Da entrada la CIDH a caso de indígena violada por militares
MÉXICO, D F, 21 de mayo (apro)- La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio entrada al caso de la indígena tlapaneca, Inés Fernández Ortega, quien en el año 2002 fue ultrajada por miembros del Ejército mexicano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió el caso a la Corte, el pasado jueves 7, luego de que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones tendientes a reparar el daño causado a la víctima
El abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, señaló que el ingreso del caso al máximo tribunal de justicia de la Organización de Estados Americanos (OEA) ocurre "después de que la CIDH constató que no había voluntad política del Estado mexicano, representado por Felipe Calderón, de cumplir las recomendaciones planteadas para la resolución del caso, el juicio a los culpables y la reparación del daño"
Este es el segundo caso contra el Ejército mexicano que llega a la Corte Interamericana por violaciones a derechos humanos
El primero fue por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en 1972, en el marco de la "guerra sucia" que emprendió el Estado mexicano ?en los setenta y ochenta? para combatir los movimientos armados en Guerrero, tras la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó alrededor de 500 desapariciones
Víctima de la guerra de baja intensidad
El abogado de Tlachinollan recordó que Inés Fernández Ortega fue violada sexualmente y torturada por militares en marzo de 2002, "en el marco de la guerra de baja intensidad contra comunidades indígenas de Ayutla, después de la masacre de 11 indígenas mixtecos en El Charco, en junio de 1998"
En ese mismo contexto de agresiones a las organizaciones indígenas, además de Inés también fue violada sexualmente y torturada Valentina Rosendo Cantú
"Sobre este asunto, la CIDH está en proceso de análisis y es muy probable que también sea remitido a la Corte Interamericana", añadió Rosales
En entrevista con Apro, el abogado señaló que en 2005 Tlachinollan solicitó la intervención de la CIDH, ante "la nula actuación para dar con los responsables (de la violación de Inés Fernández) y la negativa de que el caso fuera investigado por el fuero civil y no el militar, como ocurrió, y que exoneró a los militares de la violación y la tortura, archivando el caso"
Después de tres años de tratar el asunto en la CIDH, añadió, en 2008 el organismo internacional dio una resolución de fondo y emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano, que incluían la investigación dentro del fuero civil y la sanción a los culpables, así como la reparación del daño y delimitar las atribuciones del fuero militar a actos contra la disciplina castrense
"Ante la falta de respuesta", el organismo internacional envió el caso a la Corte Interamericana, y así lo notificó al Estado mexicano y a los representantes legales de Inés el pasado 7 de mayo, dijo
Dentro de este contexto, el pasado lunes 18, el máximo tribunal de derechos humanos ordenó medidas provisionales (medidas de protección temporales) para Inés Fernández y sus familiares, así como para 100 defensores de derechos humanos pertenecientes a Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), cuyos dirigentes, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron asesinados en febrero pasado; para los familiares de estos líderes, la Corte también extendió las medidas provisionales
Desde 1998, Lucas Lucía y Ponce Rosas formularon sendas denuncias penales, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra militares que incurrían en violaciones a derechos humanos en la región de Ayutla, y también defendieron a indígenas que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas
De acuerdo con Vidulfo Rosales, "el ordenamiento de la Corte Interamericana tiene que ver con el ambiente hostil que hay en el estado de Guerrero para que los defensores de derechos humanos hagamos nuestro trabajo, y tuvo que intervenir, dado que se constató que no hay voluntad política del Estado mexicano para garantizar nuestro trabajo ni mucho menos para hacer justicia, y porque considera que la vida de más de 100 personas está en peligro"
El abogado recordó que históricamente es la segunda ocasión en que la Corte Interamericana ordena medidas provisionales al Estado mexicano La primera ocurrió después del asesinato de la activista Digna Ochoa, y las medidas de protección se instruyeron para sus familiares y los integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez
"Y en esta ocasión el gobierno mexicano no tiene más opción que acatar la orden de la Corte y aplicar las medidas que son vinculantes por los acuerdos internacionales que ha firmado México en la OEA", advirtió Rosales
En comunicado, Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) resaltan que la determinación de la Corte Interamericana (que abre la puerta para que Inés encuentre justicia) "se da en un ambiente de ataques a los defensores de derechos humanos en Guerrero, que han generado una situación de verdadero temor entre la población y que se han agravado por los constantes patrullajes y retenes, tanto policiacos como militares en la región"
Ambas organizaciones confían en que el Estado mexicano "haga frente a sus obligaciones internacionales, cumpliendo con lo dispuestos por la Corte Interamericana y adopte todas las medidas necesarias, para que los beneficiarios de dichas medidas de protección y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a que su vida o su integridad personal se vean afectadas"
