MONTERREY, N L 18 de junio (apro)- Los 11 policías de los municipios de Escobedo y San Nicolás detenidos por elementos del Ejército mexicano fueron arraigados hoy, en medio de protestas de organismos defensores de los derechos humanos que calificaron ilegal el operativo efectuado la noche del pasado miércoles

         Y es que el convoy militar detuvo a cinco policías municipales de Escobedo justo cuando realizaban el cambio de turno Horas más tarde, los soldados irrumpieron en las viviendas de otros seis policías Sin embargo, los militares no contaban con judicial para llevar a cabo la detención ni para incursionar en las viviendas, denunció el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

         Por su parte, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León informó a través de un comunicado que después del operativo un juez local instruyó el arraigo a 11 policías, presuntamente implicados en las protestas del pasado 8 de junio, cuando el Ejército detuvo a Aurora Aída Villarreal Loredo, una agente de San Nicolás supuestamente ligada al grupo de Los Zetas

         El propósito de los policías al bloquear varias avenidas en hora pico, era facilitar que un convoy de Los Zetas "rescatara a la agente, según informó la semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad

         Los bloqueos terminaron en una confrontación entre policías municipales con policías federales que intentaban removerlos, quienes, a su vezm se encañonaron con policías estatales que llegaron a darles apoyo, pero sin aviso previo

         De la policía de San Nicolás fue arraigado Anacleto Gámez Luna, mientras que de Escobedo, el comandante Mario Alonso Carmona González y los policías Daniel Pérez Tolentino, Francisco Cruz Hernández, Josué Moisés Palacios Castillo, Omar González Zepeda, Alejandro Orozco Coronado, José Raúl Oliva Ramírez, Julio César Bernal Rodríguez, Joao José Luis Rodríguez Corpus y José Antonio Segura Morales

         Consuelo Morales Elizondo, coordinadora del CADHAC, dijo a Apro ue los operativos del Ejército en los cuerpos de seguridad pública se han desarrollado de manera ilegal, pues ahora, además de las revisiones en los edificios de las policías, irrumpen en los domicilios particulares sin orden judicial para el ingreso ni la detención

         Además, recordó que a los detenidos, se les conduce al cuartel de la Séptima Zona Militar, donde supuestamente se desarrollan las diligencias ministeriales, pero son encausados en el fuero común, por lo que la participación del Ejército en los operativos carece de fundamentos jurídicos

         "El problema es que esto se ha vuelto tan frecuente que los ciudadanos los aceptan como parte de la normalidad judicial, cuando son acciones al margen de la ley y violan las garantías constitucionales", dijo la activista