Denuncian en la ONU omisiones del gobierno mexicano en caso Atenco
MÉXICO, DF, 3 de junio (apro-cimac) - Las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de San Salvador Atenco, Estado de México, así como la impunidad sobre esos abusos, fueron evidenciadas este día en la sesión interactiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CoDH), donde organismos no gubernamentales acusaron a las autoridades mexicanas de ser omisas en la impartición de justicia
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) informó, en un comunicado, que su directora del Área de Relaciones Internacionales, Madeleine Penman, leyó este día un pronunciamiento ante la relatora especial contra la violencia hacia la mujer, Yakin Ertürk
En el pronunciamiento, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD por sus siglas en inglés), junto con el Prodh, hicieron un llamado a la justicia en Atenco, al que calificaron de "caso paradigmático" que evidencia "cómo en México se usa la tortura sexual como herramienta de represión hacia las mujeres"
Las ONG acusaron a las autoridades mexicanas de no haber hecho ninguna consignación por los abusos sexuales y violaciones cometidos por elementos policiacos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, contra 26 de 47 mujeres detenidas durante los operativos para desalojar al campesinado que comerciaba flores en la localidad
Así mismo, denunciaron que a tres años de los hechos y de haber denunciado ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), ésta tampoco ha actuado, pese a contar con elementos suficientes para consignar a los presuntos responsables de esos abusos
Tampoco, dijo la responsable de las cuestiones internacionales del Prodh, se han acatado las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Cabe recordar que la primera recomendación internacional hecha al gobierno mexicano fue a cinco meses de realizados los operativos, en octubre de 2006, por el CAT, instancia que reconoció --a través del Protocolo de Estambul-- la existencia de tortura y señalando al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su "obligación" reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias
El mismo delito de tortura fue reconocido también en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), en junio de 2006, donde señalaban la existencia de ésta durante los operativos para desalojar a los floristas mexiquenses
Otros organismos internacionales de derechos humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Amnistía Internacional (AI), y la propia ONU, han pedido en reiteradas ocasiones al Estado mexicano castigo para los responsables y justicia para las mujeres
Así mismo, las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al gobierno mexicano otorgar a la entonces Fevim, presidida por la exfiscal Alicia Elena Pérez Duarte, la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco
No obstante, tres años después, la Fevim desapareció, su titular renunció y la ahora responsable de la Fevimtra, Guadalupe Morfín Otero, por cierto extitular de la comisión especial encargada de investigar el feminicidio en Ciudad Juárez, ha evadido reunirse con las mujeres, al pretextar que tiene que hacer una nueva revisión del caso
Por ello, recordó Penman ante el Consejo de ONU, el Prodh asumió la defensa legal de once mujeres que en abril de 2008 presentaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea admitida y así obtener justicia
Reiteraron ante el pleno del Consejo que, a más de tres años de ocurridos los hechos, la justicia se encuentra ausente para las mujeres violadas por policías, ya que de los 20 procesados sólo algunos fueron acusados por delitos menores como abuso de autoridad y actos libidinosos, por lo que no purgaron condenas en la cárcel y por el contrario obtuvieron su libertad bajo caución, mientras que quienes ordenaron el operativo permanecen en la impunidad
Ante este panorama, hicieron un llamado a la relatora especial sobre la violencia contra la mujer para que visite próximamente México y conozca de primera mano los hechos
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) informó, en un comunicado, que su directora del Área de Relaciones Internacionales, Madeleine Penman, leyó este día un pronunciamiento ante la relatora especial contra la violencia hacia la mujer, Yakin Ertürk
En el pronunciamiento, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD por sus siglas en inglés), junto con el Prodh, hicieron un llamado a la justicia en Atenco, al que calificaron de "caso paradigmático" que evidencia "cómo en México se usa la tortura sexual como herramienta de represión hacia las mujeres"
Las ONG acusaron a las autoridades mexicanas de no haber hecho ninguna consignación por los abusos sexuales y violaciones cometidos por elementos policiacos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, contra 26 de 47 mujeres detenidas durante los operativos para desalojar al campesinado que comerciaba flores en la localidad
Así mismo, denunciaron que a tres años de los hechos y de haber denunciado ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), ésta tampoco ha actuado, pese a contar con elementos suficientes para consignar a los presuntos responsables de esos abusos
Tampoco, dijo la responsable de las cuestiones internacionales del Prodh, se han acatado las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Cabe recordar que la primera recomendación internacional hecha al gobierno mexicano fue a cinco meses de realizados los operativos, en octubre de 2006, por el CAT, instancia que reconoció --a través del Protocolo de Estambul-- la existencia de tortura y señalando al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su "obligación" reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias
El mismo delito de tortura fue reconocido también en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), en junio de 2006, donde señalaban la existencia de ésta durante los operativos para desalojar a los floristas mexiquenses
Otros organismos internacionales de derechos humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Amnistía Internacional (AI), y la propia ONU, han pedido en reiteradas ocasiones al Estado mexicano castigo para los responsables y justicia para las mujeres
Así mismo, las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al gobierno mexicano otorgar a la entonces Fevim, presidida por la exfiscal Alicia Elena Pérez Duarte, la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco
No obstante, tres años después, la Fevim desapareció, su titular renunció y la ahora responsable de la Fevimtra, Guadalupe Morfín Otero, por cierto extitular de la comisión especial encargada de investigar el feminicidio en Ciudad Juárez, ha evadido reunirse con las mujeres, al pretextar que tiene que hacer una nueva revisión del caso
Por ello, recordó Penman ante el Consejo de ONU, el Prodh asumió la defensa legal de once mujeres que en abril de 2008 presentaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea admitida y así obtener justicia
Reiteraron ante el pleno del Consejo que, a más de tres años de ocurridos los hechos, la justicia se encuentra ausente para las mujeres violadas por policías, ya que de los 20 procesados sólo algunos fueron acusados por delitos menores como abuso de autoridad y actos libidinosos, por lo que no purgaron condenas en la cárcel y por el contrario obtuvieron su libertad bajo caución, mientras que quienes ordenaron el operativo permanecen en la impunidad
Ante este panorama, hicieron un llamado a la relatora especial sobre la violencia contra la mujer para que visite próximamente México y conozca de primera mano los hechos
