Entregan a la CIDH reporte definitivo sobre feminicidios en Ciudad Juárez
MÉXICO, DF, 3 de junio (apro-cimac) - El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máximo órgano de justicia en la región, los últimos documentos donde expresan su postura sobre el caso de las mujeres asesinadas en las ciudades de Juárez y Chihuahua
El también conocido como juicio del "Campo algodonero", primer caso de feminicidio por el cual el Estado mexicano está siendo juzgado por la CoIDH, verá su desenlace en agosto próximo, cuando esa instancia emita una pre-sentencia
La documentación contribuirá con información para que la Corte decida si el Estado mexicano es responsable por la violación y asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2001 en el predio conocido como "Campo algodonero" de Ciudad Juárez, Chihuahua
Al cuerpo de documentos entregado se le denomina amicus curiae ("amigo de la Corte o del tribunal"), y contiene las opiniones y recomendaciones que realizan terceras personas ante un litigio
Habitualmente se presentan en juicios donde se pone en juego uno o varios derechos fundamentales de las víctimas, destacadamente sus garantías humanas
Violencia e impunidad institucional
Es común que quienes entreguen el amicus curiae sean organizaciones civiles importantes, como en este caso, en que la OCNF y la OMCT se han unido a las madres de las víctimas para lograr justicia, y los documentos pueden no tener carácter legal, pero sí ofrecen un panorama histórico, económico o sociológico más amplio del asunto
En su amicus curiae, el OCNF relata el contexto de violencia e impunidad imperante en Ciudad Juárez, lo que originó la creación de ese organismo como respuesta a la insuficiente atención de las instancias gubernamentales ante esta situación
Además, indica la irresponsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Mujer de Chihuahua la cual, según sus observaciones, ha omitido en los casos de feminicidio su deber legal de ofrecer opciones para una correcta integración de las averiguaciones previas y, por ende, una apropiada investigación
El Observatorio, así mismo, explica que hay una fuerte intención política de la fiscalía por minimizar la problemática del feminicidio, pues hace uso de su facultad discrecional para determinar que no existe tal fenómeno en la entidad, ocultándolo con términos penales poco o nada relacionados con la violencia sistemática que conforma ese fenómeno
A ello se agrega, manifiesta el OCNF, el no acceso de la ciudadanía a la información generada por las investigaciones de los casos, por lo que es imposible cotejar las fuentes y la consistencia en los datos manejados por la fiscalía
El Observatorio brinda como ejemplo de esto los informes emitidos por la fiscalía hace cuatro años, los cuales dieron por concluidas las investigaciones en torno a los feminicidios de 1993 a 2005, aun con todas las inconsistencias registradas durante esos doce años
Con esos argumentos, subraya el OCNF, el Estado mexicano informó a los organismos internacionales que atrajo al fuero federal 24 casos contenidos en 14 averiguaciones previas, esto es, que el Ejecutivo federal realizaría investigaciones ministeriales sobre dichos casos, entre los cuales se hallaba el de "Campo algodonero"
Sin embargo, el 30 de junio de 2006 dichos expedientes fueron regresados a la Procuraduría de Chihuahua sin explicación pública ni resultados en la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR)
Es decir, concluye el Observatorio, no hay un solo caso de feminicidio que esté siendo investigado actualmente por el fuero federal
El Estado "no garantiza derechos"
Por su parte la OMCT, junto con la organización civil Track Impunity Always, asentó en su amicus curiae, entregado el domingo anterior, la importancia del derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y la dignidad, derechos que, acentúa firmemente, no fueron garantizados por el Estado mexicano en el caso de las víctimas de "Campo algodonero"
La OMCT subraya la presencia del derecho a la integridad personal en varios instrumentos nacionales e internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y reconoce que las mujeres son la población más propensa a ser violentada en esa garantía, por el simple hecho de su género
A este respecto, expresa que los Estados tienen la obligación de prestar especial atención a esta problemática y de tomar medidas efectivas para erradicarla por medio de la prevención, la investigación y el castigo, campos en los que México seguirá presentando irregularidades de no desplegar políticas contundentes para erradicar la violencia contra la mujer
La organización acota además que la violación sexual ejercida contra una mujer (reconocida por el derecho internacional como un acto de tortura) y otras agresiones sexuales graves, como las sufridas por la mayoría de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, constituyen un comportamiento prohibido por la Corte
Debido a esto, México tiene que ser castigado por ser el principal responsable de las violaciones y asesinatos de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice
Finalmente, dice la OMCT, la Corte debe tomar en cuenta, como siempre lo ha hecho, que las víctimas del caso "Campo algodonero" son todas mujeres y, de acuerdo a su perspectiva sensible al género femenino, la indemnización de los daños debe ser suficiente, o incluso mayor, por el daño inmaterial ocasionado a las familias de las tres jóvenes
