MÉXICO, D F, 12 de febrero (apro)- La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró el caso Atenco con las propuestas de indemnizar a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y profundizar las investigaciones para determinar responsabilidades, aunque eximió de antemano a los funcionarios que ordenaron la acción policial en mayo de 2006
Además, anunció que emitirá "criterios jurídicos" o "pronunciamientos" sobre el uso de la fuerza pública que sirvan como parámetros para determinar la existencia o no de violaciones graves de las garantías individuales en casos similares
Los ministros consideraron que uno de esos criterios refiere que la actividad "irregular" de la policía puede dar lugar a una indemnización y reparación a las víctimas por responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución
Sin embargo, María Antonia Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, quien está preso en el penal federal del Altiplano purgando una condena de 112 años por haber participado en los enfrentamientos con la policía, advirtió que rechazarán cualquier indemnización del gobierno federal o del Estado de México
Durante una manifestación afuera de la Corte, Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), indicó que la reparación del daño pasa por la liberación de los 13 pobladores de Atenco que se encuentran presos con distintas condenas
Luego de siete sesiones, en la votación definitiva del proyecto elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, la Corte estableció que sí existieron violaciones graves de garantías individuales en los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco
De los 11 ministros del pleno, el único que se opuso a reconocer tales violaciones fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano
A pesar de ese reconocimiento, ocho ministros determinaron que no se puede atribuir participación a las autoridades y funcionarios federales y estatales que el 3 de mayo de 2006 ordenaron el uso de la fuerza pública
Los únicos tres ministros que intentaron incluir a los funcionarios de alto nivel fueron el propio Gudiño, Genaro Góngora Pimentel y Juan Silva Meza
Su pretensión fue que se incluyera como participantes en las violaciones al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública Federal, y al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto
También pretendían que quedaran mencionados el director del ISSSTE y entonces secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes; el secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; y el subsecretario de Gobierno Calle de México zona Oriente, Héctor Guevara
La Corte también exculpó a quienes diseñaron la puesta en marcha del operativo: Ardelio Vargas Fosado, entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP); Ramón Pequeño García, exdelegado estatal del Cisen; el general Héctor Sánchez Gutiérrez, quien era el coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, y el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE)
En este caso, el ministro José Ramón Cossío propuso que se ampliaran las investigaciones para establecer la participación de cada uno de estos funcionarios y exfuncionarios
Con la determinación del máximo tribunal sólo podrán ser investigados los comandantes y jefes de los operativos, con lo que rechazó la lista de 2 mil 700 personas elaborada por el ministro Gudiño en su proyecto de resolución
La mayoría de ministros precisó que, de acuerdo con la investigación realizada por la misma Corte, se podrán establecer "participaciones individuales y concretas" de mandos de la PFP y de la ASE
En todo momento, la Corte evitó referirse a responsabilidades, por lo que sólo se limitó a señalar que hubo "participaciones o involucramiento directo", por parte de los elementos de la PFP y de la ASE que participaron en el operativo
El pleno de ministros señaló que "las instancias respectivas" pueden ampliar las investigaciones sobre esas "participaciones" directas
El dictamen, que no tiene vinculación jurídica, se entregará a la PFP, la ASE, la Procuraduría General de la República (PGR), el Congreso de la Unión y todos los gobiernos y legislaturas estatales
Al final de la sesión, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, señaló que el Poder Legislativo y los gobiernos beben normar el ejercicio de la fuerza pública
Lo único que hizo la Corte, dijo, fue "establecer referentes y criterios para el uso de esa fuerza" en el país
Ante la exculpación de los altos funcionarios, el FPDT responsabilizó a la Corte de sentar un mal precedente para la administración de justicia y al respeto a los derechos humanos
"Los ministros de la Corte tuvieron la posibilidad histórica de hacerle justicia a un pueblo donde se violaron de manera grave las garantías individuales y los derechos humanos
"Con esta decisión de no responsabilizar al gobernador Peña Nieto o a Eduardo Medina Mora, entre otros, el que pierde es el pueblo", señaló la organización en un comunicado leído a las afueras de la Corte
Advirtió que al dejar "impunes delitos", se sienta un mal precedente para el otro caso que debe investigar la Corte, el de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Oaxaca en 2006