Demandan a Obama congelar el Plan Mérida

jueves, 16 de julio de 2009 · 01:00
MÉXICO, DF, 16 de julio (apro) - Defensores de derechos demandaron al presidente estadunidense Barack Obama congelar el Plan Mérida ante la persistencia de abusos cometidos por militares y a la negativa del gobierno de Felipe Calderón para llevar al fuero civil a los responsables de esas violaciones a las garantías fundamentales
         En una carta, las ONG mexicanas Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), y Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, así como las estadunidenses Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y Latin America Working Group Education Fund, anunciaron que enviarán al Congreso y Departamento de Estado un expediente con casos recientes de violaciones a derechos humanos cometidas por tropas del Ejército Mexicano
         El reporte, destacan las agrupaciones, incluye casos de desapariciones forzadas; torturas contra policías de Tijuana, Baja California; disparos de soldados contra un camión de pasajeros en Guerrero, hechos que derivaron en el asesinato de un civil, así como una incursión castrense en comunidades guerrerenses, donde militares torturaron y amenazaron a los pobladores
         En un comunicado, las ONG recuerdan que el año pasado el Congreso estadunidense aprobó un paquete de mil 400 millones de dólares para la instrumentación de la Iniciativa Mérida, y parte de esos recursos se destinarán a México para que adquiriera helicópteros, aviones, equipos, capacitación y otros bienes y servicios para las fuerzas de seguridad encargadas del combate al narcotráfico
         Subrayan que, en junio de 2008, el Congreso estadunidense condicionó 15% de los fondos a la presentación de un informe del Departamento de Estado sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y el avance de las investigaciones en el caso del asesinato del periodista Bradley Will, muerto en Oaxaca durante la represión a las movilizaciones populares de 2006
         Los activistas consideraron que el incremento de las denuncias contra los abusos de las fuerzas de seguridad, y en especial militares, "proviene directamente de la insistencia del presidente Felipe Calderón en las operaciones de gran visibilidad, operaciones que han fracasado para lograr beneficios sostenibles o claros en la seguridad pública, y se han producido a expensas de otras medidas destinadas a combatir las causas estructurales del delito o de la creación de instituciones"
         Cuestionaron la resistencia del gobierno de Calderón en los órganos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que los casos de violaciones a derechos cometidos por militares contra civiles, dejen de ser atraídos por el fuero militar, ámbito que se ha distinguido por "la falta total de transparencia", por lo que persiste la "incertidumbre sobre si esos abusos se están o no investigando"
En cuanto al caso del reportero estadunidense, las ONG sostienen que "el gobierno mexicano no ha logrado avanzar de manera significativa en la investigación, el enjuiciamiento o sanción a los responsables del caso Bradley Will"
         Luego de destacar que la asistencia estadunidense se da en momentos en que se registran más de 3 mil 500 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico y al tiempo que se han sextuplicado las denuncias contra elementos del Ejército Mexicano en la Comisión Nacional de Derechos Humanos ?de 182 quejas en 2006 se pasó a mil 230 el año pasado--, las organizaciones resaltaron los inconvenientes de entregar los fondos del Plan Mérida a México
         "Decenas de organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos han levantado sus voces en los últimos años para subrayar el mensaje perjudicial que podría enviar Estados Unidos a México y al mundo, si canaliza vehículos y equipo para las fuerza de seguridad de México, mientras ignora la gravedad de las violaciones de derechos humanos que cometen estas fuerzas", destacan las ONG
         Los activistas aseguran que si el gobierno de Barack Obama decide liberar 15% de los recursos del Plan Mérida, pasando por alto las alertas que agrupaciones de derechos humanos envían, "eso obstaculiza, no ayuda en los esfuerzos de México para lograr mejoras duraderas para la seguridad pública"
         Por último, emplazaron al gobierno estadunidense a demostrar "su compromiso con los derechos fundamentales", reteniendo esos fondos y "teniendo en cuenta que México no ha demostrado avances en las áreas identificadas de derechos humanos, en particular dada la negativa abierta del gobierno para llevar a la jurisdicción civil a los soldados implicados en graves violaciones de los derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas"

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