Reprueba CNDH incursión policiaca en oficinas de Contralínea
MÉXICO, DF, 12 de febrero (apro) - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la más reciente incursión policiaca y de abogados del Grupo Zeta a las instalaciones de la revista Contralínea
En un comunicado, la CNDH calificó la irrupción del miércoles de "una acción intimidatoria, contraria a la libertad de expresión y al derecho a la información"
El pronunciamiento de este jueves es el primero que hace el ombudsman nacional sobre el acoso judicial emprendido hacia Contralínea, a pesar que el 12 de septiembre pasado el director de la empresa periodística, Miguel Badillo, así como la reportera Ana Lilia Pérez, interpusieron una denuncia formal ante la CNDH
En su queja, responsabilizan al presidente Felipe Calderón, a su entonces secretario particular César Nava, y al entonces titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de "acoso, amenazas, persecución y represión"
El hostigamiento se desató después que Ana Lilia Pérez publicó un reportaje sobre los contratos de Pemex que Mouriño firmó como funcionario público a favor de empresas familiares, y luego que el asunto fue retomado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para denunciar las irregularidades en la paraestatal
Previo a la presentación de la queja ante la CNDH, los periodistas presentaron una querella contra los mismos funcionarios en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, instancia que se desistió del caso, según informó Contralínea en un comunicado
En el comunicado de la CNDH se recuerda que el miércoles anterior unos "25 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y seis civiles se introdujeron en forma intempestiva en las instalaciones de dicha revista, ubicadas en la calle de Balderas 33 de esta ciudad, para revisar expedientes fiscales, financieros y periodístico de la empresa"
Una vez que destacó que no es la primera ocasión en que se agravia a Miguel Badillo y a sus colaboradores, el ombudsman consideró que esos hechos "constituyen una expresión de intolerancia e intimidación hacia las actividades periodísticas, a través de acciones desproporcionadas y continuas"
La CNDH advierte que "dará puntual seguimiento a los hechos referidos y continuará integrando el expediente de queja iniciado por las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades federales y locales, en agravio del personal y directivos de la citada revista"
En un comunicado, la CNDH calificó la irrupción del miércoles de "una acción intimidatoria, contraria a la libertad de expresión y al derecho a la información"
El pronunciamiento de este jueves es el primero que hace el ombudsman nacional sobre el acoso judicial emprendido hacia Contralínea, a pesar que el 12 de septiembre pasado el director de la empresa periodística, Miguel Badillo, así como la reportera Ana Lilia Pérez, interpusieron una denuncia formal ante la CNDH
En su queja, responsabilizan al presidente Felipe Calderón, a su entonces secretario particular César Nava, y al entonces titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de "acoso, amenazas, persecución y represión"
El hostigamiento se desató después que Ana Lilia Pérez publicó un reportaje sobre los contratos de Pemex que Mouriño firmó como funcionario público a favor de empresas familiares, y luego que el asunto fue retomado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para denunciar las irregularidades en la paraestatal
Previo a la presentación de la queja ante la CNDH, los periodistas presentaron una querella contra los mismos funcionarios en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, instancia que se desistió del caso, según informó Contralínea en un comunicado
En el comunicado de la CNDH se recuerda que el miércoles anterior unos "25 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y seis civiles se introdujeron en forma intempestiva en las instalaciones de dicha revista, ubicadas en la calle de Balderas 33 de esta ciudad, para revisar expedientes fiscales, financieros y periodístico de la empresa"
Una vez que destacó que no es la primera ocasión en que se agravia a Miguel Badillo y a sus colaboradores, el ombudsman consideró que esos hechos "constituyen una expresión de intolerancia e intimidación hacia las actividades periodísticas, a través de acciones desproporcionadas y continuas"
La CNDH advierte que "dará puntual seguimiento a los hechos referidos y continuará integrando el expediente de queja iniciado por las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades federales y locales, en agravio del personal y directivos de la citada revista"