El ministro Valls dictaminará sobre atracción del caso de la guardería ABC

viernes, 3 de julio de 2009 · 01:00
MÉXICO, D F, 3 de julio (apro)- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó al ministro Sergio Valls Hernández para responder a la petición de investigar el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, que hasta ahora ha causado la muerte a 48 menores
La solicitud para que la SCJN emprenda una investigación fue hecha el pasado miércoles 1 por un grupo de padres de las víctimas ante la falta de resultados por parte del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y del gobierno de Felipe Calderón, como responsable de subrogar las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Al día siguiente, el jueves 2, la solicitud de atracción la hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Los padres habían solicitado que algún ministro ejerciera la atracción, pero con la petición formal de la Comisión Permanente, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, encargó la respuesta al ministro Sergio Valls Hernández
Valls será uno de los dos ministros de la comisión de receso que operará en el periodo de vacaciones del Poder Judicial, entre el 16 y el 31 de julio
En su proyecto de resolución, el ministro deberá argumentar si la Corte ejerce o no su facultad investigadora, establecida en el artículo 97 de la Constitución para los casos de graves violaciones a las garantías individuales
La SCJN explicó que al considerar "con especial atención" la solicitud de los padres de los menores y el pronunciamiento unánime de todos los partidos en la Comisión Permanente, seguirá el procedimiento para determinar si ejerce o no esa facultad
El proyecto de Valls Hernández será sometido al pleno de la Corte para que los 11 ministros voten a favor o en contra de la investigación De ser aprobada, se podrá designar a un ministro responsable de la indagatoria, cuyos resultados no son vinculantes
Si se acepta la investigación, ésta se sumaría a los casos de Atenco, el de la periodista Lidia Cacho, Oaxaca y Aguas Blancas, en los que la Corte ha intervenido en la última década

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