Sinaloa: crímen de jerarquía

martes, 29 de diciembre de 2009

CULIACÁN, SIN, 29 de diciembre.- Antonio Ibarra Salgado vivió una parte de su infancia en casa de sus padres, por el bulevar Francisco I. Madero, cerca de donde están ahora las oficinas de El Debate, un céntrico sector de esta ciudad. Otra parte la vivió en el barrio donde residían sus abuelos, por la Agustín Verdugo, entre Ponce de León y Doctor Romero, en la colonia Gabriel Leyva. Ahí, a la vuelta, a sólo cuadra y media, fue ejecutado 55 años después.

El pasado martes 22 un comando armado asesinó a Ibarra Salgado cuando circulaba junto con su escolta y chofer, Encarnación García Valdez, por la avenida Álvaro Obregón, sobre el puente Hidalgo de la colonia Chapultepec, en un céntrico sector de Culiacán. Él era secretario de Turismo de Sinaloa.

En el ataque también murió García Valdez, quien era agente de la policía municipal de Culiacán. El funcionario salía del restaurante del hotel Riviera, luego de haber desayunado con su padre y hermanos.

De acuerdo con testigos, los agresores iban en una camioneta Cheyenne blanca y huyeron hacia el norte de la ciudad. Ibarra Salgado y su escolta viajaban en una Suburban, propiedad del gobierno del estado.

Uno de los homicidas, señalaron versiones extraoficiales, se bajó de su vehículo y disparó en contra de ambos, a corta distancia y con un arma de alto poder. En el lugar quedaron más de 50 casquillos de pistolas .9 mm y de fusiles de asalto AK-47. Ahí llegó el subprocurador general de Justicia del estado, Rolando Bonn, para iniciar las averiguaciones del caso.

Ibarra Salgado es el primer funcionario de alto nivel asesinado en Sinaloa en la época reciente. En 1944 cayó abatido a balazos el gobernador Rodolfo T. Loaiza.

 En abril de 2007, Ibarra fue designado secretario de Turismo del gobierno de Sinaloa, único cargo público que ocupó. Antes se desempeñó como empresario en diferentes ramos, entre éstos el de las casas de cambio.

Sin embargo, en noviembre último el funcionario negó haberse dedicado a esta actividad. Su declaración la hizo luego de la detención, bajo el cargo de lavado de dinero, de Julio Amavisca Valenzuela, al parecer socio de Luis Ibarra Salgado, hermano de Antonio.

También ocupó cargos directivos en instituciones bancarias como Banpaís y Comermex. Se dedicó a la construcción y era propietario de las empresas Ahome Sea Food, y de las gasolineras Faja de Oro Abastos. Además, tenía otras compañías que compartía con sus hijos y familiares, como Agrícola Ibarra, Igasa Edificaciones, Edificaciones El Real, Faja de Oro Santa Fe, y Servicios y Combustibles El Real.

El miércoles 16, su casa y las de otros funcionarios y empresarios prominentes de la entidad que viven en el fraccionamiento Los Álamos, propiedad de la familia Coppel –dueños de la cadena de tiendas de autoservicio del mismo nombre–, fueron cateadas por efectivos militares. Los mandos castrenses dieron a conocer, por medio de un boletín, que realizaron ese operativo para buscar “automóviles robados”.

Sin embargo, la acción aparentemente estaba relacionada con el narcotráfico. Hasta ahora nadie sabe si hubo o no documentos, dinero o droga decomisados. Los soldados que participaron en estas acciones salieron por la puerta trasera de Los Álamos.

Al secretario de Turismo se le relacionó con Laura Zúñiga Huízar y su coronación, a finales de 2008, como reina del concurso Nuestra Belleza, La joven fue detenida ese año junto con integrantes de una célula del cártel de Juárez. El funcionario se apresuró entonces a declarar a la prensa que la Procuraduría General de la República (PGR) debía investigar a Televisoras del Pacífico, empresa filial del consorcio Televisa, organizadora del certamen.

Si bien el funcionario negó que el gobierno estatal haya patrocinado el certamen, fuentes extraoficiales confirmaron que la Secretaría de Turismo había invertido cerca de 500 mil pesos en el concurso, que en total costó casi 1 millón de pesos.

 

Preguntas sin respuesta

En una declaración leída ante la prensa, el gobernador del estado, Jesús Aguilar Padilla, lamentó el homicidio de Antonio Ibarra Salgado y su escolta y giró instrucciones a la Procuraduría estatal para que esclarezca el crimen y detenga a los responsables.

