El Ejército, verdugo de sus propios mandos

sábado, 23 de mayo de 2009
Inmune a las críticas de la sociedad civil, la Sedena es también implacable contra algunos de sus oficiales de alto rango, aun cuando hayan entregado parte de su vida a ennoblecer a las fuerzas armadas Los del general Ricardo Martínez Perea, el teniente de Infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán y el capitán de Infantería Diplomado de Estado Mayor Israel Tenoch Flores Jaimes, son apenas algunos de los casos conocidos Todos son víctimas de la justicia militar Según la lógica castrense, quien critica a la institución se convierte en enemigo
Convertido en uno de los principales violadores de los derechos humanos de civiles en el actual gobierno, el Ejército arremete también contra sus propios elementos Desaparición forzada, encarcelamientos fabricados, traslados como represalia y acoso laboral son algunas de las prácticas que padecen hombres y mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde sargentos hasta generales, que resultan incómodos para sus superiores
A pesar del silencio que se impone entre los militares cuando los propios mandos de la dependencia violan sus derechos humanos, cada vez son más los efectivos que traspasan las oficinas y campos castrenses para hacer públicos los abusos
De por sí cuestionado tanto en México como en organismos internacionales por aplicarse a civiles, el fuero militar se convierte en artimaña para arbitrariedades contra los propios uniformados Lo mismo para acusaciones de supuesto narcotráfico que para represalias contra quienes intentan hacer valer sus derechos laborales o de seguridad social
Los abusos más graves, entre ellos la desaparición forzada y largas condenas con fabricación de delitos, tienen como excusa al narcotráfico En estos casos, los implicados sabían de las alegadas relaciones de sus superiores con la delincuencia organizada o, sencillamente, cumplían con su trabajo: el decomiso de drogas
Fue el caso del general de brigada Ricardo Martínez Perea, reconocido en varias ocasiones por la propia Sedena por los altos niveles de droga incautada; pero sentenciado a 15 años de prisión, con una denuncia anónima y testigos de oídas, por su supuesta protección al cártel del Golfo, en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería motorizada, en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Apenas el domingo 10 de mayo por la madrugada, cumplidos ocho años de su sentencia en el Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, Martínez Perea fue trasladado al penal El Rincón de Tepic, Nayarit, sin que su familia, radicada en San Luis Potosí, fuera notificada Durante 72 horas, sólo los responsables de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) sabían en dónde y cómo se encontraba el detenido
Sometido a tratamiento por males cardiacos y de próstata, a Martínez Perea, de 63 años, último de los generales de brigada tácticos ?es decir, no Diplomado del Estado Mayor (DEM)? se le impidió comunicarse con sus familiares, algunos de los cuales también pertenecen al Ejército
Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1699 que empezó a circular el domingo 24 de mayo

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