Exhorta la Permanente a García Luna a garantizar la seguridad de comunicadores de Proceso
MÉXICO, D F, 19 de agosto (apro)- Por unanimidad y sin debate alguno, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el dictamen por medio del cual se exhorta al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a garantizar la integridad y seguridad de todos los trabajadores de los medios de comunicación, en particular a los colaboradores del semanario Proceso
El punto de acuerdo fue aprobado una semana después de que el diputado Javier González Garza denunció en tribuna que, desde la Secretaría de Seguridad Pública, se emprenden acciones ilegales "y el problema es que la revista Proceso ha denunciado estas cosas"
En el dictamen se advierte que la Primera Comisión verificó todas las pruebas documentales que acreditan la agresión denunciada por Proceso en su edición del 2 de agosto pasado, y concluye que "en el contexto de un incremento constante de los índices de violencia en contra de los comunicadores", las referencias de los funcionarios de la SSP contra el semanario "pueden generar diversas interpretaciones que deriven en actos de agresiones hacia los integrantes de este equipo editorial, poniendo en situación de vulnerabilidad a estos comunicadores"
"Es por lo anterior que la dictaminadora considera esencial que las autoridades federales, lejos de contribuir al cuestionamiento de los medios de comunicación, garanticen a todos y cada uno de ellos, el libre ejercicio de las libertades de prensa y de expresión, garantizados por nuestra Carta Magna, cuidando de no perjudicar a terceras personas", abunda el dictamen
También señala que Proceso interpuso ante la CNDH una denuncia por "omisión o comisión" si la autoridad federal no brinda las garantías indispensables En este sentido, los legisladores exhortan a la CNDH a "dar prioridad a todas las denuncias realizadas por medios de comunicación y actuar conforme a derecho corresponda, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales"
Más demandas contra García Luna
En la misma sesión, la Comisión Permanente aprobó otros dos puntos de acuerdo: uno, para que el secretario de Seguridad Pública informe en detalle el proyecto de otorgar a particulares 12 centros penitenciarios en concesión, y, el otro, en el que se le solicita a la misma dependencia un informe detallado sobre la atención a inmigrantes centroamericanos que han sido víctimas de secuestro
Este último punto de acuerdo, promovido por el senador Francisco Herrera León, del PRI, advierte que de septiembre de 2008 a febrero de 2009 se registraron secuestros de 9 mil 758 centroamericanos y otros inmigrantes de Ecuador, Brasil, Costa Rica y Perú Las entidades con mayor incidencia en la comisión de estos delitos son Veracruz, con 2,900 casos, y Tabasco, con 2,300 En conjunto, ambos contabilizan 55% de estos casos
El otro punto de acuerdo, promovido por la diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez, destaca que García Luna anunció el proyecto para crear 12 nuevos penales de orden federal, los cuales estarían bajo el esquema de concesión de particulares
Los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente expresan su preocupación por la "deplorable" situación en los centros penitenciarios, pero advierte que el proyecto de privatización debe ser analizado, ya que le corresponde al Estado "sostener la seguridad y la vigencia de los derechos ciudadanos"
El punto de acuerdo fue aprobado una semana después de que el diputado Javier González Garza denunció en tribuna que, desde la Secretaría de Seguridad Pública, se emprenden acciones ilegales "y el problema es que la revista Proceso ha denunciado estas cosas"
En el dictamen se advierte que la Primera Comisión verificó todas las pruebas documentales que acreditan la agresión denunciada por Proceso en su edición del 2 de agosto pasado, y concluye que "en el contexto de un incremento constante de los índices de violencia en contra de los comunicadores", las referencias de los funcionarios de la SSP contra el semanario "pueden generar diversas interpretaciones que deriven en actos de agresiones hacia los integrantes de este equipo editorial, poniendo en situación de vulnerabilidad a estos comunicadores"
"Es por lo anterior que la dictaminadora considera esencial que las autoridades federales, lejos de contribuir al cuestionamiento de los medios de comunicación, garanticen a todos y cada uno de ellos, el libre ejercicio de las libertades de prensa y de expresión, garantizados por nuestra Carta Magna, cuidando de no perjudicar a terceras personas", abunda el dictamen
También señala que Proceso interpuso ante la CNDH una denuncia por "omisión o comisión" si la autoridad federal no brinda las garantías indispensables En este sentido, los legisladores exhortan a la CNDH a "dar prioridad a todas las denuncias realizadas por medios de comunicación y actuar conforme a derecho corresponda, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales"
Más demandas contra García Luna
En la misma sesión, la Comisión Permanente aprobó otros dos puntos de acuerdo: uno, para que el secretario de Seguridad Pública informe en detalle el proyecto de otorgar a particulares 12 centros penitenciarios en concesión, y, el otro, en el que se le solicita a la misma dependencia un informe detallado sobre la atención a inmigrantes centroamericanos que han sido víctimas de secuestro
Este último punto de acuerdo, promovido por el senador Francisco Herrera León, del PRI, advierte que de septiembre de 2008 a febrero de 2009 se registraron secuestros de 9 mil 758 centroamericanos y otros inmigrantes de Ecuador, Brasil, Costa Rica y Perú Las entidades con mayor incidencia en la comisión de estos delitos son Veracruz, con 2,900 casos, y Tabasco, con 2,300 En conjunto, ambos contabilizan 55% de estos casos
El otro punto de acuerdo, promovido por la diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez, destaca que García Luna anunció el proyecto para crear 12 nuevos penales de orden federal, los cuales estarían bajo el esquema de concesión de particulares
Los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente expresan su preocupación por la "deplorable" situación en los centros penitenciarios, pero advierte que el proyecto de privatización debe ser analizado, ya que le corresponde al Estado "sostener la seguridad y la vigencia de los derechos ciudadanos"
