Exigen en San Lázaro aclarar matanza de indígenas
MÉXICO, DF, 25 de febrero (apro) - La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados hará un exhorto al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, y al procurador Eduardo Murueta para que investiguen la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de los indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes aparecieron muertos el sábado anterior
Además, emplazarán al Ejecutivo federal para que, en 30 días, entregue al Senado de la República el documento donde el gobierno de México reconoce la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada, creado en 2007 por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas de Naciones Unidas
La exigencia es para que la actuación del mencionado comité se dictamine y vote
Javier González Garza, presidente de la Junta, adelantó el exhorto que este jueves será puesto a votación en el pleno de la Cámara de Diputados
Además, los diputados exigirán que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso para que se realice una investigación "a fondo, independiente, imparcial y autónoma que permita a los familiares acceder a la justicia"
Luego de la aparecieron de los cuerpos de los defensores de los derechos humanos, el gobernador Zeferino Torreblanca --empresario, expresidente de la Coparmex y quien ganó los comicios postulado por el PRD--, dijo el lunes pasado que la muerte de los dos dirigentes formaba parte de la violencia que se vive en el país
Con ello descartó que el crimen tuviera que ver con la lucha en defensa de los derechos humanos que, desde 1998 --luego de la masacre de indígenas a manos de militares en la comunidad de El Charco, ubicada en la Costa Chica guerrerense--, venían desempeñando ambos líderes
Su muerte pasó a ser, según la óptica del gobernador, parte de la violencia que se vive entre narcotraficantes y militares
En el punto de acuerdo, promovido por el PRD después que al interior de esta fracción se reclamó que no se hubieran pronunciado en tribuna el martes pasado, incluye también un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que adopte las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y sicológica de los integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), así como de los familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas, e informe a la Cámara en un plazo de 30 días de las medidas que adopte
Igualmente los legisladores solicitarán a PGR, Secretaría de la Defensa Nacional y Seguridad Pública federal que, en un plazo de 30 días, informen si el 13 de febrero se realizaron operativos o detenciones en el municipio guerrerense de Ayutla
A la Secretaría de Gobernación le solicitarán que, a través de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, refuerce las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los integrantes de la OFPM
Igualmente solicitarán a esa dependencia que adopte las acciones necesarias para aplicar un programa de protección a defensores de derechos, con el fin de garantizar su labor y seguridad
Además, emplazarán al Ejecutivo federal para que, en 30 días, entregue al Senado de la República el documento donde el gobierno de México reconoce la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada, creado en 2007 por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas de Naciones Unidas
La exigencia es para que la actuación del mencionado comité se dictamine y vote
Javier González Garza, presidente de la Junta, adelantó el exhorto que este jueves será puesto a votación en el pleno de la Cámara de Diputados
Además, los diputados exigirán que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso para que se realice una investigación "a fondo, independiente, imparcial y autónoma que permita a los familiares acceder a la justicia"
Luego de la aparecieron de los cuerpos de los defensores de los derechos humanos, el gobernador Zeferino Torreblanca --empresario, expresidente de la Coparmex y quien ganó los comicios postulado por el PRD--, dijo el lunes pasado que la muerte de los dos dirigentes formaba parte de la violencia que se vive en el país
Con ello descartó que el crimen tuviera que ver con la lucha en defensa de los derechos humanos que, desde 1998 --luego de la masacre de indígenas a manos de militares en la comunidad de El Charco, ubicada en la Costa Chica guerrerense--, venían desempeñando ambos líderes
Su muerte pasó a ser, según la óptica del gobernador, parte de la violencia que se vive entre narcotraficantes y militares
En el punto de acuerdo, promovido por el PRD después que al interior de esta fracción se reclamó que no se hubieran pronunciado en tribuna el martes pasado, incluye también un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que adopte las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y sicológica de los integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), así como de los familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas, e informe a la Cámara en un plazo de 30 días de las medidas que adopte
Igualmente los legisladores solicitarán a PGR, Secretaría de la Defensa Nacional y Seguridad Pública federal que, en un plazo de 30 días, informen si el 13 de febrero se realizaron operativos o detenciones en el municipio guerrerense de Ayutla
A la Secretaría de Gobernación le solicitarán que, a través de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, refuerce las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los integrantes de la OFPM
Igualmente solicitarán a esa dependencia que adopte las acciones necesarias para aplicar un programa de protección a defensores de derechos, con el fin de garantizar su labor y seguridad