MÉXICO, D F, 23 de marzo (apro)- La bancada priista en el Senado entregó este lunes una serie de propuestas para modificar la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio presentada por el Ejecutivo
         La propuesta del PRI, entregada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, pretende hacer más transparente la actuación del agente del Ministerio Público en los juicios de extinción de dominio y obligar al procurador a entregar un informe semestral sobre los juicios tramitados y los resultados obtenidos
         Para ello, el Revolucionario Institucional busca modificar el Artículo 41 de la ley, a fin de establecer que la autoridad pueda asegurar los bienes, pero extinguirlos únicamente cuando acredite la existencia de un delito
Tal acción sólo deberá ser autorizada por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y bajo su estricta supervisión, a fin de evitar abusos y atropellos con ese instrumento jurídico que otorga facultades amplias a las autoridades
La finalidad de los cambios a la iniciativa presidencial es que el Estado tenga instrumentos necesarios para combatir el crimen organizado sin vulnerar los derechos de personas inocentes que se vean involucradas en procesos de esa naturaleza, según los priistas
El pasado jueves 12, académicos, abogados e investigadores solicitaron al Senado modificar y perfeccionar la iniciativa presidencial sobre la Ley de Extinción de Dominio, al considerar que viola derechos humanos y puede fomentar la "fabricación" de pruebas

Al participar en la consulta pública que la Cámara alta organizó sobre el tema, el abogado Juan Velázquez indicó que la propuesta incluye "asuntos preocupantes", como imponer la denuncia anónima

Además, dijo, hay el riesgo de que las personas pierdan sus bienes sin que exista un proceso penal, y la ley "no respeta ni la paz de los sepulcros", pues los herederos de bienes pueden perderlos si no comprueban su licitud

El abogado precisó que en las leyes vigentes primero se inicia un proceso penal para probar la existencia de un delito y la plena responsabilidad del inculpado, para que el juez, además de decretar una pena de cárcel, imponga el decomiso de bienes