HRW recomienda a senadores actualizar legislación militar
MÉXICO, D F, 2 de septiembre (apro)- En apego a la Constitución Mexicana y lineamientos jurídicos internacionales que limitan la jurisdicción militar, Human Rights Watch (HRW) recomendó al Senado de la República reformar al Código de Justicia Militar
En una audiencia con los coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, respectivamente, así como con el vicecoordinador del PRD, Silvano Auroles Conejo, y los senadores Santiago Creel (PAN) y Melquíades Morales (PRI), el director ejecutivo de HRW, José Manuel Vivanco, planteó la necesidad de debatir y aprobar "una reforma al sistema de justicia militar que asegure que los casos de abusos militares contra civiles sean transferidos al fuero común o federal"
El activista reconoció que "ante las evidentes deficiencias de las fuerzas policiales en el país", el presidente Felipe Calderón ha recurrido a las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, y ello no sería criticable, añadió, mientras se respetaran los derechos fundamentales de los mexicanos
Vivanco señaló que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2006 a 2008 se incrementó hasta en 600% el número de quejas por agresiones cometidas por miembros del Ejército contra civiles, e hizo un recuento de la investigación que durante ocho meses realizó HRW sobre el tema, cuyo resultado fue la publicación del informe "Impunidad uniformada"
Destacó que el contenido del documento tiene fundamento en información oficial proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como en entrevistas con altos mandos del Ejército e investigadores en derecho constitucional y castrense
Como resultado de la investigación, dijo, se advirtió que además del "conflicto de interés", por que los militares se juzgan a sí mismos, "el sistema de justicia militar mexicano carece de la estructura y garantías necesarias para investigar abusos de manera independiente e imparcial"
Vivanco añadió que en solicitudes de información, en diez años la Sedena fue incapaz de documentar un solo caso de efectivos militares procesados y sancionados por violaciones a derechos humanos
Así mismo, manifestó que los datos de 12 sentencias contra militares, que el director de derechos humanos de la Sedena, Jaime Antonio López Portillo, presentó el 23 de julio, correspondían a casos anteriores a 1998, sin detallar de qué se trataban, además de que tampoco hizo referencia específica sobre los 53 militares procesados durante la actual administración
El director ejecutivo de HRW retomó la sentencia de 2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que delimitó los alcances del fuero militar a las faltas contra la disciplina castrense, y advirtió que el artículo 57 del Código de Justicia Militar va en contra del precepto constitucional marcado en el artículo13
Luego de resaltar que hay antecedentes dictados por organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que rechazan "sistemáticamente que fiscales y tribunales militares investiguen y juzguen casos que suponen abusos contra civiles", Vivanco puntualizó que al desacatar esos lineamientos, "México incumple sus obligaciones jurídicas internacionales"
Los abusos de militares contra civiles no sancionados, agregó, "perjudica la imagen del Ejército como fuerza pública que respeta a la población civil y, en cambio, contribuye a aumentar la sensación de caos y violencia, uno de los factores que fomenta la inseguridad pública en México"
En ese sentido, Vivanco recomendó debatir y aprobar una reforma constitucional en materia de derechos humanos, y en el plano específico "modificar el Código de Justicia Militar"
Los cambios legislativos a dicho código, dijo, deben establecer que "al menos los casos de presuntas violaciones graves de derechos cometidos contra civiles, incluidas desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, deben ser remitidos inmediatamente a los agentes del Ministerio Público locales o federales"
Y aconsejó "modificar el sistema de justicia militar para que se cuente con garantías básicas de independencia e imparcialidad para investigar y juzgar exclusivamente asuntos que constituyan faltas a la disciplina militar"
Al término de la audiencia, Vivanco resaltó que de acuerdo con la información que tuvo en sus manos HRW, en algunos casos de agresiones militares, la Sedena ha indemnizado a las víctimas, "pero no se sabe de sanciones por que hay una gran opacidad y falta de transparencia"
