Incumple gobierno mexicano recomendación de CIDH: ONG
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis , 23 de marzo (apro)- Organizaciones no gubernamentales denunciaron hoy que el incumplimiento del gobierno mexicano de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación con el caso de las hermanas González Pérez, indígenas tzeltales violadas por militares
Representantes del Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, expresaron su preocupación por el esa situación, debido a que ya transcurrieron ocho años y el Estado mexicano niega a las víctimas su derecho a obtener justicia y reparación del daño
Tal incumplimiento fue corroboradlo por una misión de la CIDH, en una reunión de trabajo que sostuvieron el pasado sábado 21 en Washington
El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, las hermanas tzeltales, María Teresa, Cristina y María Méndez, de 20, 18 y 16 años de edad, fueron detenidas por militares y durante su cautiverio fueron torturadas y violadas por los soldados Antes de su liberación, los soldados las amenazaron de muerte
En el 2000, la CIDH recomendó al Estado mexicano trasladar la investigación de los hechos del fuero militar a la jurisdicción civil para garantizar imparcialidad e independencia, y reparar el daño causado a las indígenas chiapanecas por la violación a sus derechos humanos
En la reunión de trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a realizar las últimas acciones ante la justicia militar para que la investigación sea traslada a la justicia ordinaria
Y sobre la reparación del daño, el gobierno insistió en condicionarla a los resultados de la investigación
Sin embargo, las ONG denunciaron que esa posición es violatoria de los estándares internacionales establecidos por los órganos del sistema interamericano, ya que desconoce el deber de reparación que le asiste de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, y cuestiona las conclusiones que fueron dadas por la CIDH
En la reunión del sábado anterior estuvieron presentes representantes de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia Militar, Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Procuraduría de Chiapas
Las organizaciones defensoras de derechos insistieron en que el Estado de México debe asumir los compromisos adquiridos y demostrar voluntad y seriedad política, a través del cumplimiento cabal de sus obligaciones internacionales en este caso y en otros que involucran al Ejército y que continúan en la esfera de la justicia militar
Representantes del Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, expresaron su preocupación por el esa situación, debido a que ya transcurrieron ocho años y el Estado mexicano niega a las víctimas su derecho a obtener justicia y reparación del daño
Tal incumplimiento fue corroboradlo por una misión de la CIDH, en una reunión de trabajo que sostuvieron el pasado sábado 21 en Washington
El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, las hermanas tzeltales, María Teresa, Cristina y María Méndez, de 20, 18 y 16 años de edad, fueron detenidas por militares y durante su cautiverio fueron torturadas y violadas por los soldados Antes de su liberación, los soldados las amenazaron de muerte
En el 2000, la CIDH recomendó al Estado mexicano trasladar la investigación de los hechos del fuero militar a la jurisdicción civil para garantizar imparcialidad e independencia, y reparar el daño causado a las indígenas chiapanecas por la violación a sus derechos humanos
En la reunión de trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a realizar las últimas acciones ante la justicia militar para que la investigación sea traslada a la justicia ordinaria
Y sobre la reparación del daño, el gobierno insistió en condicionarla a los resultados de la investigación
Sin embargo, las ONG denunciaron que esa posición es violatoria de los estándares internacionales establecidos por los órganos del sistema interamericano, ya que desconoce el deber de reparación que le asiste de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, y cuestiona las conclusiones que fueron dadas por la CIDH
En la reunión del sábado anterior estuvieron presentes representantes de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia Militar, Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Procuraduría de Chiapas
Las organizaciones defensoras de derechos insistieron en que el Estado de México debe asumir los compromisos adquiridos y demostrar voluntad y seriedad política, a través del cumplimiento cabal de sus obligaciones internacionales en este caso y en otros que involucran al Ejército y que continúan en la esfera de la justicia militar
