MÉXICO, D F, 8 de junio (apro)- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) prepara varias recomendaciones para el gobierno que encabeza Marcelo Ebrard, relacionadas con la administración de los reclusorios en la capital del país, anunció el presidente del organismo, Emilio Álvarez Icaza
         Uno de los temas más críticos de la agenda de los derechos humanos en el Distrito Federal es la manera en que se manejan los penales, dijo Álvarez Icaza en entrevista
         Al término de la instalación del Consejo Académico de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, Álvarez Icaza destacó que las recomendaciones que serán emitidas están relacionadas con el desempeño del Grupo Táctico Tiburón, con maltratos a los internos, con la seguridad ante la muerte de algunos reclusos y la salud, entre otros temas
         El ombudsman dio a conocer también que "cabildea" la aprobación de una iniciativa de Ley Penitenciaria que tiene como finalidad acabar con el "abuso de la pena privativa de la libertad", de tal manera que estén en reclusión sólo aquellos presuntos delincuentes acusados de un delito grave o que ponga en riesgo a la ciudad
         Álvarez Icaza apuntó que entre las reformas que se requieren en el sistema penitenciario es la capacitación o profesionalización de los custodios
         "Uno de los temas claves en el sistema penitenciario es contar con un sistema profesional, porque hoy por hoy en muchas ocasiones los custodios son mucho más parte del problema que la solución
         "Hay una enorme cantidad de denuncias por corrupción, malos ratos, abusos o de vejaciones por parte de los familiares en el trato que reciben de los custodios", resaltó
         De acuerdo con información de la CDHDF, en la capital del país hay 40 mil reclusos internos en instalaciones carcelarias que tienen capacidad para 20 mil; la mayoría de los internos carece de recursos para sostener una defensa adecuada; 60% son menores de 30 años, y  la mayoría proviene de hogares pobres y sin oportunidades
         El organismo destaca que la reforma legislativa que promueve Álvarez Icaza pretende acabar con los problemas estructurales del sistema penitenciario: sobre población, corrupción, imposibilidad de la reinserción social y las constantes violaciones a derechos humanos