbra una postura semejante en los estados que restan por definir sus leyes en la materia. “La misoginia y el machismo están aplastando los derechos de las mujeres”, se lamenta. Supone que ni siquiera en los estados gobernados por el PRD –como Zacatecas, Michoacán o Guerrero– se logrará despenalizar el aborto. “Los perredistas no tienen mayoría en esos congresos locales. Aparte, ahí el PRD debe definir qué derechos defiende, ya que algunos de sus legisladores también han rechazado la legalización del aborto”. Lamenta el caso de Chiapas, entidad gobernada por el perredista Juan Sabines y donde apenas el pasado 18 de diciembre se prohibió esa práctica. “Los legisladores chiapanecos habían acordado posponer el debate para el año próximo. Pero, de buenas a primeras, prohibieron el aborto. Algo pasó. Hubo una negociación oculta que propició este madruguete en Chiapas. Estaremos al pendiente de lo que ocurra en las otras entidades gobernadas por el PRD”. Eso sí, asegura que la arrolladora embestida católica será frenada al llegar al Congreso de la Unión, donde intentará el anunciado cambio constitucional a favor de la vida del nonato. Explica Cuevas: “No hubo fuerzas locales para oponerse a la Iglesia. Pero las cosas serán muy distintas en el Congreso federal. Ahí es permanente la presencia de nuestras organizaciones feministas, hay mayor apego a los procesos parlamentarios y una pluralidad que no permite las fáciles complicidades entre los partidos. Será muy complicado cambiar la Constitución. “Aparte, hay un marco internacional que marca por dónde se debe legislar. Está, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, firmada por México y que estipula el acceso a la interrupción legal del embarazo en condiciones que no pongan en riesgo la vida de la mujer.” Mientras tanto, señala Orfe Castillo, coordinadora de enlace de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, se incrementa la “criminalización” contra la mujer a raíz de los últimos cambios jurídicos en los estados: Explica: “Estos cambios están generando un clima de persecución y criminalización. Aumenta el número de mujeres en las cárceles, o de quienes llevan procesos penales por interrumpir sus embarazos, puesto que algunos códigos penales estipulan que el aborto es un ‘homicido en grado de parentesco’. Y en algunos casos, como en Quintana Roo, es considerado de plano como un ‘homicidio doloso’”. –¿A nivel nacional, cuántas mujeres están presas por haber abortado? –Es difícil conocer la cifra. Pero son muchísimas. Tan sólo en el estado de Guanajuato, la organización Human Rights detectó que hay 147 mujeres en la cárcel o en proceso de ser arrestadas. En esa entidad, los médicos de un hospital llegaron al extremo de denunciar a una joven que les pidió ayuda porque traía un aborto espontáneo en evolución… la mandaron a la cárcel. Señalan las entrevistadas que varían las penas contra quienes abortan. Pueden ser sólo de seis meses de reclusión, siete años, o 30 años, dependiendo de cada código penal. Abunda Orfe Castillo: “Además del arresto, también se contemplan multas y tratamientos psiquiátricos para las mujeres que se atreven a abortar.” –¿Se está prohibiendo también el uso de métodos anticonceptivos? –¡Por supuesto! Cito un caso: el gobierno de Jalisco –argumentando que como ahí se protege la vida del no nacido– prohibió la anticoncepción de emergencia. De modo que esta atención se les prohíbe hasta a las mujeres violadas. Y en otras partes, muchos médicos se están negando a poner el dispositivo intrauterino, pues también son consideradas asesinas las mujeres que lo usan…¡Es la locura!... ¡La locura total!

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