JALAPA, Ver., 3 de diciembre (apro).- De último minuto, el Congreso local aprobó una iniciativa de los priistas que se suprime la pena de cárcel a las mujeres que se practiquen un legrado, aunque se mantiene las sanciones contra médicos y parteras, según la ley antiaborto avalada el pasado 17 de noviembre.
Previamente, los diputados rechazaron una propuesta en el mismo sentido que envió el gobernador Fidel Herrera.
Justo cuando ya había terminado la sesión ordinaria de hoy y el presidente de la mesa directiva, Leopoldo Torres García, daba por concluidos los trabajos, la priista Ángela Perea Gutiérrez presentó una iniciativa de reforma al artículo 150 de la ley penal del estado.
    Después de una larga discusión, que culminó poco después de las 17:00 horas, la propuesta fue aprobada por “obvia y urgente resolución” con 34 votos a favor de los grupos legislativos de PRI, PAN y PRD, y uno en contra del convergente Sergio Vaca Betancourt.
    Así, el controvertido artículo 150 del Código Penal propuesto de último minuto, el mismo que horas antes había sido rechazado por todos los grupos legislativos, quedó de la siguiente manera:
    “A la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto se le sancionara con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud. A la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta 75 días de salario”,
    Al argumentar su propuesta, la priista Perea Gutiérrez aclaró que al quedar interrumpido el proceso legislativo de reforma al artículo señalado, pues en un primer momento el pleno desechó las observaciones del Ejecutivo estatal, fue necesario iniciar un nuevo decreto de reforma.
    Y es que en menos de una hora, a exigencia de la oposición, el presidente de la mesa directiva debió convocar a una nueva sesión para dar entrada a la iniciativa de reforma, la cual fue aprobada dispensando el turno a comisiones para su análisis y dictamen.
    En la nueva propuesta aprobada, se enfatizó la intención inicial del Congreso local de eliminar las disposiciones relativas a imponer sanciones a la mujer que decida interrumpir un embarazo, aunque quedó vigente la penalización para los médicos o parteras.
    La diputada del PRI dijo que se busca “una intervención del Estado orientada a la atención de las mujeres que incurran en acciones de tal naturaleza, sin que se les imponga más sanción que la de recibir un tratamiento médico y educativo en libertad, lo que evitará la recurrencia de ese tipo de ilícitos”.
    Luego de fijar sus posicionamientos, con excepción de Sergio Vaca Betancourt quien cuestionó el procedimiento legislativo, los diputados aprobaron por unanimidad la reforma, acción considerada por el también convergente Alfredo Tress Jiménez como un “pequeño triunfo” ante las presiones de la sociedad.
    Tress Jiménez subrayó que, ante las manifestaciones de protesta de la sociedad civil y ante la “aberración” de criminalizar a las mujeres que se practicaran un legrado, “se pueden dar pasitos para atrás cuando el pueblo se manifiesta”.
    Sin embargo, al igual que la perredista Margarita Guillaumín, el convergente sugirió al titular del Ejecutivo estatal dar marcha atrás en su iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución federal, enviada al Congreso de la Unión, donde plantea garantizar la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural.
    El gobernador Herrera Beltrán, advirtió, debe evitar exhibirse a escala nacional y dejar sin efecto la iniciativa de reforma constitucional federal, “pues por un lado en Veracruz se deja en libertad a la mujer que aborte y por otro lado se le sanciona en el ámbito federal”.
    Por su lado, la perredista Margarita Guillaumín consideró que a pesar de que ante la diversidad de opiniones se pueden construir acuerdos para tratar de dar respuesta a los ciudadanos, “este pequeño avance no resuelve el problema de fondo”.
    Este consiste, subrayó, en la reforma constitucional que ha planteado el titular del Ejecutivo estatal, y en ese sentido “vamos a seguir luchando hasta lograr que se dé marcha atrás y se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.
    No obstante, consideró que la nueva reforma al Código Penal estatal constituye un avance, ya que en los hechos las mujeres “no sufrirán pena privativa de la libertad cuando decidan interrumpir un embarazo”.
    Mientras, el coordinador de la fracción panista, Alejandro Vázquez Cuevas, luego de “celebrar este acuerdo”, planteó la necesidad de que en el Congreso local se discuta también una ley de paternidad responsable, “porque hay hombres que embarazan a una, dos, tres, cuatro o cinco mujeres”.
    En tanto, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Leopoldo Torres, puntualizó que en Veracruz el aborto sigue siendo penalizado, aun que “sin que haya sanciones privativas de la libertad para las mujeres, pues sólo se minimizan las sanciones”.

Gobernador descalifica a feministas

Previo a la nueva reforma al artículo 150 del Código Penal, el gobernador Fidel Herrera descalificó las protestas de feministas y organizaciones sociales contra la llamada “ley antiaborto”, ya que consideró están “fuera de lugar”.
    Dijo que las modificaciones que hizo al decreto aprobado por el Congreso local el 17 de noviembre, ya se encuentran “en manos de los diputados”.
    Frente a las protestas de un grupo de mujeres que ingresó al recinto legislativo para manifestar su rechazo a esas reformas, Herrera Beltrán dijo que el objetivo “es evitar la pena de cárcel para las mujeres que se practiquen un aborto”.