Ley Televisa, en segunda edición

lunes, 7 de diciembre de 2009

MEXICO, D.F., 7 de diciembre.- Dos años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás la Ley Televisa, las bancadas del PRI y del PRD en el Senado intentan “reeditarla” mediante una iniciativa de reforma parcial a la ley de medios electrónicos. El propósito es invalidar el decreto presidencial de septiembre de 2008 en el que se establecen los requisitos para la transición de las 760 concesiones de radiodifusoras de la banda de Amplitud Modulada a la de Frecuencia Modulada. Ante el avasallamiento de la alianza PRI-PRD, los senadores del PAN piden que el debate se posponga para febrero de 2010.

 

Los senadores del PRI y del PRD impulsan una iniciativa de reforma a la ley de medios electrónicos en un intento por reeditar la Ley Televisa, que hace dos años echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Legisladores del PAN consideran “regresivo” el predictamen correspondiente, que se discutirá en la Comisión de Radio y Televisión los próximos días, los últimos del actual periodo ordinario de sesiones, y adelantan que su bancada en el Senado no dará el aval. Por lo pronto proponen que la discusión del documento se posponga para febrero próximo.

El propósito de la iniciativa presentada por el priista Andrés Massieu Fernández es incorporar la figura de la “prórroga administrativa” para concesiones y permisos en radio, lo que permitirá la comercialización de hasta 5% de tiempo en los medios permisionados. De aprobarse, la nueva reforma derogará el decreto del presidente Felipe Calderón emitido el 15 de septiembre de 2008 en el que se establecen los requisitos para la transición de las 760 concesiones de radiodifusoras de Amplitud Modulada (AM) hacia la banda de Frecuencia Modulada (FM).

Consultado al respecto, el senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, explica: “Ya vimos que la reforma integral no fue posible y vamos hacia una reforma parcial que incluya cuatro temas sustanciales: los combos (otorgarles estaciones FM a las frecuencias en AM); resolver la incertidumbre frente al tema de los refrendos vencidos que preocupa fundamentalmente a la radio (las estaciones de televisión ya tienen garantizada la concesión hasta 2021); establecer un marco jurídico para convertir a los permisionarios en medios públicos, medios comunitarios y medios indígenas, y modificar la Norma Oficial Mexicana para disminuir de 800 a 400 Kilohertz el espacio entre dos emisoras en FM para dar más espacio a operadores de AM”.

Y matiza: “No es una reforma integral, pero lo veo como una señal de que podemos avanzar en el sentido de una reforma mayor. La idea es que este lunes 7 dictaminemos y se pueda aprobar por el pleno el martes 8 o el jueves 10”.

A su vez, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, quien hace 18 meses promovió una iniciativa para impulsar la transición de las estaciones de radio de AM a FM, sostiene que  “es posible que haya una definición de esa naturaleza antes de que termine el periodo legislativo”.

E insiste en que debe regularizarse este aspecto, pues ha generado incertidumbre en los mexicanos que “han sido merecedores de una concesión del Estado mexicano”.

Si la alianza PRI-PRD logra que este paquete de reformas se apruebe, será el segundo golpe que reciba un decreto presidencial, ya que entre el 23 y el 24 de noviembre la SCJN determinó modificar aspectos sustanciales del reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se convirtiera en regulador único en materia de radio y televisión.

Según Beltrones, “la Corte ha resuelto de manera definitiva que son facultades de la Cofetel y no facultades de la Secretaría de Comunicaciones, las prórrogas y la conversión tecnológica. A partir de ello estamos obligados a legislar en la materia para garantizarle certidumbre jurídica a los tenedores de las actuales concesiones”.

En paralelo, el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, adelanta a Proceso que ese organismo ya le planteó al gobierno federal y a los distintos concesionarios y permisionarios de las estaciones de radio que con la adopción del estándar digital IBOC se permitirá en una misma frecuencia la utilización hasta de ocho canales radiofónicos que incluyan estaciones públicas, como las del Congreso de la Unión y los estatales, así como la del Poder Judicial y las de las universidades estatales.

Y aunque admite que ese procedimiento necesita ser aprobado en el Congreso, el presidente de la Cofetel reitera: “Mediante este esquema de digitalización, las estaciones de radio experimentarán un proceso similar al de la televisión restringida; podrán multiplicar sus contenidos. E incluso se garantizará el acceso a los medios públicos y a las radios comunitarias”.

