En el DF, una derrota más para la Iglesia

lunes, 28 de diciembre de 2009

MÉXICO, D.F., 26 de diciembre (proceso).- Con la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, el pasado lunes 21,  esta entidad federativa es la única que paulatinamente se aleja de los lineamientos en materia de moral sexual marcados por la Iglesia católica, justo cuando se acaba de penalizar el aborto en 18 estados del país, acatando los exhortos para respetar lo que los jerarcas consideran “la vida desde el momento de la concepción”.

         Ahora, las reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal permitirán a las parejas de homosexuales adoptar hijos, heredar bienes y eventualmente acceder a beneficios de seguridad social, entre otros derechos que hasta hoy sólo tenían los matrimonios heterosexuales.

         Este es el tercer cambio legislativo realizado en el Distrito Federal, relativo a los derechos de las mujeres y de la comunidad lésbico-gay: a fines de 2006 se aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, con la que se inició el reconocimiento jurídico a las uniones entre homosexuales; después, en abril de 2007, se permitió abortar a las mujeres que tengan hasta 12 semanas de embarazo; y ahora es el matrimonio gay el que se legaliza.  

         Estas tres reformas han producido reacciones airadas de la jerarquía católica, principalmente del cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la Ciudad de México, quien sin embargo no ha podido revertir los cambios legislativos en su circunscripción eclesiástica.

El lunes 21, con 39 votos a favor –del PRD y PT–, 20 en contra –del PAN, PRI y PVEM– y cinco abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en lo general la mencionada reforma a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles capitalinos.      

         El dictamen presentado llevaba un candado en el artículo 391, donde  se establecía que no procedía “la adopción cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo sexo”, restricción que se rompió a propuesta de la diputada perredista Maricela Contreras Julián, y que en una segunda auscultación fue respaldada por 31 legisladores y rechazada por 24. Nueve se abstuvieron.

         Así se aprobaron modificaciones a cinco artículos del Código Civil y a dos del de Procedimientos Civiles. Básicamente se elimina la tipificación del matrimonio como una unión voluntaria entre hombre y mujer, para definirlo como el enlace entre “dos personas”,  además de que se reconocen los mismos derechos para “las concubinas y los concubinos” que para los “cónyuges” en la formación de un patrimonio familiar.

         La del lunes 21 fue una sesión intensa. Por lo menos en seis ocasiones la presidenta de la mesa directiva, Lizbeth Rosas Montero, tuvo que llamar a la compostura tanto a legisladores del PAN y del PRD –algunos de éstos con las bufandas de arcoiris emblemáticas del movimiento gay– como a los invitados  que desde las gradas del recinto parlamentario abucheaban o celebraban los posicionamientos partidistas.

         Citas homofóbicas de Carlos Marx, Federico Engels y Ernesto Che Guevara, así como del escritor cubano Reynaldo Arenas –víctima de la represión sexual en su país– fueron esgrimidas por legisladores del PAN para denostar las reformas, en tanto que los perredistas recurrieron al Papa Juan Pablo II, Mario Benedetti, Benito Juárez y al presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Muñoz Soria, también perredista, sacó a colación el nombre del fallecido dirigente panista Carlos Castillo Peraza para referirse a las preferencias sexuales de algunos panistas.

         Los argumentos de los diputados del PAN, PRI y PVEM se centraron en reducir las reformas a “una intención de imponer una ideología” ajena los mexicanos con fines electoreros; como un ataque a la “institución del matrimonio” y contra la “célula básica de toda la sociedad, que es la familia”.

Dijeron también que el matrimonio tiene como fin la “supervivencia de la especie humana”, premisa descartada en las uniones del mismo sexo; que las modificaciones eran incompatibles con las leyes del ISSSTE y del IMSS; que para los homosexuales está la Ley de Sociedades de Convivencia; que la condición de homosexual no forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que las modificaciones sólo benefician a una minoría; que permitir la adopción a parejas del mismo sexo atenta contra los derechos de los niños porque “¿qué clase de hijos podrían educar los matrimonios entre homosexuales?”...

         Por su parte los perredistas y petistas sostuvieron que las reformas no afectan a terceros; que van en contra de la discriminación, condenada en diversos tratados internacionales signados por México; que defienden el Estado laico; que colocarían a la capital entre “las mejores ciudades y los mejores países del mundo”; que en los hechos “hay una multiplicidad” de figuras familiares; que la “homosexualidad es condición humana” que debe reconocerse; que negar la adopción a parejas del mismo sexo es “negar el derecho de tener una familia” a miles de niños huérfanos.

 

El cabildeo 

 

El proyecto original de estas modificaciones legales formó parte de la agenda que impulsaba el Partido Socialdemócrata en las elecciones de julio pasado, en las que Lol Kin Castañeda, dirigente de la agrupación Acciona, fue candidata a diputada por el distrito 14 local.