El también conocido como juicio del "Campo algodonero", primer caso de feminicidio por el cual el Estado mexicano está siendo juzgado por la CoIDH, verá su desenlace en agosto próximo, cuando esa instancia emita una pre-sentencia
La documentación contribuirá con información para que la Corte decida si el Estado mexicano es responsable por la violación y asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2001 en el predio conocido como "Campo algodonero" de Ciudad Juárez, Chihuahua
Al cuerpo de documentos entregado se le denomina amicus curiae ("amigo de la Corte o del tribunal"), y contiene las opiniones y recomendaciones que realizan terceras personas ante un litigio
Habitualmente se presentan en juicios donde se pone en juego uno o varios derechos fundamentales de las víctimas, destacadamente sus garantías humanas
Violencia e impunidad institucional
Es común que quienes entreguen el amicus curiae sean organizaciones civiles importantes, como en este caso, en que la OCNF y la OMCT se han unido a las madres de las víctimas para lograr justicia, y los documentos pueden no tener carácter legal, pero sí ofrecen un panorama histórico, económico o sociológico más amplio del asunto
En su amicus curiae, el OCNF relata el contexto de violencia e impunidad imperante en Ciudad Juárez, lo que originó la creación de ese organismo como respuesta a la insuficiente atención de las instancias gubernamentales ante esta situación
Además, indica la irresponsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Mujer de Chihuahua la cual, según sus observaciones, ha omitido en los casos de feminicidio su deber legal de ofrecer opciones para una correcta integración de las averiguaciones previas y, por ende, una apropiada investigación
El Observatorio, así mismo, explica que hay una fuerte intención política de la fiscalía por minimizar la problemática del feminicidio, pues hace uso de su facultad discrecional para determinar que no existe tal fenómeno en la entidad, ocultándolo con términos penales poco o nada relacionados con la violencia sistemática que conforma ese fenómeno
A ello se agrega, manifiesta el OCNF, el no acceso de la ciudadanía a la información generada por las investigaciones de los casos, por lo que es imposible cotejar las fuentes y la consistencia en los datos manejados por la fiscalía
El Observatorio brinda como ejemplo de esto los informes emitidos por la fiscalía hace cuatro años, los cuales dieron por concluidas las investigaciones en torno a los feminicidios de 1993 a 2005, aun con todas las inconsistencias registradas durante esos doce años
Con esos argumentos, subraya el OCNF, el Estado mexicano informó a los organismos internacionales que atrajo al fuero federal 24 casos contenidos en 14 averiguaciones previas, esto es, que el Ejecutivo federal realizaría investigaciones ministeriales sobre dichos casos, entre los cuales se hallaba el de "Campo algodonero"
Sin embargo, el 30 de junio de 2006 dichos expedientes fueron regresados a la Procuraduría de Chihuahua sin explicación pública ni resultados en la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR)
Es decir, concluye el Observatorio, no hay un solo caso de feminicidio que esté siendo investigado actualmente por el fuero federal
El Estado "no garantiza derechos"
Por su parte la OMCT, junto con la organización civil Track Impunity Always, asentó en su amicus curiae, entregado el domingo anterior, la importancia del derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y la dignidad, derechos que, acentúa firmemente, no fueron garantizados por el Estado mexicano en el caso de las víctimas de "Campo algodonero"
La OMCT subraya la presencia del derecho a la integridad personal en varios instrumentos nacionales e internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y reconoce que las mujeres son la población más propensa a ser violentada en esa garantía, por el simple hecho de su género
A este respecto, expresa que los Estados tienen la obligación de prestar especial atención a esta problemática y de tomar medidas efectivas para erradicarla por medio de la prevención, la investigación y el castigo, campos en los que México seguirá presentando irregularidades de no desplegar políticas contundentes para erradicar la violencia contra la mujer
La organización acota además que la violación sexual ejercida contra una mujer (reconocida por el derecho internacional como un acto de tortura) y otras agresiones sexuales graves, como las sufridas por la mayoría de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, constituyen un comportamiento prohibido por la Corte
Debido a esto, México tiene que ser castigado por ser el principal responsable de las violaciones y asesinatos de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice
Finalmente, dice la OMCT, la Corte debe tomar en cuenta, como siempre lo ha hecho, que las víctimas del caso "Campo algodonero" son todas mujeres y, de acuerdo a su perspectiva sensible al género femenino, la indemnización de los daños debe ser suficiente, o incluso mayor, por el daño inmaterial ocasionado a las familias de las tres jóvenes
