Comparece Gómez Mont ante la CIDH por desapariciones en Guerrero

martes, 7 de julio de 2009 · 01:00
SAN JOSÉ, Costa Rica , 7 de julio (apro)- En el primer juicio internacional contra el Estado mexicano iniciado por crímenes del pasado, que involucra, a miembros del Ejército mexicano, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en representación del gobierno mexicano, se avocó a defender al instituto armado en sus funciones contra el narcotráfico
         Gómez Mont encabezó la delegación mexicana encargada de defender al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de la desaparición forzada del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en agosto de 1974 después de ser detenido en un retén militar
En tanto, por parte demandante, la representación de la CIDH estuvo encabezada por Florentín Meléndez, comisionado del organismo interamericano para México
Durante la primera parte sesión, declararon como testigos de los hechos los hijos de Radilla Pacheco, Tita y Rosendo
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem) enfocó su testimonio en la política represiva del Estado mexicano contra los pueblos y en ese contexto ubicó la desaparición forzada de la que fue víctima su padre durante el periodo de la "guerra sucia", en los años sesenta, toda la década de los setenta y principios de los ochenta
Su hermano, Rosendo, resaltó, a su vez, la impunidad en que permanecen la mayoría de estos casos En el caso específico de su padre, narró que pese a los esfuerzos que hizo su familia para localizarlo, de las denuncias que interpuso ante las diferentes instancias judiciales, entre ellas el amparo, así como la formalización de una queja ante la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) dijo que no se realizaron las investigaciones necesarias para su localización y que,  mucho menos, hubo consignaciones, salvo la del general Francisco Quirós Hermosillo, juzgado en tribunales militares y que murió durante el proceso judicial
Tita Radilla afirmó que durante la integración de la averiguación previa por parte de la Femospp le fue informado que había más implicados en el caso de la desaparición de su padre, además de que se sumaron a las indagatorias 2 casos más que tenían el mismo patrón: "ocurrieron durante un mismo periodo de tiempo, en el mismo lugar y por los mismos responsables"
Sin embargo, resaltó,  después de la desaparición de la Femospp sin consultar a los  familiares de desaparecidos, los expedientes se trasladaron a una coordinación de investigaciones especiales de la PGR, cuyo trabajo más significativo se refiere a las excavaciones realizadas en el ex cuartel militar de Atoyac en 2008 "Pero sólo en el uno por ciento del terreno, sin más investigación que los rumores que conocíamos como familiares, sin atender recomendaciones del Equipo de Argentino de Médicos Forenses que contratamos los familiares"
La dirigente de la Afadem subrayó, así mismo, que, como reparación del daño, lo único que pide su familia es "la realización de investigaciones y el castigo a los culpables" 
En su declaración, Rosendo Radilla Martínez narró el momento de detención de su padre en un retén militar cerca de Atoyac de Álvarez, Guerrero
"Desde entonces no vivo, sobrevivo", dijo y aseguró que el daño causado por la detención ilegal y desaparición de su padre, "acabó con la vida de toda la familia: vivimos esperando todas las mañanas que llegara, y mi madre murió en su espera, murió de tristeza"
Rosendo Radilla pidió a la Corte la localización de los restos de su padre, conciente que por haber pasado casi 35 años de desaparecido, ya no está vivo
La delegación mexicana se abstuvo de cuestionar o interpelar siquiera a los hermanos Radilla Martínez, en un gesto de respeto
En su turno, la CIDH ofreció el peritaje del catedrático y especialista en derecho penal, Miguel Sarre, sobre la falta de garantías del sistema penal ordinario y el sistema penal militar para hacer justicia en casos de violaciones a derechos humanos cometidos por miembros del Ejército mexicano contra civiles
"No conozco ni un solo caso, durante el proceso en la procuraduría de justicia  militar que llegado a los tribunales militares haya sido sentenciado un elemento del ejército por cometer violaciones a derechos humanos", sentenció Sarre
Durante la audiencia, el secretario de Gobernación mexicano trató de poner en duda los conocimientos del académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en materia de justicia militar, sobre todo en su aplicación durante los años setenta en Guerrero
Al final, Gómez Mont cuestionó a Sarre si estaba enterado de que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) promovía cursos  de derechos humanos a miembros del Ejército, como una forma de ilustrar el cambio de conducción de la institución durante el gobierno de Felipe Calderón
La respuesta de Sarre fue contundente "No, sólo lo sé, yo mismo he dado cursos de derechos humanos pero a la tropa, nunca se promueven cursos a los mandos"
--¿Pero debe haber una indicación de un mando? ?preguntó Gómez Mont
--Sí, que vayan al curso
En la segunda parte del juicio, Florentín Meléndez y los abogados de las víctimas, miembros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), sostuvieron sus acusaciones contra el Estado mexicano en los hechos y en la falta de voluntad para resolver el caso
Así mismo, pidieron a la CoIDH que su sentencia se enfoque en obligar al gobierno de Calderón a reformar la legislación  para delimitar la competencia del fuero militar y que sean los tribunales civiles los que conozcan de los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares y no, como ocurre en México, que éstos se desahoguen en el fuero militar
También pidieron a la Corte que obligue al Estado mexicano a modificar la Ley de Amparo, y al artículo 13 Constitucional y el Código de Justicia Militar
Ante sus alegatos el secretario de Gobernación, salió en defensa del Ejército como institución y pidió a la Corte no juzgar con jurisprudencia actual hechos cometidos en el pasado
         Gómez Mont alegó que no había competencia de la CoIDH para juzgar al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, dado que la competencia contenciosa del Tribunal interamericano fue admitida por México en 1998 y en 2002 se adhirió a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas
         Para justificar la jurisdicción militar, Gómez Mont argumentó que en este momento, es el principal apoyo del gobierno de Felipe Calderón para combatir al crimen organizado, y que tendría que tomarse en cuenta los esfuerzos por localización de los restos de Rosendo Radilla
         "Admitimos que ocurrieron los hechos, pero también que el paso del tiempo va en contra de la verdad", señaló Gómez Mont, y ofreció un acuerdo amistoso para concluir el asunto
         Al término de la audiencia, la presidenta de la Corte, Cecilia Medina Quiroga cuestionó por qué si reconocían la desaparición forzada como un delito continuado y por lo tanto permanente, "¿por qué no admitir la competencia de la Corte?
         Gómez Mont recordó que cuando interpuso México sus reservas a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada no fue impugnada por ningún Estado, y ofreció  ampliar sus argumentos en el periodo de alegatos finales escritos, dentro del que integraría los que presentó en el Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
         Los alegatos finales, puntualizó la presidenta de la Corte, tendrán que ser entregados por la CIDH, los representantes de las víctimas y el Estado mexicano antes del 14 de agosto

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