 

Los opositores panistas

 

El predictamen acordado entre el PRI y el PRD provocó la irritación de los senadores panistas que participan en la Comisión de Radio y Televisión, Santiago Creel, Ricardo García Cervantes y Marko Cortés, quienes sostienen que deben analizarse con detenimiento los objetivos de la reforma.

Asimismo, el coordinador de los senadores panistas, Gustavo Enrique Madero, propuso al presidente del Senado y coordinador del PRD, Carlos Navarrete, que el dictamen se posponga para febrero de 2010 pues algunos de sus correligionarios aun tienen dudas sobre los alcances de la reforma.

El diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, considera que la iniciativa que abanderan las bancadas del PRI y del PRD en el Senado constituye una “reedición de Ley Televisa”, ya que busca garantizar un mecanismo de refrendo automático a las concesiones, a pesar del criterio adoptado por la Corte, cuyos ministros ordenaron hace dos años que las concesiones vencidas después de 2007 deben ser licitadas.

En el “engrose” de la sentencia relativa a la Acción de Anticonstitucionalidad 26/2006 contra la Ley Televisa, la SCJN dejó sin efecto aspectos sustanciales del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en especial el que señalaba que “el término de una concesión será de 20 años… El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley”, en referencia al ordenamiento que señala que las concesiones deben otorgarse mediante licitación pública.

Además, en su tesis de jurisprudencia P./J. 73/2007 la Corte determinó que es inconstitucional el refrendo de concesiones en radio y televisión sin que éstas se sometan a un proceso de licitación.

El senador Sotelo admite que el “punto más polémico” del predictamen es justamente el de los refrendos a las estaciones de radio. Él asegura que la SCJN estableció en su sentencia en contra de la Ley Televisa que no existirían a partir de 2007 los “refrendos automáticos” a las concesiones vencidas, por lo que sería necesario entrar a procesos de licitación.

“Lo que nosotros proponemos ahora es la figura de una ‘prórroga administrativa’ en lugar del refrendo automático, estableciendo una contraprestación, así como nuevas condiciones sociales y tecnológicas”, abunda el perredista.

Y reitera que no se trata de revivir el “refrendo automático” que estableció la Ley Televisa. El propósito, arguye, es atender una demanda específica de certidumbre jurídica por parte de los concesionarios de radio, incluso dice al reportero que ha habido encuentros con algunos ministros de la Corte en los últimos días para analizar los alcances de esta reforma.

Algunos analistas en medios calculan que hay alrededor de 150 refrendos vencidos en la radio y aseguran que para finales de 2012 la cifra puede elevarse a 450.

En la pasada 75 Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, admitió que era necesario “acelerar” el calendario establecido en el decreto presidencial del 15 de septiembre de 2008 para garantizar la asignación de estaciones de FM a las 760 concesiones que operan en AM.

El calendario original, establecido en el decreto de Calderón, fijó como plazo el mes de agosto de 2010 para que se asignaran todas las frecuencias en FM. Un año después (septiembre de 2009), la SCT aún no fijaba con la Secretaría de Hacienda el monto de la contraprestación: tampoco estaban claros los criterios para cumplir con los requisitos de capacidad jurídica y financiera para llevar a cabo la instalación, operación y explotación de las frecuencias en FM.

 

Medios comunitarios en resistencia

 

Organizaciones promotoras de medios comunitarios critican la iniciativa presentada por el diputado priista Andrés Massieu Fernández, exfuncionario de la CIRT, quien propuso el jueves 3 una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para penalizar hasta con 12 años de prisión a quien instale, opere, hable, colabore o venda equipos a radios o televisoras sin autorización.

Un comunicado firmado por organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos), Fundar y la red nacional Todos los Derechos para Todos y Todas indican que la iniciativa criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión.

Además, arguyen, afecta a comunidades indígenas y campesinas marginadas ya que la ley actual “da un margen de discrecionalidad tan alto a la autoridad competente para el otorgamiento de permisos que para muchas de ellas es casi imposible cumplir con los requisitos establecidos”.

En lugar de fortalecer las acciones legislativas para establecer una normatividad que “otorgue certeza jurídica a las radios”, advierten las organizaciones ciudadanas, “el PRI propone medidas represivas en contra de comunidades que buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión, pues el uso de la vía penal es desproporcional y abusiva”.

De aprobarse esta iniciativa, “muchos presidentes municipales también irían a la cárcel, pues como las mismas autoridades han documentado, existen múltiples emisoras sin concesión o permiso que son instaladas por las autoridades locales, por lo que el PRI llevaría a prisión a miembros de su propio partido”.

Este reportaje se publicó en la edición 1727 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado domingo 6 de diciembre.

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