         “El acuerdo en el partido era que quien quedara en la Asamblea Legislativa continuaría impulsando esta agenda, una condición que se puso para que el diputado David Razú Aznar se integrara a la bancada del PRD, que como partido de izquierda tenía la posibilidad de obtener la mayoría para que se aprobara”, dice la activista.

         Entre agosto y septiembre, añade, “empezamos a cabildear con los diputados, proveyéndolos de información para afinar las líneas discursivas. Al final logramos el apoyo de 350 grupos de derechos humanos, lésbico-gay, mexicanos e internacionales, además de que contamos con el acompañamiento de la consejera jurídica (del gobierno capitalino) Leticia Bonifaz, así como de tribunales, académicos de la UNAM y del Colmex, en específico de Miguel Carbonell, para garantizar certeza jurídica” a la iniciativa.

         David Razú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, narra que “a excepción del tiempo en que trabajé en la sucesión de Emilio Álvarez Icaza en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), me dediqué de llenó a buscar los consensos necesarios para presentar la iniciativa y a sumar a las diferente organizaciones a este proyecto, y fue hasta que tuvimos los suficientes amarres que presentamos la propuesta”.

         La iniciativa original se presentó el 24 de noviembre y fue respaldada por 44 diputados, cinco de ellos del PRI. No llevaba el referido candado, pero en sesiones de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Equidad de Género y Derechos Humanos, se puso “para sostener las negociaciones con el PRI, que lo habían sugerido para apoyar las reformas, además hay que reconocer que en materia de adopción no había consenso dentro de la fracción del PRD”, confía Maricela Contreras.

         Sin embargo, aclara, en comisiones tanto ella como Razú y Beatriz Rojas advirtieron que iban a reservar el debate sobre la restricción a los matrimonios homosexuales para adoptar, a fin de desahogarlo en el pleno de la ALDF.

         El fin de semana previo a la sesión plenaria, prosigue Contreras, sólo tenía amarrados 18 votos para echar abajo el candado. Reconoce que en la labor de convencimiento participaron la consejera Leticia Bonifaz y el coordinador de los diputados federales perredistas Alejandro Encinas. “Del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard –apunta– no sé si hubo un cabildeo en particular, lo que sí sé es que siempre estuvo a favor de las reformas como parte de la agenda de la ciudad”.

Las reformas revelaron la división de las organizaciones de homosexuales y lesbianas. Lol Kin Castañeda admite que el cabildeo tuvo bloqueos no sólo de la derecha y del PAN, sino también de “falsos liderazgos charros”, como el de la diputada federal del PRD Enoé Uranga, “quien movió los hilos para tirar el voto de los diputados del PRI, que se retractaron en un juego de medir costos electorales”.

David Razú señala que, una vez que asumió su cargo, buscó a Uranga para que apoyara la propuesta de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero “ella me dijo que no era el momento, que no estaban dadas las condiciones en la ciudad y que en todo caso habría que mejorar la Ley de Sociedades de Convivencia: los mismos argumentos que esgrimió el PAN”.

         En la sesión del lunes 21, sentada atrás de las bancadas del PRI y del PAN, Uranga Muñoz fue objeto de recriminaciones. “Traidora” y “no nos representas”, le gritaron miembros del movimiento lésbico-gay que asistieron como invitados.

         De hecho, algunos de los argumentos contrarios a las reformas que expuso Uranga –quien en la Cámara de Diputados es cercana a Guadalupe Acosta Naranjo, líder de la corriente Nueva Izquierda– fueron utilizados por los diputados panistas Carlo Pizano y Rafael Medina para tratar de que no se aprobaran.

         Pero la mayoría del PRD, sus aliados del PT y un diputado del Panal se impuso a panistas, priistas y verde ecologistas que votaron en contra y quienes anunciaron que solicitarán a Ebrard que vete las reformas o de lo contrario impulsarán una controversia constitucional. Para esto se requieren 22 firmas de legisladores locales, y hasta el martes 22 contaban con 19, según informó la coordinadora de la bancada del PAN, Mariana Gómez del Campo. Sin embargo, la consejera jurídica Leticia Bonifaz descartó que el jefe de Gobierno vete las reformas.

 

Reacción política

 

Sobre una posible reacción de otras entidades del país para no legalizar las bodas entre homosexuales y prohibir que adopten niños, el diputado David Razú dice: “¿Qué más pueden hacer, si los códigos civiles sólo reconocen los matrimonios entre hombres y mujeres? Y en cuanto a la adopción, en estos momentos cualquier persona soltera puede hacerlo sin que se le condicione su preferencia sexual”.

