MONTERREY, N.L., 8 de diciembre (apro).- Una mujer que se identificó con el nombre de Susana Morales García se presentó hoy en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para reclamar el cuerpo del presunto jefe de plaza de Los Zetas en esta entidad, una de las 13 víctimas de la balacera del pasado viernes entre sicarios y elementos del Ejército y de la Marina en el municipio de Juárez.
Lo extraño es que Morales García dijo a las autoridades que su hijo se llamaba Eduardo y no Ricardo Almanza Morales, como informó la Secretaría de la Defensa Nacional luego del enfrentamiento del viernes, al margen de imputarle el crimen del secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento de García, el general retirado, Juan Arturo Esparza.
Más aún, la mujer declaró que su hijo nunca tuvo algún sobrenombre, que nació en Poza Rica, Veracruz, y que se dedicaba a la venta de ropa.
Luego, en entrevista concedida al canal 12 de televisión, Susana Morales denunció que funcionarios de la Sedena y de la Procuraduría General de la República (PGR) la estaban presionando para que reconociera a la víctima de la balacera como Ricardo y no Eduardo Almanza Morales.
Dijo:
“No es Ricardo, y no tiene ningún apodo. No existe Ricardo. Si insisten, pues no es, y no sé qué juego traen ellos. Si quieren que diga, lo digo, pero es mentira y me quieren obligar que diga una mentira”.
Durante la entrevista, Susana Morales reconoció, sin embargo, que es madre de Raymundo y Octavio Almanza Morales, quienes, admitió, se encuentran  presos en los penales federales de Guadalajara y Toluca, respectivamente.
Octavio fue detenido por efectivos de la Sedena el pasado 9 de febrero en Cancún, Quintana Roo, como presunto responsable de los asesinatos de brigada del Estado Mayor retirado, Mauro Enrique Tello Quiñónez; el teniente de Infantería, Getulio César Román Zúñiga, y Juan Ramírez Sánchez.
En el comunicado difundido por la Elena en aquel entonces, Octavio fue identificado como Gori 4.
Raymundo El Gori fue detenido un par de meses más tarde, el 20 de mayo en Monterrey, Nuevo León, junto con tres de sus cómplices en posesión de droga, armas y vehículos robados.
En el caso de Ricardo o Eduardo, la Sedena lo inculpó en la ejecución, en noviembre pasado, del secretario de Seguridad Pública del municipio de García, general brigadier en retiro, Juan Arturo Esparza García.
Morales García reiteró que de los tres hijos que tiene ninguno lleva o llevaba el nombre de Ricardo.
Incluso, refirió que ya entregó a las autoridades el acta de nacimiento y una credencial de elector de su hijo Eduardo.
 “No puedo decir que es Ricardo porque no tengo otro hijo, nomás esos tres y ellos a fuerza quieren que les diga que tengo otro hijo y no puedo echarles una mentira”, insistió.

Reclaman más cuerpos

Aparte de Susana, familiares de otras siete víctimas se presentaron en las oficinas de la AEI a reclamar los cuerpos.
    En entrevista, Cristina González Borja denunció que los militares asesinaron a quemarropa a su esposo José Trinidad Benavides.
“Mucha gente que fue testigo vio que ellos se rendían y que los soldados los mataron a quemarropa. Yo pregunto quién les quitó sus pertenencias. Los del Ministerio Público de aquí dicen que ellos no, entonces fueron los soldados y yo pregunto para quién trabajan ellos”, se quejó.
    Según González Borja, su pareja se desempeñaba como “escolta”, aunque nunca dijo para quién trabajaba.
En el curso del día, varias personas se presentaron a reclamar los cuerpos de quienes en vida llevaron los nombres de José Juan Mendoza Guzmán, Israel Vázquez Iracheta, Jorge Pérez Tolentino, Roberto Escamilla, Oscar Ruiz Sánchez y Oscar Maya Campos.

Consignan a 6

Por otra parte, la PGR consignó ante el Juzgado Tercero de Distrito a Juan Carlos Lara Escobedo, El Nano; Carlos Ortiz Jiménez, El Loco; Andrés Muñoz Díaz, El Fay; Edgar Nicandro Sánchez Mier, Martin Sánchez Mier y José Luis Rodríguez López, detenidos tras la balacera del viernes en el municipio de Juárez.
Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que se les procesó por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio en su hipótesis de venta.