Condenan organismos internacionales asesinato de activistas de Guerrero
MÉXICO, DF, 24 de febrero (apro) - Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas condenaron el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM)
Familiares de las víctimas y ONG denunciaron que el 13 de febrero ambos indígenas fueron secuestrados durante la inauguración de una obra educativa en el municipio de Ayutla; posteriormente, el sábado anterior, sus cuerpos fueron encontrados en Tecoanapa con visibles huellas de tortura
Este martes, los restos de los dirigentes mixtecos fueron trasladados a sus respectivas comunidades en Ayutla para ser sepultados
La directora adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Kerrie Howard, calificó a la región de Ayutla --de donde eran originarios los mixtecos masacrados--, de "un peligro constante para las persona que defienden los derechos de las comunidades indígenas más marginadas de México"
En un comunicado, AI apuntó que los riesgos que corren los dirigentes indígenas se observan por el "patrón de asesinatos, ataques, amenazas y detenciones de defensores de derechos humanos en Ayutla"
A principios de este mes, representantes de Amnistía visitaron la región y documentaron el encarcelamiento de cinco activistas de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM)
La ONG internacional consideró que se trata de "presos de conciencia" por estar procesados "bajo acusaciones fabricadas"
La OPIM, agrupación hermana de la OFPM, también denunció abusos a derechos humanos cometidos por militares
El caso de las indígenas me'phaa
Uno de los casos más relevantes que ambas organizaciones han llevado a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el de los abusos sexuales cometidos contra las indígenas me'phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega
Debido a ello, Amnistía hizo un llamado al gobierno de Felipe Calderón a "investigar de forma efectiva" esos crímenes
Según AI, el caso es todavía más preocupante después de haberse documentado que ambos indígenas fueron "llevados por la fuerza por hombres armados, que se identificaron como policías, durante un evento público donde también estaban presentes autoridades locales"
Al llamado para el esclarecimiento de los hechos se sumó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humano en México (OACNUDH), que en una reciente visita a Ayutla, del 18 al 20 de febrero, documentó la privación ilegal de la libertad de los dirigentes indígenas
En un comunicado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó su preocupación "ante las condiciones de vulnerabilidad en la que los defensores de derechos humanos desarrollan su labor, especialmente en las regiones de Costa Chica, Costa Grande y Montaña de Guerrero"
El Ato Comisionado confió en que "el Estado mexicano tomará las medidas necesarias y oportuna para combatir la impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los defensores"
Ambos dirigentes indígenas se destacaron por documentar abusos cometidos por militares en la región, entre ellos la captura del propio Lucas Lucía, quien en 2004 fue detenido e interrogado de forma arbitraria e ilegal por soldados
Represión al ERPI
Fue precisamente en la región mixteca en donde, en 1998, militares al mando del general Manuel Oropeza Garnica lanzaron un ataque sobre una escuela donde sesionaban indígenas y presuntos milicianos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) En la acción, once mixtecos desarmados murieron acribillados
Lucas y Ponce también representaron a mixtecos que fueron esterilizados sin su consentimiento en 2002, hecho que ameritó una recomendación de la Comisiona Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el gobierno guerrerense para que el agravio fuera reparado
Después de ser velados en Ayutla, los restos de Raúl Lucas Lucía fueron trasladados a la comunidad de Cotzalzin, en tanto que Manuel Ponce fue llevado a La Cortina, ambas comunidades parte de ese municipio guerrerense
A los funerales acudieron representantes de organizaciones sociales como el Consejo Ciudadano de Chilapa, Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Brigadas Internacionales de Paz, Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Centro Tlachinollan, Red Guerrerense de Derechos Humanos y Consejo Supremo de Filo Mayor
También estuvieron presentes la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), así como representantes del PRD y vecinos de las comunidades mixtecas El Charco y La Fátima
El hijo mayor de Lucas Lucía, Samuel Lucas Castro, de 17 años, exigió justicia para esclarecer la muerte de su padre
Algunas ONG exigieron la renuncia del procurador Eduardo Murueta Urrutia, así como del alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, y del director de Seguridad Pública municipal, Luis José Sánchez
