MÉXICO D.F., 29 de diciembre (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos confirmó hoy la suspensión indefinida de seis trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) que participaron en el levantamiento del cadáver del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva El jefe de jefes el pasado miércoles 16 en el lujoso departamento que ocupaba en la ciudad de Cuernavaca.

         Sin revelar sus nombres por razones de seguridad, la dependencia precisó que se trata de un perito fotógrafo, tres auxiliares de médico forense (preceptores), y dos policías ministeriales, quienes además quedaron sujetos a investigación.

         Al enterarse de si situación, los trabajadores se inconformaron y acusaron a los efectivos de la Armada de México de alterar la escena del crimen.

Sin embargo, la investigación que lleó a cabo la PGJ de Morelos, dichos servidores públicos incumplieron con los protocolos en el manejo de cuerpos y preservación de evidencias en el lugar de los hechos durante su intervención del pasado 16 de diciembre, luego de que efectivos de la Armada de México dieron muerte a Beltrán Leyva, durante un operativo efectuado en el complejo residencial donde se refugiaba.

Según se desprende de oficio de investigación VG/SV/302-12, los auxiliares del médico forense del Semefo pudieron incluso haber alterado la escena del crimen al acatar indicaciones de autoridades de otras instancias, por lo cual habrían incurrido en los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y abuso de autoridad.

         Y es que, ahora se sabe, que los marinos que intervinieron en el operativo les ordenaron manipular el cadáver de Beltrán Leyva, como moverlo de lugar, bajarle los pantalones, quitarle la camiseta que llevaba puesta y colocarle billetes de diferentes denominaciones sobre piernas y pecho.

“Las actividades de los proceptores es levantar, trasladar y destinar al final el cadáver, pero aquí se alteró la escena del crimen y realizan conductas denigrantes con el cuerpo (de Beltrán Leyva) con la colocación de billetes”, informó la autoridad.

Agregó que “aunque los servidores públicos hayan recibido órdenes de autoridades federales, no se justifica la actuación de personal forense (...) Estarán así hasta que se desahogue el procedimiento y se emitan las posibles sanciones”.

La PGJ indicó también que en el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) se comprobó que la dependencia local no tomó ni difundió las imágenes de cuerpo del Jefe de Jefes.

Explicó que la autoridad federal envió dos dictámenes, uno en fotografía y otro en la materia criminalística, este último sugirió volver a interrogar al personal involucrado en los hechos.

“La Visitaduría General cerró la investigación preliminar y abrió el procedimiento formal, contra seis personas, de las cuales cuatro hoy (ayer) fueron suspendidas y otras dos se mantienen bajo investigación”.

Beltrán Leyva murió abatido el 16 de diciembre a manos de elementos de la Secretaría de Marina en el conjunto de Altitude, ubicado en la colonia Lomas de la Selva.

Protestas los suspendidos

Luego de enterarse de que habían sido suspendidos, peritos y fotógrafos declararon a la prensa local que ellos solo recibieron órdenes de la autoridad federal, tal como consta en la declaración que rindieron y que se encuentran radicadas en el expediente administrativo VG/SV/302-12.

En dicho expediente, los peritos afirman que cuando llegaron al lugar del crimen el cuerpo de Beltrán Leyva "ya había sido arrastrado y no se encontraba en el lugar donde había caído".

Esto fue confirmado luego por el visitador general de la dependencia, Óscar Erwin de las Casas Flores, quien declaró que los peritos relataron en su informe que la orden para realizar el levantamiento del cadáver fue de una autoridad federal, aunque no pudieron identificarlos porque estaban cubiertos del rostro.

En declaraciones a la prensa local, los trabajadores suspendidos y sujetos a investigación declararon que "cuando llegaron a la escena del crimen, todo había sido manipulado por elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México; entonces por qué ahora se quieren limpiar con nosotros, culpándonos de algo que nunca hicimos".

Agregaron que poco después de la una de la mañana del jueves 16, el coordinador del Servicio Médico Forense y Periciales les ordenó trasladarse al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cadáver, "todo ello en medio de un marcado hermetismo por parte de los elementos de la Marina, pero no los que estaban uniformados, sino otros vestidos de civil".

"Al llegar a (conjunto habitacional) Altitud, nos piden que nos detengamos, nos ordenan esperar, esto en la entrada, posteriormente nos permiten ingresar a la parte baja, al jardín antes de iniciar el ingreso a los edificios, donde nos recibe un hombre y una mujer vestidos de civiles, que creemos son de la Marina, y son ellos los que nos dicen cómo hacer las cosas, yendo en primer lugar a ver dos cadáveres que habían quedado afuera, sin que se nos permita recabar las evidencias como lo establece la norma, nos dicen que así como están las cosas, hagamos nuestro trabajo.

"Al ingresar a los edificios y llegar al departamento 201 encontramos el cadáver número 3, que después sabríamos era el de Arturo Beltrán Leyva, pero para esto, cuando llegamos a este lugar, los de la Marina permiten el acceso de los reporteros y camarógrafos de los medios de comunicación y es ahí donde se altera la escena del crimen, mientras nosotros estamos en una habitación contigua, los de la Marina dejan que los fotógrafos y camarógrafos tomen imágenes de un cuerpo, que ya estaba cubierto de billetes de diferentes denominaciones y otros objetos".

Los trabajadores del Servicio Médico Forense manifestaron su inconformidad porque las autoridades federales tratan de responsabilizarlos de algo que ellos no cometieron.

"En lo que es obvio, sólo los elementos de la Marina tenían el control total de la escena del crimen; tan es así, que momentos después de que nosotros terminamos de hacer nuestro trabajo, como ellos nos dijeron y quisieron que lo hiciéramos, llegaron elementos de la Procuraduría General de la República y nos reclamaron, de porqué habíamos hecho los levantamientos, si era a ellos a quienes correspondían estas indagatorias, pero les explicamos que nosotros sólo recibimos órdenes; entonces, ahora porqué nos quieren culpar de algo que no hicimos".

Los trabajadores afirman que con los señalamientos en su contra no solo son ubicados como presuntos responsables sino que son colocados en un estado de total indefensión.

"¿De qué se trata?, de que las autoridades federales se limpien con nosotros a costa de lo que sea; eso es criminal y será su responsabilidad lo que nos pase", afirmaron.