Las violaciones del Ejército son ya un patrón: Amnistía Internacional

martes, 8 de diciembre de 2009

MEXICO, D.F., 8 de diciembre (apro).- Amnistía Internacional denunció hoy que desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, el número de denuncias por violaciones a los derechos humanos aumentaron considerablemente en México y, peor aún, aseguró que la mayoría de dichas quejas quedan impunes porque “con frecuencia ni las autoridades civiles ni militares investigan esos reportes”.
Al presentar el informe “México, nuevos informes de violaciones de Derechos Humanos a manos del Ejército”, Kerrie Howard, directora adjunta del programa de América de AI, afirmó: “Los casos que hemos podido investigar son realmente escandalosos. Pero más escandaloso es que sabemos que esto es sólo la punta del iceberg. Pudimos averiguar detalles concretos de varios casos mientras el gobierno sigue negando que existan casos de abusos contra los derechos humanos que hay que investigar”.
En el documento, Amnistía Internacional “reconoce las grandes dificultades de seguridad pública a las que se enfrenta el gobierno mexicano y su responsabilidad de proteger a la población y salvaguardar la integridad de las instituciones del Estado”, aunque aclara que el delito no se combate con más delito, y la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante la comisión de abusos".
Según el informe, el número de denuncias por violaciones de derechos humanos (desapariciones, ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias) a manos del Ejército mexicano aumentó en 2009 respecto a los tres años precedentes.
Por tal razón, Al pidió al respecto "adoptar medidas de inmediato para garantizar investigaciones rápidas e imparciales a cargo de las autoridades civiles" en los casos en que se registren arbitrariedades contra civiles de parte de miembros de las fuerzas armadas.
Asimismo, llamó a que la justicia ordinaria sea la responsable de encausar las denuncias que se presentan contra militares, como una fórmula para terminar con la impunidad. Igualmente el informe reconoce que la violencia y asesinatos atribuidos a los cárteles de las drogas y a la delincuencia organizada "han crecido de forma exponencial" con más de 14 mil asesinatos registrados por los medios de prensa entre enero de 2008 y julio de 2009.
De esos homicidios unos 3 mil 52 ocurrieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, la más afectada.
Un informe, en el que se presta especial atención a cinco casos de abusos graves, indica que "a finales de junio de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México había recibido casi 2 mil quejas de abusos a manos del Ejército desde comienzos de 2008".  En 2007, se presentaron 367 quejas, frente a las 182 de 2006, según el documento.
AI aclara que los casos presentados durante el informe "no reflejan en toda su extensión los abusos que se cometen, aunque indican la tendencia a su aumento", toda vez que si bien son denunciadas este tipo de violaciones, las víctimas se niega a ratificarlas por temor a que se cumplan las amenazas que recibieron durante los abusos, asegura el informe.
También se precisa que estas irregularidades ocurrieron durante las acciones contra la delincuencia organizada que lleva a cabo el cuerpo castrense a raíz de que el presidente Felipe Calderón ordenó en diciembre de 2006 que el Ejército se involucrara en la persecución de los cárteles del narcotráfico y en ese propósito unos 50 mil militares han sido desplegados en diferentes regiones de México.
Desde entonces una oleada de violencia atribuida a las mafias que operan ha provocado miles de muertes especialmente en los seis estados del norte de México fronterizas con Estados Unidos, el principal consumidor mundial de cocaína.
El informe de 26 páginas hace énfasis en cinco casos de graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron entre octubre de 2008 y agosto pasado contra 35 personas en estados de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.
En uno de los casos se señala: "El 21 de octubre de 2008, unos testigos vieron cómo unos soldados arrestaban a Saúl Becerra Reyes, de 31 años, y a otros cinco hombres en un lavado de automóviles de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua", relata el informe.
Luego agrega AI que, tras cinco días, cinco hombre arrestados juntos con Becerra fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) acusados de diversos delitos, pero a Becerra "no se le volvió a ver con vida" encontrándose su cadáver en marzo de 2009.

Gobernación analizará reporte

Horas más tarde, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado, en el que informa que analizará con detenimiento dicho reporte y que, en su momento, formulará las consideraciones pertinentes.
    Añade:
“El gobierno federal reitera su claro compromiso con la promoción y respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos. En los últimos años, en México se han logrado avances sin precedentes en la protección y promoción de los derechos humanos, fundamentalmente en la modernización del marco legal para equipararlo con las más avanzadas normas internacionales en la materia, en el diseño de políticas públicas a través del programa nacional de Derechos Humanos, así como en el fortalecimiento institucional en este ámbito”.
La Segob apunta también que el gobierno federal reconoce la labor que realizan las Fuerzas Armadas en el combate al crimen y la delincuencia organizada. De igual modo reconoce las consecuencias que su intervención pudiera generar en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlas.