Demandan intervención de la ONU por abusos militares en México
MEXICO, D F, 2 de junio (apro)- Organizaciones de derechos humanos demandaron la intervención de un relator especial de la ONU ante el gobierno de Felipe Calderón, para acabar con los abusos militares y poner fin al fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos contra civiles
Durante la XI Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); la Comisión Internacional Juristas (CIJ); Human Rights Watch (HRW), y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expusieron al Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Leandro Despouy, su preocupación de que en México "los tribunales y agentes del Ministerio Público militares rutinariamente investigan a los militares acusados de cometer derechos humanos", situación que, dijeron, viola el derecho internacional y la Constitución de México
De acuerdo con un comunicado del Prodh, las organizaciones no gubernamentales acudieron al diálogo con el relator Despouy, espacio que en cada sesión se abre durante la comparecencia de los relatores especiales durante las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que este año se realiza del 2 al 18 de junio
Según el comunicado, en marzo pasado, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Despouy presentó el Proyecto de Principios sobre Administración de Justicia por los Tribunales Militares, en el que se afirma que "la competencia de los órganos judiciales militares debería excluirse a favor de los tribunales de justicia ordinarios para instruir diligencias sobre violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, y para perseguir y juzgar a los autores de esos crímenes"
La intervención de esas organizaciones tiene relevancia debido a que, el próximo 11 de junio, el gobierno de Felipe Calderón tendrá que dar respuesta a ocho recomendaciones pendientes, que fueron hechas durante la reunión del Examen Periódico Universal (EPU)
Nueve días antes de que el gobierno de Calderón, a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, comparezca ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones no gubernamentales aprovecharon el espacio con el relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Leandro Despouy para invitarlo a México y corroborar sus quejas
En la carta entregada señalaron que, desde que Calderón asumió el poder, en diciembre de 2006, "desplegó miles de tropas para el combate al tráfico de drogas y el crimen organizado", además de que "las quejas de presunto abusos militares recibidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han incrementado en 600 por ciento", tomando en cuenta que en 2006 se reportaron 182 quejas contra las fuerzas castrenses y en 2008 la cifra se elevó a mil 230
Explicaron que lo que impera en esos casos es la impunidad, debido a que es el propio Ejército el que investiga "incluso las más flagrantes violaciones a derechos humanos? violaciones sexuales, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura, mediante un sistema que carece de garantías básicas para asegurar su independencia e imparcialidad"
Resaltaron que, de acuerdo con datos de la misma Procuraduría de Justicia Militar, en los últimos dos años "sólo se han consignado menos de 10% de los casos, que involucran crímenes de soldados en contra de civiles", además de que en los últimos 10 años, ningún militar "ha sido condenado por los tribunales militares" por violaciones a derechos humanos
Las organizaciones recordaron que en el Examen Periódico Universal en febrero de 2009, "siete Estados recomendaron que el Estado mexicano limite el uso de la jurisdicción militar y excluya los crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos de su esfera de competencia, recomendaciones que siguen pendientes por parte del gobierno mexicano"
Señalaron que, de 91 recomendaciones hechas a México en el EPU, el gobierno de Calderón se reservó las que tienen que ver con la actuación para combatir al narcotráfico; reformar la definición de delincuencia organizada; abolir la práctica del arraigo, supremacía del sistema de justicia civil frente al fuero militar, y que la justicia civil juzgue violaciones a derechos humanos
Dijeron que el gobierno mexicano también se reservó las indicaciones internacionales de acatar las recomendaciones del Comité Contra la Tortura, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, para que las violaciones a derechos humanos perpetradas por militares sean juzgadas en el fuero civil; que los militares se apeguen al respeto a derechos humanos si llevan a cabo investigaciones en materia de crimen organizado, y restablecer la fiscalía especial para delitos del pasado o crear una con funciones similares
Ante la actuación del gobierno calderonista en la protección a las fuerzas castrenses contra las normas internacionales, esos organismos solicitaron a Leandro Despouy una visita a México para "abordar este asunto urgente"
Durante la XI Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); la Comisión Internacional Juristas (CIJ); Human Rights Watch (HRW), y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expusieron al Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Leandro Despouy, su preocupación de que en México "los tribunales y agentes del Ministerio Público militares rutinariamente investigan a los militares acusados de cometer derechos humanos", situación que, dijeron, viola el derecho internacional y la Constitución de México
De acuerdo con un comunicado del Prodh, las organizaciones no gubernamentales acudieron al diálogo con el relator Despouy, espacio que en cada sesión se abre durante la comparecencia de los relatores especiales durante las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que este año se realiza del 2 al 18 de junio
Según el comunicado, en marzo pasado, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Despouy presentó el Proyecto de Principios sobre Administración de Justicia por los Tribunales Militares, en el que se afirma que "la competencia de los órganos judiciales militares debería excluirse a favor de los tribunales de justicia ordinarios para instruir diligencias sobre violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, y para perseguir y juzgar a los autores de esos crímenes"
La intervención de esas organizaciones tiene relevancia debido a que, el próximo 11 de junio, el gobierno de Felipe Calderón tendrá que dar respuesta a ocho recomendaciones pendientes, que fueron hechas durante la reunión del Examen Periódico Universal (EPU)
Nueve días antes de que el gobierno de Calderón, a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, comparezca ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones no gubernamentales aprovecharon el espacio con el relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Leandro Despouy para invitarlo a México y corroborar sus quejas
En la carta entregada señalaron que, desde que Calderón asumió el poder, en diciembre de 2006, "desplegó miles de tropas para el combate al tráfico de drogas y el crimen organizado", además de que "las quejas de presunto abusos militares recibidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han incrementado en 600 por ciento", tomando en cuenta que en 2006 se reportaron 182 quejas contra las fuerzas castrenses y en 2008 la cifra se elevó a mil 230
Explicaron que lo que impera en esos casos es la impunidad, debido a que es el propio Ejército el que investiga "incluso las más flagrantes violaciones a derechos humanos? violaciones sexuales, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura, mediante un sistema que carece de garantías básicas para asegurar su independencia e imparcialidad"
Resaltaron que, de acuerdo con datos de la misma Procuraduría de Justicia Militar, en los últimos dos años "sólo se han consignado menos de 10% de los casos, que involucran crímenes de soldados en contra de civiles", además de que en los últimos 10 años, ningún militar "ha sido condenado por los tribunales militares" por violaciones a derechos humanos
Las organizaciones recordaron que en el Examen Periódico Universal en febrero de 2009, "siete Estados recomendaron que el Estado mexicano limite el uso de la jurisdicción militar y excluya los crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos de su esfera de competencia, recomendaciones que siguen pendientes por parte del gobierno mexicano"
Señalaron que, de 91 recomendaciones hechas a México en el EPU, el gobierno de Calderón se reservó las que tienen que ver con la actuación para combatir al narcotráfico; reformar la definición de delincuencia organizada; abolir la práctica del arraigo, supremacía del sistema de justicia civil frente al fuero militar, y que la justicia civil juzgue violaciones a derechos humanos
Dijeron que el gobierno mexicano también se reservó las indicaciones internacionales de acatar las recomendaciones del Comité Contra la Tortura, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, para que las violaciones a derechos humanos perpetradas por militares sean juzgadas en el fuero civil; que los militares se apeguen al respeto a derechos humanos si llevan a cabo investigaciones en materia de crimen organizado, y restablecer la fiscalía especial para delitos del pasado o crear una con funciones similares
Ante la actuación del gobierno calderonista en la protección a las fuerzas castrenses contra las normas internacionales, esos organismos solicitaron a Leandro Despouy una visita a México para "abordar este asunto urgente"
