CNDH evaluará implicaciones legales de la Cédula de Identidad

martes, 12 de enero de 2010

MEXICO, D.F., 12 de enero (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que analizará las implicaciones legales y contra los derechos fundamentales de la llamada Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) que incluirá datos biométricos de la población sin distinción alguna.
    En un comunicado, la CNDH informó que, en respuesta a la solicitud hecha por el diputado federal, Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la Primera Visitaduría se encargará del análisis.
    El anunció se hizo después de que el legislador, también presidente de la Comisión de la Función Pública, y el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, sostuvieron un encuentro.
    En la reunión, Escudero Morales expresó a Plascencia, “su preocupación porque ni la Secretaría de Gobernación ni el Instituto Federal Electoral hayan requerido la opinión de la CNDH sobre la obtención de datos biométricos y su manejo”.
    El legislador, señala el comunicado, “pidió que  se estudie si la Ley General de Población permite la recopilación de este tipo de datos o deben realizarse reformas legales que la permitan, así como la reglamentación respectiva”.
    La preocupación del diputado del PVEM se suma a los cuestionamientos que se han hecho al proyecto anunciado por el presidente Felipe Calderón en julio pasado, que ha sido considerado como un mecanismo de “control social”, de acuerdo con documentos y testimonios recabados por reporteros de Proceso en los números 1723 y 1725 de este semanario.
    El proyecto fue adjudicado, el pasado 14 de diciembre, a las empresas Axtel S.A. de C.V. y Unisys, a las que se les pagarán 664 millones 594 mil pesos, para proporcionar la infraestructura informática para el levantamiento de datos biométricos del Servicio Nacional de Identificación Personal.
    Al dar a conocer la asignación, la Secretaría de Gobernación informó que “contempla la contratación del equipamiento del centro de datos en las instalaciones de la secretaría, así como el almacenamiento y la adquisición de los motores de búsqueda de las personas, que corresponden a la fotografía del rostro, la fotografía del iris de ambos ojos y las huellas de los dedos de las manos”.
    El proyecto fue cuestionado por la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, quien afirmó que sin una reglamentación clara, la CIC “sería una amenaza para la privacidad, al no haber garantías de que la información que contenga sea utilizada para otros usos, como programas sociales y manejos políticos”. (Proceso 1723).
     De acuerdo con información “confidencial”, obtenida por el reportero Álvaro Delgado, los verdaderos propósitos de la CIC y el Registro Nacional de Ciudadanos (RCN) están enfocados a la desaparición de la credencial de elector
    “El RNC proporcionará al IFE la información nominal para que éste último integre padrones y listas nominales de electores. Por tanto, se extingue la credencial para votar por el CIC, el documento de identificación personal necesario para el derecho a voto y otros correlacionados (derechos políticos)”, destaca el documento obtenido por el reportero de Proceso (1725).
    Más aún, en un reportaje firmado por Delgado y Jorge Carrasco, se revela que en una reunión realizada en octubre de 2007, funcionarios de la Secretaría de Gobernación confirmaron a legisladores del PRI y PRD que uno de los objetivos centrales de la CIC era un mecanismo de control.
    En el reportaje se afirma: “En ese encuentro, encabezado por el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar, el director general del Registro Nacional e Identificación Personal (Renapo), Carlos Anaya Moreno, mostró por descuido a legisladores una lámina que aceptaba que la cédula no es sólo para  dar cumplimiento a la Ley General de Población, sino que es parte de un ‘programa estratégico del gobierno de la República por razones de control’” (Proceso 1723).
    A pesar de los cuestionamientos y las críticas al proyecto, el gobierno de Calderón, en acuerdo con legisladores del PRI, consiguió la autorización del Congreso de la Unión para destinar mil millones de pesos con el fin de crear la CIC.
    Del impacto legal y en materia de derechos humanos, la CNDH se comprometió, en su comunicado de hoy, a valorar “todas las evidencias y en su momento emitirá la resolución conforme a derecho corresponda”.