CAMPECHE, Cam , 8 de septiembre (apro)- Habitantes de San Antonio Ebulá vieron frustrar hoy su intención de retornar a su comunidad, de donde fueron expulsados violentamente hace un mes por el empresario Eduardo Escalante --suegro del desaparecido Juan Camilo Mouriño--, quien se adjudica la propiedad de esas tierras
         El intento fue en vano, pues guardias privados al servicio del empresario de la construcción impidieron a los lugareños el acceso a las tierras en disputa, en cuyos alrededores fueron además diseminadas trampas elaboradas con tablas y clavos, con las que resultó lesionado uno de los acompañantes de los expulsados
         Por ello el Grupo Indignación, de Yucatán, denunció que el acto pacífico de retorno a San Antonio Ebulá "se encontró con el bloqueo y la persistente parcialidad del gobierno de Campeche a favor" de Eduardo Escalante
Sin embargo, añadió la ONG, los desterrados "evitaron, como habían anunciado, cualquier confrontación que pusiera en riesgo la integridad física de las familias y de sus acompañantes", una Misión Civil de Paz conformada por representantes diversos organismos pro derechos humanos de diversas partes del país
El Grupo Indignación destacó que "la Misión Civil de Paz desde el lunes pasado encontró condiciones que significaban un alto riesgo para la integridad física de los pobladores, ya lesionada impunemente en la expulsión y violento desalojo del 13 de agosto"
Y acusó: "El gobierno de Campeche expresamente negó a la Misión Civil de Paz las condiciones de seguridad solicitadas para el retorno Expresamente afirmó que no garantizaba la seguridad de las personas que intentaran ingresar al lugar que, según sus propias y parciales determinaciones, se trata de una propiedad privada, y enfatizó que haría prevalecer a toda costa el estado de derecho"
Destacó que la Misión Civil de Paz "se muestra alarmada" de la reacción del secretario de Gobierno de Campeche, Ricardo Medina Farfán que, "cuestionado expresamente sobre los hechos del 13 de agosto, admitió que el desalojo cometido por el particular, con apoyo de la policía, no contó con una orden legal, al mismo tiempo que reiteraba que ahora sí aplicaría el estado de derecho para proteger esa propiedad"
Los activistas denunciaron también que adicionalmente la Misión, en un recorrido previo, "encontró el camino hacia el poblado bloqueado con montañas de tierra, zanjas, trampas de maderas con clavos, las amenazas que implicaron los desplegados del gobierno en los diarios locales y el anuncio de no garantizar la seguridad de quienes retornarían a su pueblo"
Por cierto, un integrante de la Misión Civil de Paz resultó lesionado con una de las trampas de madera con clavos
Dijeron que el gobierno de Campeche, que concluye su gestión el 15 de septiembre, "se mostró insensible ante la posibilidad de que los habitantes nuevamente fueran agredidos por grupos parapoliciacos contratados por el empresario"
Es por eso que la Misión Civil de Paz "determinó acompañar el retorno por un camino alternativo, por Castamay, única vía por la que el gobierno de Campeche ofrecía cierta seguridad"
Esa vía adicionalmente permitiría a la Misión conocer los terrenos opcionales que se ofrecen, además del compromiso del gobierno de que por ese camino se contaba con seguridad
"La solicitud de seguridad pública de la Misión Civil de Paz, que fue mínimo e insuficiente durante el trayecto, se pervirtió y se convirtió en un operativo intimidatorio para los pobladores", se quejaron
Relataron que el secretario de Gobierno estatal, lo mismo que los representantes del empresario Escalante, "insistieron en todo momento que únicamente podría ingresar una comisión de cinco personas"
Ante los obstáculos con que se encontró para retornar a su poblado, los desplazados retornaron al palacio de gobierno para reanudar el plantón permanente que llevan a cabo desde hace casi un mes
En tanto, la Misión Civil de Paz advirtió que presentará un informe sobre esas irregularidades y lo hará llegar a las instancias competentes