“Ante este reprobable suceso, el gobierno que presido expresa su indignación y su pesar solidario a los familiares y amigos del licenciado Ibarra y del señor García Valdez. Este hecho forma parte de la espiral de inseguridad que viven Sinaloa y México”, sostuvo.

Flanqueado por Rafael Oceguera, secretario general de Gobierno, y por Josefina García, secretaria de Seguridad, Aguilar Padilla apenas despegó los ojos del documento que leyó, casi agachado, en sólo dos minutos.

A los reporteros se les había advertido que no habría preguntas. A pesar de ello, abordaron al mandatario y algunos lo persiguieron, pero no obtuvieron nada.

La misma tónica se utilizó en el encuentro que el subprocurador de Justicia, Rolando Bonn, sostuvo con la prensa cuatro horas después: el funcionario leyó un documento de dos hojas, tachonado y con datos que todos tenían. Terminó. Entonces se levantó y avanzó hacia su oficina. Los reporteros, con sus micrófonos, cámaras, libretas y grabadoras, siguieron haciéndole preguntas que quedaron sin respuestas.

En la vida de Antonio Ibarra Salgado hubo apuros económicos y penas: la muerte de su esposa e hijas en un accidente automovilístico y el asesinato de su hermano en febrero de 1994. Sin embargo, de la tragedia y la incertidumbre pasó al confort y la opulencia.

Los hermanos Raúl y Guillermo Bátiz, poderosos agricultores sinaloenses y en ese tiempo consejeros del Banco del Atlántico, lo invitaron a desempeñarse como funcionario de esa institución bancaria. Era el sexenio de Renato Vega Alvarado.

Primero fue director adjunto y pronto desplazó de la dirección a Luis Alfonso Paredes. En ese banco tuvo contactos con narcotraficantes y ayudó al menos a uno de ellos, Víctor Portillo, quien fue operador financiero del cártel de Sinaloa.

Versiones extraoficiales señalan que, mediante malabares financieros, por las manos de estos personajes pasaron verdaderas fortunas como parte del proceso de lavado de dinero procedente del crimen organizado.

 

Nexos turbios

De acuerdo con información de círculos cercanos a Portillo y de quienes fungieron como coordinadores de la campaña de Juan Millán Lizárraga por la gubernatura de Sinaloa, a finales de los años noventa Ibarra Salgado hizo llegar recursos del narcotráfico en apoyo de las labores proselitistas del entonces candidato del PRI.

Las mismas fuentes sostienen que otros integrantes del comité de campaña se dieron cuenta de la oscura operación, por lo que el dinero le fue devuelto a Ibarra Salgado; pero también aseguran que esos recursos nunca retornaron a quien los aportó.

Poco tiempo después, Portillo fue interceptado por desconocidos, a pocos metros del hotel Riviera, frente al edificio donde funcionó una clínica privada de nombre Tres Ríos. Iba escoltado por dos agentes de la Policía Estatal Preventiva. Los tres aparecieron muertos a tiros, uno sobre otro, en la zona rural de Culiacán.

Eran los últimos años del gobierno de Renato Vega Alvarado.

Ibarra Salgado ingresó a los negocios del camarón y construyó granjas acuícolas. Fuentes extraoficiales indican que era compadre de Jesús Aguilar Padilla, gobernador del estado, quien, luego de algunas presiones, lo nombró secretario de Turismo en abril de 2007. Las mismas fuentes indican que Ibarra Salgado hizo negocios en la Isla Musala y en el Centro Integralmente Planeado, el CIP, de Teacapán, municipio de Escuinapa, considerado uno de los proyectos turísticos y recreativos más importantes del país.

La información indica que en un operativo realizado en noviembre pasado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en Tijuana y Culiacán, se mencionó el nombre del secretario de Turismo de Sinaloa. Se trata del expediente UEIORPIFAM/115/2009 sobre lavado de dinero. Entre los detenidos, que suman 11, está Julio Amavisca Valenzuela. Presuntamente este sujeto fue socio de Luis Ibarra Salgado, hermano de Antonio, y ambos operaban casas de cambio en la capital sinaloense.

Cuestionado sobre este caso, el entonces titular de la Secretaría de Turismo negó tener casas de cambio y estar involucrado en el lavado de dinero. (Información: semanario Ríodoce)

 

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