Defensores de derechos impugnan fuero militar
MÉXICO, DF, 24 de febrero (apro) - Diversas ONG reprobaron que casos graves de violaciones a garantías fundamentales, perpetradas por elementos castrenses, sigan procesándose en el fuero militar, al considerar que esa práctica "propicia la impunidad y es contraria a los estándares internacionales y a las innumerables recomendaciones emitidas por órganos de protección de derechos humanos al Estado mexicano"
El pronunciamiento fue avalado por la Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los Derechos para todas y todos", Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Además por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fundar, Centro de Análisis e Investigación
En un comunicado, las ONG destacan que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana (Coidh), así como el relator especial de Naciones Unidas sobre el tema de la tortura, han recomendado al gobierno mexicano "la pertinencia y necesidad de que las violaciones de derechos humanos, perpetradas por personal militar, sean conocidas por la justicia civil"
El pronunciamiento responde a declaraciones de mandos militares que "atacan el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, (como) las palabras expresada por el comandante de la IX Región Militar, Enrique Alonso Garrido Abreu, quien el 19 de febrero dijo que 'las organizaciones de derechos humanos protegen a delincuentes'"
Las ONG incluso enlistaron los casos graves en que la justicia militar "ha servido para mantener la impunidad en violaciones a derechos humanos" y que finalmente debieron ser abordados por la justicia internacional
Se trata de los expedientes de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1972 por elementos militares durante la llamada "guerra sucia", asunto que podría retomar la Coidh; está además la detención ilegal y tortura contra los campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera
También destacan los casos de tortura y violación de las indígenas mixtecas Francisca Santos y Victoriana Vázquez, así como de las tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, también en Guerrero En la misma situación se ubica el caso de las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez
De igual forma se registran las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez en Chiapas, y Santiago de los Caballeros, en Sinaloa
Las ONG precisan que "el fuero militar no es garantía de independencia e imparcialidad, ni mucho menos una eficiente investigación para procesar a militares responsables de las violaciones"
Monitoreo del CEJIL
De hecho, para dar seguimiento a casos litigados ante la CIDH, la mayoría sobre abusos cometidos por militares, representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), encabezados por Vanesa Coria, llevan a cabo una visita al país del 23 al 27 de febrero
Entre los casos que abordará el CEJIL se encuentra el de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, torturados y asesinados después de ser secuestrados por presuntos policías el 13 de febrero, en el municipio guerrerense de Ayutla; con anterioridad al menos un de ellos denunció hostigamiento de personal militar
La ONG también abordará el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Rodolfo Cabrera García
Montiel y Cabrera fueron detenidos por personal militar en 1999 y permanecieron incomunicados durante cinco días en el 40 Batallón de Infantería, en Coyuca de Catalán, Guerrero
Estuvieron recluidos hasta el 2001 --procesados injustamente por delitos contra la salud-- hasta que el presidente Vicente Fox declaró una amnistía a su favor
Aún en prisión, Rodolfo Cabrera --fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán-- recibió en el 2000 el galardón internacional "Chico Mendes" por su defensa de los bosques
El pronunciamiento fue avalado por la Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los Derechos para todas y todos", Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Además por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fundar, Centro de Análisis e Investigación
En un comunicado, las ONG destacan que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana (Coidh), así como el relator especial de Naciones Unidas sobre el tema de la tortura, han recomendado al gobierno mexicano "la pertinencia y necesidad de que las violaciones de derechos humanos, perpetradas por personal militar, sean conocidas por la justicia civil"
El pronunciamiento responde a declaraciones de mandos militares que "atacan el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, (como) las palabras expresada por el comandante de la IX Región Militar, Enrique Alonso Garrido Abreu, quien el 19 de febrero dijo que 'las organizaciones de derechos humanos protegen a delincuentes'"
Las ONG incluso enlistaron los casos graves en que la justicia militar "ha servido para mantener la impunidad en violaciones a derechos humanos" y que finalmente debieron ser abordados por la justicia internacional
Se trata de los expedientes de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1972 por elementos militares durante la llamada "guerra sucia", asunto que podría retomar la Coidh; está además la detención ilegal y tortura contra los campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera
También destacan los casos de tortura y violación de las indígenas mixtecas Francisca Santos y Victoriana Vázquez, así como de las tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, también en Guerrero En la misma situación se ubica el caso de las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez
De igual forma se registran las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez en Chiapas, y Santiago de los Caballeros, en Sinaloa
Las ONG precisan que "el fuero militar no es garantía de independencia e imparcialidad, ni mucho menos una eficiente investigación para procesar a militares responsables de las violaciones"
Monitoreo del CEJIL
De hecho, para dar seguimiento a casos litigados ante la CIDH, la mayoría sobre abusos cometidos por militares, representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), encabezados por Vanesa Coria, llevan a cabo una visita al país del 23 al 27 de febrero
Entre los casos que abordará el CEJIL se encuentra el de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, torturados y asesinados después de ser secuestrados por presuntos policías el 13 de febrero, en el municipio guerrerense de Ayutla; con anterioridad al menos un de ellos denunció hostigamiento de personal militar
La ONG también abordará el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Rodolfo Cabrera García
Montiel y Cabrera fueron detenidos por personal militar en 1999 y permanecieron incomunicados durante cinco días en el 40 Batallón de Infantería, en Coyuca de Catalán, Guerrero
Estuvieron recluidos hasta el 2001 --procesados injustamente por delitos contra la salud-- hasta que el presidente Vicente Fox declaró una amnistía a su favor
Aún en prisión, Rodolfo Cabrera --fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán-- recibió en el 2000 el galardón internacional "Chico Mendes" por su defensa de los bosques
