TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis , 11 de septiembre (apro)- La libertad de los indígenas "paramilitares" implicados en la masacre de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997 "es un duro golpe a la historia de lucha por la justicia en México", afirmó hoy el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que este día inició en Chiapas la segunda etapa de su campaña "Libertad y Justicia para Atenco"
         En nombre del Frente, una mujer que no se identificó leyó una proclama de solidaridad con los familiares de las víctimas de la masacre
"Para nosotros es significativo hermanarnos con el pueblo digno de Acteal, por eso acudimos a expresarles nuestra solidaridad y nuestro grito rebelde de justicia por nuestras hermanas y hermanos muertos, y el clamor por el castigo a los responsables intelectuales y materiales de la masacre", dijo la vocera del FPDT
         En un acto político celebrado hoy viernes, una comisión de miembros del FPDT se congregó junto con cientos de indígenas tzotziles en el paraje de Acteal
Ahí, frente al sitio donde fueron masacrados 45 personas en 1997, la vocera señaló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) produjo el mismo efecto que las emitidas por la represión estudiantil de 1968 y 1971, en contra de la reforma indígena, por el caso Lidia Cacho, el caso Atenco, entre otros
Dichos resolutivos, agregó, demuestran que las instituciones encargadas de impartir justicia en todos los niveles cumplen el papel de garantizar protección e impunidad a los gobernantes y a sus políticas represivas
Reconoció que de 1997 hasta hoy, familiares, amigos y sobrevivientes de la matanza de Acteal han sido ejemplo de lucha y resistencia para alcanzar la justicia
Recordó que fueron ellos quienes encabezaron la detención de varios de los asesinos materiales de la masacre, sin embargo, la SCJN no sólo los exoneró, sino que pretende hacer olvidar que se trata de un crimen de Estado, diciendo que la masacre fue producto de una confrontación entre los mismos pobladores y no de una estrategia de Estado como parte de la guerra de baja intensidad impulsada desde el gobierno de Ernesto Zedillo en contra del zapatismo
"Esta resolución es legalista e injusta, representa el avance de la derecha mexicana para violentar los derechos humanos y la justicia, no resuelve el problema de fondo, exonera a los gobernantes represores, legitima las políticas contrainsurgentes, pero además, amenaza el tejido social de los pueblos indígenas de la zona, abre las posibilidades para reactivar el conflicto ya que las condiciones son las mismas que en 1997, debido a la presencia del Ejército Mexicano en Chiapas, la reactivación de los grupos paramilitares, y la existencia de un conflicto armando sin resolución, en un escenario de violencia institucionalizada y acrecentada por el gobierno de Felipe Calderón", dijo