MÉXICO, D F, 17 de agosto (apro)- La noche del 7 de agosto del 2007, cuatro periodistas de Coahuila se enteraron que en Monclova había un operativo militar antinarco y se dirigieron al lugar En lugar de obtener información fueron detenidos por el Ejército, torturados y acusados de ser parte de Los Zetas
A dos años de ese incidente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra la Sedena, en la que la exhorta a investigar y castigar a los responsables, pues el caso fue cerrado sin que se aplicara la justicia
         El 9 de agosto de 2007, la CNDH conoció mediante información periodística de la detención de Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz; y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4
         Los hechos ocurrieron el 7 de agosto del 2007, alrededor de las 22:30 horas, cuando los reporteros escucharon por radio la realización de un operativo militar y se dirigieron al cuartel, cada uno en su vehículo, para cubrirlo Al ver que el convoy ingresaba a las instalaciones militares se retiraron, pero calles adelante fueron interceptados por militares, quienes los obligaron a descender de los vehículos, los amagaron e interrogaron
Al no acreditar documentalmente su calidad de reporteros por carecer de credencial, fueron retenidos a pesar de que vestían ropas y viajaban en automóviles con logotipos de sus respectivos medios informativos
Los subieron a una camioneta, les cubrieron los ojos, los golpearon, los colocaron boca abajo y los "pasearon" durante varias horas A las 5:00 horas del día siguiente los cuestionaron sobre un arma y cartuchos, les atribuyeron ser miembros de Los Halcones, grupo identificado con Los Zetas Alrededor de las 14:00 horas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación
         Los cuatro informadores fueron víctimas de detención, retención, incomunicación y privación ilegal de la libertad por personal militar durante casi 16 horas
Posteriormente fueron presentados ante el agente del Ministerio Público Federal, quien consignó la indagatoria correspondiente ante el juez de la causa que dictó auto de libertad a los agraviados, por no haberse justificado los delitos que les fueron atribuidos ni la probable responsabilidad en su comisión
En su recomendación 52/2009 la CNDH solicita resolver conforme a derecho la averiguación previa iniciada y archivada el 25 de junio del 2008, por abuso de autoridad; dar vista al titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana para que investigue y determine la responsabilidad de los elementos castrenses involucrados en los hechos, incluido el personal médico
Así mismo, investigar a los servidores públicos que impidieron entrevistar a los elementos vinculados con lo ocurrido; dictar medidas para combatir y evitar la repetición de acciones como las señaladas, así como difundir la cultura de respeto a los derechos humanos mediante cursos de capacitación dirigidos a servidores públicos de la Sedena
         La Comisión acusa que la Sedena no le permitió hacer su investigación sobre los reporteros golpeados por los militares También denuncia que no dio curso a la indagación que le entregó el Ministerio Público Federal por abuso de autoridad, la cual fue turnada a su homólogo militar, que determinó el archivo de la misma, con la explicación de extinción de la acción penal por la muerte del subteniente de Infantería que tenía el mando del operativo
Con ello, dice la CNDH, impidió el ejercicio de la acción penal contra los otros 16 elementos que participaron en los hechos
         El análisis de las evidencias permitió que la CNDH acreditara diversas contradicciones entre los hechos y el parte militar, como, por ejemplo, que un perito de la PGR explicó que en la memoria de la cámara fotográfica no existen tomas en que aparezca personal militar realizando labores de vigilancia u operativo alguno; el vehículo en que presuntamente detuvieron a los periodistas no apareció en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos ni fue puesto a disposición ministerial; y el subteniente médico adscrito como comandante del pelotón de sanidad del 69 Batallón de Infantería, con sede en Monclova, Coahuila, concluyó que los lesionados no presentaban lesiones traumáticas recientes, mientras que el perito de la PGR certificó lesiones en los señores Acosta Villarreal y Samaniego Osorio, en tórax posterior y costado derecho de la región abdominal
La Comisión reitera que en este caso la Sedena se negó para que se entrevistara a los elementos militares involucrados en los hechos, con lo que viola las disposiciones legales y entorpece la indagación de presuntas violaciones a derechos humanos, sin que ello se traduzca en la investigación y persecución de los delitos, tarea que corresponde a la autoridad ministerial