ONG exigen a Calderón reactivar Fiscalía del Pasado

miércoles, 27 de mayo de 2009
MÉXICO, DF, 27 de mayo (apro) - Defensores de derechos exigieron al gobierno de Felipe Calderón la reactivación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), con el objetivo de cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU) en la materia
En un comunicado, las ONG reclamaron al gobierno federal atienda ocho recomendaciones pendientes de respuesta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellas la del restablecimiento de la Femospp, suprimida justo el último día de gobierno del panista Vicente Fox
         Y es que en la pasada reunión del Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos, llevada a cabo en febrero en Ginebra, Suiza, de 91 recomendaciones formuladas al Estado mexicano, éste se reservó ocho para darles una respuesta a más tardar el próximo 11 de junio, fecha en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobará un informe definitivo
         Entre las reservas destaca: acotar el fuero de guerra a temas exclusivos de la disciplina militar, para que sean autoridades civiles las que aborden las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses; armonizar la Constitución y las legislaciones locales a estándares internacionales de protección a derechos humanos
Eliminar además la figura del arraigo; armonizar la definición de crimen organizado con la Convención de Palermo; erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres, así como continuar con las investigaciones y sancionar a los responsables de los 'feminicidios'
         También se recomendó erradicar la tortura; proteger a los periodistas para garantizar la libertad de expresión y sancionar a los responsables de las agresiones sufridas contra los comunicadores, así como garantizar la pluralidad y diversidad en el acceso a medios
Así mismo, desplegar acciones concretas y efectivas para combatir la impunidad, entre ellas restablecer la Femospp o una oficina similar que aborde los crímenes del pasado
         Julio Mata Montiel, secretario técnico de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de México (Afadem), destacó que la exigencia de que se conozca públicamente la respuesta del Estado mexicano, tiene el objetivo de que "los temas sean discutidos por las organizaciones y las víctimas, sobre todo en los casos de crímenes del pasado"
         Luego de señalar que la Afadem contabiliza mil 200 desapariciones forzadas durante la guerra sucia de los años setenta y ochenta, Mata Montiel señaló que la supresión de la Femospp el 30 de noviembre de 2006 "no tuvo sustento jurídico, porque la razón de ser de esa dependencia creada por Fox no se cumplió, que era el esclarecimiento de los crímenes del pasado, que son de lesa humanidad y continuados"
         Las ONG recuerdan que, el 26 de marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón ratificó la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de la Femospp, y desde entonces las investigaciones quedaron bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Investigación, donde "no han tenido mayor avance"
         Se indica que durante la presente administración "no se ha dado una explicación sobre cómo se investigarán los delitos del pasado, aunque en los hechos se ha dejado que prevalezca la impunidad"
         La falta de eficacia de la Femospp, recordó Mata, permitió que el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, a manos de los militares en 1972, fuera admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y que el tema incluso se lleve a discusión en julio próximo
         Las organizaciones, puntualizó, reclaman que la "Secretaría de Gobernación convoque a un debate sobre la respuesta que tiene que dar a la ONU, con la finalidad de que el Estado mexicano asuma sus compromisos internacionales"
         "Nuestra propuesta ?agregó-- es que se cree una figura como la Femospp, pero que además cuente con asesoría técnica y la supervisión de la ONU, así como de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, para evitar que el Estado sea juez y parte, porque se trata de delitos de lesa humanidad cometidos por el propio Estado"
         En tanto Raúl Álvarez Garín, del Comité 68, manifestó que las recomendaciones del EPU reflejan la preocupación de la comunidad internacional por la situación de los derechos humanos en México, sobre todo porque prevalece la impunidad en delitos del pasado
         Dijo que la indiferencia del gobierno de Calderón para dar respuesta a la ONU puede deberse a que sus resoluciones "no tienen carácter obligatorio, como sí lo tendrá el dictamen final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla
         "Lo que ahí se resuelva tiene efecto para todos nosotros La resolución de la Corte, las recomendaciones a que se llegue sobre las desapariciones en Guerrero, obliga a que todos los casos similares puedan obtener justicia pronto y se dinamice el proceso", apuntó
         Entre las organizaciones que avalaron el pronunciamiento, destacan el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, Fundación Diego Lucero, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Nacidos en la Tempestad y Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos"

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