MEXICO, D.F., 8 de diciembre (apro).- A través de la embajada de México en Francia, el gobierno del presidente Felipe Calderón dio por cerrado el caso de la ciudadana francesa, Florence Cassez, quien actualmente purga una sentencia de 60 años por el delito de secuestro.
           Por medio de un comunicado emitido luego de una manifestación de partidarios de Cassez ante la embajada de México en París, la embajada reiteró que hay "diferencias sustantivas" entre los sistemas jurídicos de ambos países que impiden que la condenada pueda cumplir "plenamente" la pena impuesta en México.
          Cassez, detenida el 5 de diciembre de 2005, fue juzgada y condenada en primera y segunda instancias por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por esos hechos, fue condenada a 60 años de prisión.
            Según el comunicado, "para México es condición primordial la ejecución de la totalidad de la pena, ya que la ley no permite que en casos de delitos graves como el de secuestro haya beneficios pre-liberatorios y reducción de sentencias".
            Carlos de Icaza, embajador de México en Francia, recibió hoy a los padres de Cassez y a sus abogados, en una reunión en la que "refrendó la postura mexicana" y "ofreció transmitir sus peticiones a las autoridades mexicanas correspondientes", según el comunicado.
           Señaló que el Convenio de Estrasburgo "de ninguna manera impone al Estado requerido --en este caso México-- consentir una solicitud de traslado".
    El semanario Proceso publicó en el número que empezó a circular esta semana una entrevista con Alain Devalpo, autor del libro “Peines Mexicanes” (Penas mexicanas), en el que hace un puntual análisis del proceso penal por el que fue sentenciada a 60 años de cárcel la ciudadana francesa.
La publicación del libro impulsó la campaña a favor de Cassez e impuso un tono distinto a los reportajes dedicados a su caso y a las manifestaciones de solidaridad en su país.
“Dedicamos meses a ese trabajo. Fue arduo, pero descubrimos testimonios contradictorios, pistas de investigación y testigos deliberadamente ignorados por las autoridades judiciales: elementos que permiten pensar que la AFI presionó a los testigos. Nos dimos cuenta de que ciertos documentos habían desaparecido, entre ellos la grabación completa –sin montaje—de la detención ‘en vivo’ de Cassez e Israel Vallarta. Al cabo de los meses llegamos a la certeza de que ella no había cometido los delitos por lo que fue condenada”, según Devalpo.