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió el caso a la Corte, el pasado jueves 7, luego de que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones tendientes a reparar el daño causado a la víctima
El abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, señaló que el ingreso del caso al máximo tribunal de justicia de la Organización de Estados Americanos (OEA) ocurre "después de que la CIDH constató que no había voluntad política del Estado mexicano, representado por Felipe Calderón, de cumplir las recomendaciones planteadas para la resolución del caso, el juicio a los culpables y la reparación del daño"
Este es el segundo caso contra el Ejército mexicano que llega a la Corte Interamericana por violaciones a derechos humanos
El primero fue por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en 1972, en el marco de la "guerra sucia" que emprendió el Estado mexicano ?en los setenta y ochenta? para combatir los movimientos armados en Guerrero, tras la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó alrededor de 500 desapariciones
Víctima de la guerra de baja intensidad
El abogado de Tlachinollan recordó que Inés Fernández Ortega fue violada sexualmente y torturada por militares en marzo de 2002, "en el marco de la guerra de baja intensidad contra comunidades indígenas de Ayutla, después de la masacre de 11 indígenas mixtecos en El Charco, en junio de 1998"
En ese mismo contexto de agresiones a las organizaciones indígenas, además de Inés también fue violada sexualmente y torturada Valentina Rosendo Cantú
"Sobre este asunto, la CIDH está en proceso de análisis y es muy probable que también sea remitido a la Corte Interamericana", añadió Rosales
En entrevista con Apro, el abogado señaló que en 2005 Tlachinollan solicitó la intervención de la CIDH, ante "la nula actuación para dar con los responsables (de la violación de Inés Fernández) y la negativa de que el caso fuera investigado por el fuero civil y no el militar, como ocurrió, y que exoneró a los militares de la violación y la tortura, archivando el caso"
Después de tres años de tratar el asunto en la CIDH, añadió, en 2008 el organismo internacional dio una resolución de fondo y emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano, que incluían la investigación dentro del fuero civil y la sanción a los culpables, así como la reparación del daño y delimitar las atribuciones del fuero militar a actos contra la disciplina castrense
"Ante la falta de respuesta", el organismo internacional envió el caso a la Corte Interamericana, y así lo notificó al Estado mexicano y a los representantes legales de Inés el pasado 7 de mayo, dijo
Dentro de este contexto, el pasado lunes 18, el máximo tribunal de derechos humanos ordenó medidas provisionales (medidas de protección temporales) para Inés Fernández y sus familiares, así como para 100 defensores de derechos humanos pertenecientes a Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), cuyos dirigentes, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron asesinados en febrero pasado; para los familiares de estos líderes, la Corte también extendió las medidas provisionales
Desde 1998, Lucas Lucía y Ponce Rosas formularon sendas denuncias penales, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra militares que incurrían en violaciones a derechos humanos en la región de Ayutla, y también defendieron a indígenas que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas
De acuerdo con Vidulfo Rosales, "el ordenamiento de la Corte Interamericana tiene que ver con el ambiente hostil que hay en el estado de Guerrero para que los defensores de derechos humanos hagamos nuestro trabajo, y tuvo que intervenir, dado que se constató que no hay voluntad política del Estado mexicano para garantizar nuestro trabajo ni mucho menos para hacer justicia, y porque considera que la vida de más de 100 personas está en peligro"
El abogado recordó que históricamente es la segunda ocasión en que la Corte Interamericana ordena medidas provisionales al Estado mexicano La primera ocurrió después del asesinato de la activista Digna Ochoa, y las medidas de protección se instruyeron para sus familiares y los integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez
"Y en esta ocasión el gobierno mexicano no tiene más opción que acatar la orden de la Corte y aplicar las medidas que son vinculantes por los acuerdos internacionales que ha firmado México en la OEA", advirtió Rosales
En comunicado, Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) resaltan que la determinación de la Corte Interamericana (que abre la puerta para que Inés encuentre justicia) "se da en un ambiente de ataques a los defensores de derechos humanos en Guerrero, que han generado una situación de verdadero temor entre la población y que se han agravado por los constantes patrullajes y retenes, tanto policiacos como militares en la región"
Ambas organizaciones confían en que el Estado mexicano "haga frente a sus obligaciones internacionales, cumpliendo con lo dispuestos por la Corte Interamericana y adopte todas las medidas necesarias, para que los beneficiarios de dichas medidas de protección y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a que su vida o su integridad personal se vean afectadas"