         Para Lol Kin Castañeda, ahora las organizaciones lésbico-gay tendrán que “defender las reformas en caso de una (controversia) constitucional y promover a nivel federal los cambios necesarios en las leyes del IMSS e ISSSTE para garantizar la seguridad social” para los integrantes de esta comunidad.

         El mismo lunes 21, el cardenal Norberto Rivera señaló que la reforma aprobada en la ALDF es una “aberración” que llevará “a la sociedad a la ruina”, ya que el matrimonio debe ser solamente entre un hombre y una mujer.

         En un amplio comunicado que tituló Ley inmoral, inadmisible y condenable, Rivera agregó que la reforma “ha abierto las puertas a una perversa posibilidad para que estas parejas puedan adoptar a niños inocentes, a quienes no se les respetará el derecho a tener una familia constituida por una madre y un padre, con los consecuentes daños psicológicos y morales que provocará tal injusticia y arbitrariedad”.

         Para la Iglesia, dijo, “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”, mientras que el matrimonio es una “institución esencialmente heterosexual”.

         Añadió: “La Iglesia considera una aberración equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio, pues éstas son incapaces de alcanzar los fines que dieron origen a esta imprescindible institución que, para los cristianos, no obedece sólo a una forma de organización social, sino que es un orden instituido por Dios desde la creación del mundo”.

          Finalmente exhortó a los católicos a oponerse a la legislación, que  forma parte de “los embates del Maligno, que no van dirigidos sólo contra la Iglesia, sino contra los principios y valores de la familia, tan querida y apreciada en nuestra patria”.

         El vocero del cardenal, el sacerdote Hugo Valdemar, fue más allá, y en nombre del Papa Benedicto XVI hizo un llamado a los fieles para que no voten por el PRD en las elecciones de 2012:

         “Sólo quiero añadir lo que el Papa ya ha dicho en repetidas ocasiones: en conciencia, un católico no puede votar a favor de candidatos o partidos que promuevan la destrucción de los valores fundamentales y que atenten contra nuestra fe. En las próximas elecciones, los católicos deben preguntarse si pueden estar bien en su relación con Dios y con la Iglesia apoyando con su voto a los partidos que han legislado a favor del asesinato de seres humanos en el propio vientre de sus madres y de que a niños inocentes se les niegue el derecho de tener un padre y una madre… Ante la sociedad no quedan dudas: el PRD es un peligro para la familia”, aseguró Valdemar, en una entrevista publicada en la página de internet del arzobispado.  

         Al éste lo secundó el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda: “Eso (la reforma) es una estupidez. Esas uniones no son un matrimonio por una sencilla razón: no pueden formar un hogar porque no pueden tener hijos”.

         En el terreno jurídico, el arzobispado de México, a través del Colegio de Abogados Católicos, le envió una “solicitud” formal a Marcelo Ebrard para  que “emita su derecho al veto y consulte a la ciudadanía” en un referéndum, para así bloquear la reforma.

         En esa petición se asegura que la votación en la ALDF fue una “pantomima”, pues los diputados perredistas y petistas ejercieron “su aplanadora legislativa sin la menor consideración a la ciudadanía, que ha solicitado un referéndum para que se conociera la voz directa de los habitantes de la Ciudad de México”.

         La Iglesia y el PRD se enfrentaron de modo similar en noviembre de 2006, cuando la ALDF aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia con 43 votos a favor, 17 en contra y cinco abstenciones.  

         El entonces perredista Víctor Hugo Círigo, uno de los impulsores de esa ley, dijo que era un logro “de la diversidad sexual por construir una sociedad incluyente que respete la libertad de sus miembros a ser como son, sin estigmatizaciones, rechazos ni exclusiones”. Del otro lado, el arzobispado de México aseguraba que la ley era una “farsa” porque  obedecía a “grupos minoritarios y radicales” y “menosprecia el parecer de la mayoría de los católicos”.

         La historia se repitió en abril de 2007, con la despenalización del aborto en el Distrito Federal, impulsada sobre todo por los diputados perredistas de la ALDF y después avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

         El cardenal Rivera Carrera exhortaba en la catedral: “La Iglesia no puede callar ante los crímenes que se están legalizando… Una Iglesia muda no sirve ni a Dios ni a los hombres. Ante los grandes males de nuestro mundo, no nos podemos encoger de hombros”.

         Se sumaron a él, en una movilización nacional de protesta, organizaciones católicas como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el Comité Nacional Provida, Movimiento Familiar Cristiano, Testimonio y Esperanza, Caballeros de Colón, Derechos del Concebido, Manos a la Vida, la Orden de Malta…

         Hasta el momento, la Iglesia ha logrando frenar la despenalización del aborto en 18 estados. Sin embargo, no ha podido revertir los cambios legislativos en el Distrito Federal.

 

 

El siguiente texto está publicado en el número 1730 de Proceso, ya en circulación.

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