Patrimonio sumergido: debate en puerta

lunes, 11 de enero de 2010

MÉXICO, D.F., 6 de enero (apro).- La decisión de un juez estadunidense de reconocer la propiedad del Estado español sobre los restos de un buque de guerra, hundido a principios del siglo XIX en aguas del norte de América, frente al reclamo de la compañía Odyssey Marine Exploration sentará un nuevo precedente, pero debería ser también objeto de un debate y alerta para quienes pugnan por la preservación del patrimonio cultural.

En los primeros días de este recién iniciado 2010, se divulgó en el diario El Universal la noticia de que el juez Steven D. Marryday, asentado en Tampa, Florida, determinó que el buque Nuestra Señora de Las Mercedes es propiedad española. Y aunque falta la decisión final de la Suprema Corte de Estados Unidos, existe el antecedente de los pecios El Juno y La Galga, reconocidos como galeones españoles, pese a haber sido descubiertos en aguas territoriales de Estados Unidos, y explorados y rescatados por compañías estadunidenses, las llamadas “cazatesoros”.

Los dos barcos quedaron en custodia de Estados Unidos en un Parque Nacional, pero a decir de Elisa Cabo, consejera técnica de la Subdirección General de Patrimonio Histórico de España, lo importante fue sentar jurisprudencia para que las empresas con base en Estados Unidos dedicadas a la búsqueda de tesoros no puedan apropiarse del patrimonio histórico submarino de otra nación.

Apeló para ello a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que entró en vigor enero de 2009, pero no ha sido suscrita por Estados Unidos:

“Es un patrimonio compartido. De lo que se trata es de protegerlo; la convención no habla de que los vestigios sean de una determinada nación, sino que son un patrimonio cultural común, y señala que, a la hora de proteger un pecio, se tomen en cuenta los derechos de origen, cultural, histórico o arqueológico, de cualquier Estado.”

Ahí está el punto. Porque España ganó una batalla contra una compañía privada que exigía la propiedad de los restos de un naufragio, en el cual se encontraron --según consignó en un documental de Discovery Channel-- más de 500 mil monedas de oro y plata. Esto es, ni más ni menos, 17 toneladas de reales de plata y escudos de oro acuñados en el virreinato del Perú a principios del siglo XIX.

Una batalla contra una compañía cazatesoros, que especula en la bolsa (cotiza en Nasdaq) y que explora los restos de barcos (reconocidos por la UNESCO como patrimonio arqueológico, histórico y cultural) como si se tratara de minas de metales preciosos, y sin miramientos al contexto arqueológico donde se encuentran. Eso es de celebrarse, sin duda.

Lo que debe alertar a naciones como México y a los especialistas e interesados en la salvaguarda del patrimonio, es la propiedad de los pecios, y el hecho de que la convención no hable del punto. No se sabe, aunque se podría suponer que el oro acuñado en el virreinato del Perú fue extraído de las minas del Perú. ¿A quién correspondería entonces la propiedad de ese mineral, que un juez norteamericano atribuye ahora a España?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconoce como propios de la nación mexicana los restos de pecios hundidos en aguas territoriales. Ahí está los casos por ejemplo del galeón Nuestra Señora del Juncal, en Campeche, o el U.S. Somers, en Veracruz.

Sin embargo, hace tiempo, el semanario Proceso documentó cómo en ambos se había negociado con compañías cazatesoros para la exploración. En el Juncal con Of Mex y en el Somers, con un grupo de buzos encabezados por George Belcher, quien filmó el rescate y comercializó el filme. Y se narra en la revista que a mediados de 1985 se le preguntó al entonces gobernador de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes, sobre los galeones de aguas veracruzanas y se dio este diálogo entre el mandatario estatal y el reportero Ignacio Ramírez:

“--Rescatamos bastante oro de un galeón.  

--¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?

--Ya te lo platicaré un día, te lo prometo.

--¿El oro, dónde está?

--Depositado en las arcas del Banco de México.

--¿Qué cantidad?

--Bastante, con decirte que nadie ha tenido más oro en sus manos en este país que Cortés y Pearson, el asesor financiero de Porfirio Díaz.”

Luego de tres años, cuando se discutía el rescate de Nuestra Señora del Juncal, el reportero volvió a preguntar al gobernador sobre el oro y éste le respondió:

“Yaaa... ¿a poco te creíste ese cuento chino?”

Y no hubo más.

México suscribió la convención de UNESCO y la arqueóloga mexicana Pilar Luna Erreguerena (que entonces regateó la información a Proceso), ha sido electa miembro del primer Consejo Consultivo Científico y Técnico de la misma, por resolución del organismo internacional. Existe, además, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas que protege esos restos culturales.

Paro la experiencia en casos como el de Teotihuacán, con el espectáculo Resplandor Teotihuacano, o el de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, en los cuales el propio INAH avaló la autorización en favor de empresas privadas, aun en detrimento del patrimonio arqueológico en el primer caso, e histórico e industrial-minero, en el segundo, invita a estar alertas y no lanzar campanas al vuelo por la resolución del juez estadunidense.

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