Por último, consideró que la CNDH fue omisa al no haber dado seguimiento a sus propias recomendaciones, pues el mismo organismo ignora cuál ha sido el curso de las sanciones a los militares implicados
En una audiencia con los coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, respectivamente, así como con el vicecoordinador del PRD, Silvano Auroles Conejo, y los senadores Santiago Creel (PAN) y Melquíades Morales (PRI), el director ejecutivo de HRW, José Manuel Vivanco, planteó la necesidad de debatir y aprobar "una reforma al sistema de justicia militar que asegure que los casos de abusos militares contra civiles sean transferidos al fuero común o federal"
El activista reconoció que "ante las evidentes deficiencias de las fuerzas policiales en el país", el presidente Felipe Calderón ha recurrido a las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, y ello no sería criticable, añadió, mientras se respetaran los derechos fundamentales de los mexicanos
Vivanco señaló que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2006 a 2008 se incrementó hasta en 600% el número de quejas por agresiones cometidas por miembros del Ejército contra civiles, e hizo un recuento de la investigación que durante ocho meses realizó HRW sobre el tema, cuyo resultado fue la publicación del informe "Impunidad uniformada"
Destacó que el contenido del documento tiene fundamento en información oficial proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como en entrevistas con altos mandos del Ejército e investigadores en derecho constitucional y castrense
Como resultado de la investigación, dijo, se advirtió que además del "conflicto de interés", por que los militares se juzgan a sí mismos, "el sistema de justicia militar mexicano carece de la estructura y garantías necesarias para investigar abusos de manera independiente e imparcial"
Vivanco añadió que en solicitudes de información, en diez años la Sedena fue incapaz de documentar un solo caso de efectivos militares procesados y sancionados por violaciones a derechos humanos
Así mismo, manifestó que los datos de 12 sentencias contra militares, que el director de derechos humanos de la Sedena, Jaime Antonio López Portillo, presentó el 23 de julio, correspondían a casos anteriores a 1998, sin detallar de qué se trataban, además de que tampoco hizo referencia específica sobre los 53 militares procesados durante la actual administración
El director ejecutivo de HRW retomó la sentencia de 2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que delimitó los alcances del fuero militar a las faltas contra la disciplina castrense, y advirtió que el artículo 57 del Código de Justicia Militar va en contra del precepto constitucional marcado en el artículo13
Luego de resaltar que hay antecedentes dictados por organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que rechazan "sistemáticamente que fiscales y tribunales militares investiguen y juzguen casos que suponen abusos contra civiles", Vivanco puntualizó que al desacatar esos lineamientos, "México incumple sus obligaciones jurídicas internacionales"
Los abusos de militares contra civiles no sancionados, agregó, "perjudica la imagen del Ejército como fuerza pública que respeta a la población civil y, en cambio, contribuye a aumentar la sensación de caos y violencia, uno de los factores que fomenta la inseguridad pública en México"
En ese sentido, Vivanco recomendó debatir y aprobar una reforma constitucional en materia de derechos humanos, y en el plano específico "modificar el Código de Justicia Militar"
Los cambios legislativos a dicho código, dijo, deben establecer que "al menos los casos de presuntas violaciones graves de derechos cometidos contra civiles, incluidas desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, deben ser remitidos inmediatamente a los agentes del Ministerio Público locales o federales"
Y aconsejó "modificar el sistema de justicia militar para que se cuente con garantías básicas de independencia e imparcialidad para investigar y juzgar exclusivamente asuntos que constituyan faltas a la disciplina militar"
Al término de la audiencia, Vivanco resaltó que de acuerdo con la información que tuvo en sus manos HRW, en algunos casos de agresiones militares, la Sedena ha indemnizado a las víctimas, "pero no se sabe de sanciones por que hay una gran opacidad y falta de transparencia"
Por último, consideró que la CNDH fue omisa al no haber dado seguimiento a sus propias recomendaciones, pues el mismo organismo ignora cuál ha sido el curso de las sanciones a los militares implicados
