JALAPA, Ver , 21 de julio (apro)- El Congreso local autorizó al gobernador Fidel Herrera Beltrán ceder al gobierno federal el uso del Centro de Readaptación Social "Pericles Namorado Urrutia", ubicado en el municipio de Villa Aldama, por un periodo no mayor a un año y medio

         La cesión de los derechos del penal de Villa Aldama ?de mediana seguridad y donde han sido recluidos reos de alta peligrosidad--, se formalizará a través de un convenio de colaboración entre los gobiernos federal y estatal, dentro del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

         Según el dictamen de la Comisión de Hacienda del estado, aprobado por unanimidad en la sesión del Congreso local, la medida permitirá a la administración estatal dejar de gastar 200 millones de pesos anuales para el sostenimiento de dicho penal

         Estos recursos serán invertidos en "obras y acciones de beneficio social", se argumenta en la solicitud de autorización enviada al Congreso local por Herrera Beltrán, a través de la Secretaría General de Gobierno, el pasado 7 de julio

         Señala que, en el marco de los mecanismos de coordinación interinstitucional establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, "los gobierno federal y estatal se han propuesto unir esfuerzos en la materia, a fin de hacer frente de manera decidida al crimen, en todas sus expresiones"

         En el dictamen aprobado se asienta, así mismo, que en ese penal serán trasladados y reubicados internos procesados y sentenciados considerados de alta peligrosidad, por lo que el gobierno federal garantizará condiciones de seguridad máxima

         Indica que la federación tendrá que modernizar las instalaciones con sensores, cámaras de video, equipos y sistemas de seguridad, para fortalecer y optimizar los procedimientos en el penal de mediana seguridad, "por lo que el estado se beneficia al contar con la tecnología necesaria de un penal de máxima seguridad, sin representar gasto alguno"

         En los considerandos del dictamen se precisa que dicho centro penitenciario, al ser operado y administrado por el gobierno federal, "significará un ahorro de 200 millones de pesos para el gobierno estatal, lo que se verá reflejado en obras y acciones de beneficio social"

         Precisa que el término que se concede por año y medio para el uso y disfrute del bien inmueble propiedad del estado, "obedece a que no se debe rebasar el periodo constitucional de la actual administración estatal", además de que actualmente se está rehabilitando y acondicionando en Papantla un Cereso con recursos federales

         Se especifica que, al no ser una enajenación a titulo oneroso, por tratarse únicamente de un convenio para conceder solo el uso y disfrute de un inmueble, "no es necesario contar con el avalúo respectivo, ya que cualquier valor que se establezca previa autorización, dentro del instrumento público, será tomado únicamente como valor referencial"

         También se señala que el gobierno federal se obliga a utilizar ese inmueble conforme al convenio de colaboración del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, "por lo que no podrá cederlo ni otorgarlo en concesión a persona física o moral algún"

         Es decir, afirma, "deberá conservarlo como un bien del dominio público" De lo contrario, dice, la posesión del inmueble se revertirá al patrimonio del gobierno del estado, "sin necesidad de declaración judicial"

          La ratificación o concluir dicho convenio será decisión del próximo gobierno estatal