MONTERREY, N L, 20 de julio (apro)- El gobernador Natividad González Parás vetó las reformas enviadas por el Congreso local que endurecen las penas contra las personas que recurran al aborto
González Parás argumentó que los diputados establecieron "un paralelismo ficticio de Nuevo León con el Distrito Federal", donde se despenalizó ya esta práctica
Mediante un oficio fechado el 15 de julio, pero entregado hasta hoy a la diputación local, el gobernador reprochó a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del estado que haya aprobado modificaciones al Código Penal de la entidad "sin aportar datos duros, en términos cuantitativos o cualitativos"
Consideró injustificados los argumentos para aumentar las sanciones; explicó que de acuerdo con el Decreto 398 presentado por el Congreso, dominado por el Partido Acción Nacional, "Nuevo León, se encamina a una despenalización del aborto y para detener esa orientación se hace necesario sancionar con mayor gravedad a las personas que incurran en la comisión de ese delito"
Sin embargo, afirmó el Ejecutivo, la comisión dictaminadora de la propuesta hace injustificadamente "afirmaciones motivadas por la reforma al Código Penal del Distrito Federal, extrapolando su percepción de la misma, a la situación que prevalece en Nuevo León sobre el tema del aborto"
Este es el veto 23 que el gobernador de Nuevo León impone a una iniciativa aprobada por la actual legislatura
La reforma, que fue planteada por el diputado federal del PAN Enrique Barrios, aprobada en el pleno, y enviada el Ejecutivo para su aprobación el 29 de junio, modifica los artículos 329 y 330 del Código Penal de Nuevo León
Actualmente, se aplica pena corporal de 1 a 3 años de prisión a quién haga abortar a una mujer sin su consentimiento; la reforma impone un castigo de 3 a 5 años
En el caso de que se haga el aborto con consentimiento, la pena actual es de 3 a 6  años, y se modificó de 4 a 7 años
Cuando el aborto es cometido mediante violencia física y moral la sanción es de 4 a 9 años Con la reforma se elevó a un rango de 6 a 10
La iniciativa establece la misma sanción penal de los tres casos anteriores para los médicos, parteros o comadronas que practiquen un aborto, así como la suspensión de su servicio profesional equivalente a la condena recibida, y no de 2 a 5 años, como lo señala actualmente la ley
González Parás argumentó que "aumentar las penas (a médicos, cirujanos, parteros y comadronas) en estos supuestos solamente aumentará el riesgo de la mujer que se practique un aborto, ante la necesidad de acudir con gente sin ninguna preparación, en lugares clandestinos e insalubres, o inclusive en la práctica autoabortiva de la mujer"
"El aumento en la pena no traerá ninguna consecuencia positiva respecto de la protección de la vida del ser en gestación; por el contrario, sí traería consecuencias negativas respecto de la salud de la mujer que lo practicara", agregó
El dictamen fue regresado a la Comisión de Justicia y seguridad Pública para su análisis
El diputado local del PAN, José Manuel Guajardo Canales, lamentó el veto del gobernador, a quien calificó como una persona "sin respeto a la vida", por rechazar esta iniciativa que buscaba, "precisamente, proteger a los indefensos"
Así mismo, señaló que él está en contra de la despenalización aprobada en el Distrito Federal
"Es la diferencia entre una legislatura perredista y una panista Ya vimos cuál es la ideología que tiene el gobernador (González Parás) que se apega más a los planteamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que no son acordes a la costumbre, idiosincrasia y manera de pensar del nuevoleonés", afirmó el presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quien se declaró antiabortista