"¿Qué delito tan grave cometieron Raúl y Manuel para morir de esta forma?", cuestionó Abel Barrera, director de Tlachinollan, quien no encontró otra razón que "ser indígena y alzar la voz de los pueblos"
Familiares de las víctimas y ONG denunciaron que el 13 de febrero ambos indígenas fueron secuestrados durante la inauguración de una obra educativa en el municipio de Ayutla; posteriormente, el sábado anterior, sus cuerpos fueron encontrados en Tecoanapa con visibles huellas de tortura
Este martes, los restos de los dirigentes mixtecos fueron trasladados a sus respectivas comunidades en Ayutla para ser sepultados
La directora adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Kerrie Howard, calificó a la región de Ayutla --de donde eran originarios los mixtecos masacrados--, de "un peligro constante para las persona que defienden los derechos de las comunidades indígenas más marginadas de México"
En un comunicado, AI apuntó que los riesgos que corren los dirigentes indígenas se observan por el "patrón de asesinatos, ataques, amenazas y detenciones de defensores de derechos humanos en Ayutla"
A principios de este mes, representantes de Amnistía visitaron la región y documentaron el encarcelamiento de cinco activistas de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM)
La ONG internacional consideró que se trata de "presos de conciencia" por estar procesados "bajo acusaciones fabricadas"
La OPIM, agrupación hermana de la OFPM, también denunció abusos a derechos humanos cometidos por militares
El caso de las indígenas me'phaa
Uno de los casos más relevantes que ambas organizaciones han llevado a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el de los abusos sexuales cometidos contra las indígenas me'phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega
Debido a ello, Amnistía hizo un llamado al gobierno de Felipe Calderón a "investigar de forma efectiva" esos crímenes
Según AI, el caso es todavía más preocupante después de haberse documentado que ambos indígenas fueron "llevados por la fuerza por hombres armados, que se identificaron como policías, durante un evento público donde también estaban presentes autoridades locales"
Al llamado para el esclarecimiento de los hechos se sumó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humano en México (OACNUDH), que en una reciente visita a Ayutla, del 18 al 20 de febrero, documentó la privación ilegal de la libertad de los dirigentes indígenas
En un comunicado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó su preocupación "ante las condiciones de vulnerabilidad en la que los defensores de derechos humanos desarrollan su labor, especialmente en las regiones de Costa Chica, Costa Grande y Montaña de Guerrero"
El Ato Comisionado confió en que "el Estado mexicano tomará las medidas necesarias y oportuna para combatir la impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los defensores"
Ambos dirigentes indígenas se destacaron por documentar abusos cometidos por militares en la región, entre ellos la captura del propio Lucas Lucía, quien en 2004 fue detenido e interrogado de forma arbitraria e ilegal por soldados
Represión al ERPI
Fue precisamente en la región mixteca en donde, en 1998, militares al mando del general Manuel Oropeza Garnica lanzaron un ataque sobre una escuela donde sesionaban indígenas y presuntos milicianos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) En la acción, once mixtecos desarmados murieron acribillados
Lucas y Ponce también representaron a mixtecos que fueron esterilizados sin su consentimiento en 2002, hecho que ameritó una recomendación de la Comisiona Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el gobierno guerrerense para que el agravio fuera reparado
Después de ser velados en Ayutla, los restos de Raúl Lucas Lucía fueron trasladados a la comunidad de Cotzalzin, en tanto que Manuel Ponce fue llevado a La Cortina, ambas comunidades parte de ese municipio guerrerense
A los funerales acudieron representantes de organizaciones sociales como el Consejo Ciudadano de Chilapa, Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Brigadas Internacionales de Paz, Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Centro Tlachinollan, Red Guerrerense de Derechos Humanos y Consejo Supremo de Filo Mayor
También estuvieron presentes la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), así como representantes del PRD y vecinos de las comunidades mixtecas El Charco y La Fátima
El hijo mayor de Lucas Lucía, Samuel Lucas Castro, de 17 años, exigió justicia para esclarecer la muerte de su padre
Algunas ONG exigieron la renuncia del procurador Eduardo Murueta Urrutia, así como del alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, y del director de Seguridad Pública municipal, Luis José Sánchez
"¿Qué delito tan grave cometieron Raúl y Manuel para morir de esta forma?", cuestionó Abel Barrera, director de Tlachinollan, quien no encontró otra razón que "ser indígena y alzar la voz de los pueblos"
