Congreso local pide a Calderón acatar recomendación de la CNDH por "michoacanazo"

martes, 8 de diciembre de 2009

MÉXICO, D.F., 8 de diciembre (apro).- Por unanimidad, el pleno del Congreso de Michoacán aprobó un exhorto al gobierno federal para que acate las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto del violento operativo que llevó a la detención de 30 funcionarios de la entidad, en mayo y junio pasados, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
    Pese al compromiso del presidente Felipe Calderón de no tolerar violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública no han acatado las recomendaciones de la CNDH por el “michoacanazo”, señaló la diputada priista Guadalupe Calderón Medina, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 71 Legislatura local.
    La falta de respuestas o una explicación de la PGR y la SSP sobre el llamado del organismo defensor de los derechos humanos, añadió, “sienta un lamentable precedente que envía un mensaje de intolerancia y desprecio por los valores sustantivos de la democracia, que son los derechos humanos”.
De su lado, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Solís Suárez, también miembro de la Comisión Especial que analiza el caso, señaló que el voto a favor, por parte de su partido, tiene que ver con la labor de los legisladores de avocarse en el sentido de denunciar y exigir claridad y transparencia sobre este tipo de situaciones jurídicas, así como de solicitar que se respeten las recomendaciones en materia de derechos humanos.
No obstante, aclaró que a los representantes populares les corresponderá promover la revigorización, perfeccionamiento y reforma de diversos artículos y figuras jurídicas, como el arraigo o el testigo protegido, entre otras, que han sido creadas con ciertos fines que hasta el momento no se han alcanzado, además de que no se aplican sólo a cierto grupo de individuos.
Por parte del PRD, el diputado Antonio García Conejo, presidente de la Comisión Especial, exigió que a la brevedad se inicien las averiguaciones en contra de los servidores públicos de la PGR y de la SSP que violaron los derechos humanos y procesales de los exfuncionarios públicos detenidos en los operativos del 26 de mayo y el 29 de junio de este año.
Asimismo, recordó que en las recomendaciones de la CNDH se exhortó a la PGR a reparar el daño ocasionado a los agraviados y a brindar el auxilio inmediato a las víctimas y a los testigos de los hechos que sustenten el informe, así como a tomar medidas de seguridad que eviten represalias y actos de intimidación en contra de los inculpados, de acuerdo con información publicada por la agencia Quadratín.

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