Exige Amnistía Internacional la liberación de la indígena Jacinta
MÉXICO, D F 17 de agosto (apro)- Amnistía Internacional (AI) solicitó hoy al gobierno del presidente Felipe Calderón la liberación inmediata y "sin condiciones" de la indígena otomí, Jacinta Francisco Maciel, a quien catalogó como "presa de conciencia"
Jacinta Francisco fue internada en 2006 en el Centro de Readaptación de San José El Alto, Jalisco, acusada, junto con otras dos mujeres, de secuestrar a seis miembros de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), quienes participaron en un operativo realizado el 26 de marzo de 2006 contra vendedores de discos pirata en el mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro En el juicio, fue sentenciada a 21 años de prisión
Durante el operativo, vendedores ambulantes no identificados pincharon las llantas de las camionetas en las que se desplazaban los agentes para evitar la confiscación de los discos "pirata", destacó AI en un comunicado emitido desde su sede en Londres, Inglaterra
Para el representante de AI en México, Ruper Knox, el caso de Jacinta es "una farsa de administración de justicia y claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México la poblaciones indígenas"
De acuerdo con información que AI recabó en la comunidad de Santiago Mexquititlán, los vendedores informales pincharon las llantas para que se les indemnizara por los "daños causados a sus mercancías" La noche de ese 26 de marzo, los agentes presentaron una denuncia contra los vendedores
La organización internacional decidió nombrar a Jacinta como "presa de conciencia", ante el cúmulo de irregularidades e inconsistencias que tiene el proceso penal iniciado contra ella
De acuerdo con Amnistía, la única prueba que el gobierno mexicano ha presentado contra la indígena de 46 años, es "una fotografía publicada en el periódico local en la que se la veía detrás de los participantes de la protesta"
En sus declaraciones iniciales del 27 de marzo, los agentes no identifican a Jacinta como responsable de los hechos, sino que la incriminan "un mes después, al mostrarles dicha fotografía cuando la acusaron de haber tomado parte en el presunto delito", destacó AI
La organización defensora de los derechos humanos señaló que "durante el juicio no se pidió en ningún momento a los agentes que comparecieran para demostrar su denuncia o reconocer a Jacinta" Además, durante el proceso, a la indígena no se le proporcionó traductor, pues es monolingüe; fue obligada a firmar documentos que no entendía y nunca habló con su abogado de oficio
Rupert Knox agregó que "lo que le ha ocurrido a Jacinta demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano par procesar, sin las debidas garantías, a las persona más vulnerables Se han ido contra ella debido a su etnia, su género y a su condición social"
Amnistía Internacional recordó que el 17 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que había "graves irregularidades y pruebas falsas en el juicio de Jacinta", quien continúa encarcelada en espera de la resolución de un juicio de amparo
Jacinta Francisco fue internada en 2006 en el Centro de Readaptación de San José El Alto, Jalisco, acusada, junto con otras dos mujeres, de secuestrar a seis miembros de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), quienes participaron en un operativo realizado el 26 de marzo de 2006 contra vendedores de discos pirata en el mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro En el juicio, fue sentenciada a 21 años de prisión
Durante el operativo, vendedores ambulantes no identificados pincharon las llantas de las camionetas en las que se desplazaban los agentes para evitar la confiscación de los discos "pirata", destacó AI en un comunicado emitido desde su sede en Londres, Inglaterra
Para el representante de AI en México, Ruper Knox, el caso de Jacinta es "una farsa de administración de justicia y claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México la poblaciones indígenas"
De acuerdo con información que AI recabó en la comunidad de Santiago Mexquititlán, los vendedores informales pincharon las llantas para que se les indemnizara por los "daños causados a sus mercancías" La noche de ese 26 de marzo, los agentes presentaron una denuncia contra los vendedores
La organización internacional decidió nombrar a Jacinta como "presa de conciencia", ante el cúmulo de irregularidades e inconsistencias que tiene el proceso penal iniciado contra ella
De acuerdo con Amnistía, la única prueba que el gobierno mexicano ha presentado contra la indígena de 46 años, es "una fotografía publicada en el periódico local en la que se la veía detrás de los participantes de la protesta"
En sus declaraciones iniciales del 27 de marzo, los agentes no identifican a Jacinta como responsable de los hechos, sino que la incriminan "un mes después, al mostrarles dicha fotografía cuando la acusaron de haber tomado parte en el presunto delito", destacó AI
La organización defensora de los derechos humanos señaló que "durante el juicio no se pidió en ningún momento a los agentes que comparecieran para demostrar su denuncia o reconocer a Jacinta" Además, durante el proceso, a la indígena no se le proporcionó traductor, pues es monolingüe; fue obligada a firmar documentos que no entendía y nunca habló con su abogado de oficio
Rupert Knox agregó que "lo que le ha ocurrido a Jacinta demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano par procesar, sin las debidas garantías, a las persona más vulnerables Se han ido contra ella debido a su etnia, su género y a su condición social"
Amnistía Internacional recordó que el 17 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que había "graves irregularidades y pruebas falsas en el juicio de Jacinta", quien continúa encarcelada en espera de la resolución de un juicio de amparo