MONTERREY, N.L., 12 de enero (apro).- En la vieja colonia Mitras, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio se ha convertido en un lugar sagrado, de oración, para familiares de víctimas de la delincuencia, principalmente de personas levantadas en la entidad.
    Ese ritual comenzó el 22 de octubre del año pasado, con una misa a la que asistieron únicamente 10 familias. La siguiente reunión fue un mes después, el 19 de noviembre, y ahora así, la iglesia lució repleta: decenas de personas acudieron a orar por sus desparecidos.
A partir de entonces, ese rito se repite el tercer viernes de cada mes.
    En la parroquia confluyen decenas de historias de violencia, algunas de las cuales ni siquiera forman parte de las estadísticas oficiales. Los afectados no se han atrevido a denunciar los levantones de sus parientes por temor a represalias. Otros, los más, afirman que los policías y personal del Ministerio Público los han intimidado para que den marcha atrás a la exigencia de esclarecer las desapariciones, más aún cuando en éstas existe la sospecha de la participación de algún cuerpo de seguridad.
    De acuerdo con la señora Maximina Hernández, su hijo Everardo Lara Hernández, guardaespaldas del entonces alcalde panista de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque, desapareció el 2 de mayo de 2007.
Después de un tiempo, acudió al Ministerio Público con el propósito de conocer el avance de las investigaciones sobre la desaparición de su hijo, pero fue amenazada por el comandante ministerial, Manuel González, en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quien supuestamente le gritó: “Por tu culpa están matando más policías”.
    Algo semejante ocurrió con Gustavo Castañeda y Amada Puentes, quienes acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) con el objetivo de denunciar la desaparición de su hijo Gustavo. Ahí, agentes ministeriales les advirtieron que en esa dependencia se filtraba la información a "los malos", es decir a los narcotraficantes, lo que amedrentó a la pareja.
A partir de entonces, los padres de Gustavo iniciaron sus propias investigaciones entre los vecinos de la zona donde supuestamente fue visto por última vez su hijo. Días después regresaron a la PGJE con nuevos datos y denunciaron la desaparición, cuyos datos obran en el expediente 039/2009/III-3.
A raíz del informe ofrecido por la pareja, la fiscalía estableció que Gustavo Castañeda Puentes fue detenido por los oficiales Refugio Dávila Sánchez y Misael Mendoza, a bordo de la patrulla 5038 de la Policía Regia.
Además, se conoció que el día de la detención, dos patrullas más –la 5040, en la que circulaban Efraín López y Dante Damián, y la 5034, tripulada por el oficial Romel García Canto– se llevaron a otras personas que a la fecha siguen desaparecidas.
Pese a ello, los policías negaron su participación en los hechos y la investigación no ha avanzado. Y, por si fuera poco, los testigos que encontraron los padres de Gustavo, al final se retractaron, debido a que fueron amenazados por varios policías.
Y, así como esa, las historias se repiten afuera de la parroquia, en tanto que el miedo inhibe la exigencia.
“A una la amenazan las autoridades y ni cómo hacerle. Nomás nos queda el rezo”, dice una de las madres, entrevistada afuera de la parroquia.
El trato amable
En el número 1700, de fecha 31 de mayo de 2009, la revista  Proceso publicó varios casos de desaparecidos en la entidad durante los últimos años, pero a la fecha no hay avances en la mayoría de las investigaciones, salvo en cuatro, cuyas desapariciones fueron esclarecidas luego de que elementos del Ejército Mexicano descubrieron una fosa con 19 cuerpos calcinados en la Sierra de Arteaga, Coahuila, el 10 de febrero del año pasado.
Entre ellos se encontraba el de José Luis Guerrero González, quien desapareció a finales de enero, así como el de José Luis Lozano Moreno, habitante de Apodaca, quien desapareció el 23 de noviembre de 2008.
También fueron identificados Eduardo Morales Adame, de Monterrey, desaparecido el 26 de diciembre de 2008 en la carretera Monterrey-Saltillo, y Jesús Manuel Pérez Catéter, desaparecido el 23 de enero de 2009.
En declaraciones a la prensa, la coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Consuelo Morales Elizondo, afirmó que las familias que han mantenido abiertamente su exigencia para que se den a conocer los resultados de las investigaciones reciben “un trato amable y cordial por parte de las autoridades”, pero eso no ha servido para que se esclarezcan los casos de desapariciones, cuyas víctimas han sido, en su mayoría, agentes de cuerpos de seguridad pública o de tránsito de Monterrey.
Sobre 10 casos que respalda el Cadhac, Morales Elizondo aseguró que a pesar de que esos asuntos dejaron de ser actas circunstanciadas, para convertirse en averiguaciones previas, ninguno ha concluido con un resultado final.
    A raíz de ello, dijo, las familias de esos 10 desaparecidos decidieron hacer una huelga de hambre que sólo duró un día, ya que funcionarios del gobierno estatal les ofrecieron una reunión semanal con el entonces subprocurador Alejandro Garza y Garza para revisar el avance de las investigaciones.
    De las reuniones con Garza, ahora procurador del estado, tampoco hubo resultados, y éste envió a las familias con un fiscal, quien no ha ofrecido avances, ni siquiera con las pruebas e indicios que por su cuenta han obtenido las familias.
    De acuerdo con la señora Maximina Hernández, ella obtuvo una factura del teléfono celular de su hijo semanas después de su desaparición, y se detectó que se siguieron haciendo llamadas desde Gómez Palacio, Durango.
Tras ello, llevó el documento al Ministerio Público a mediados del año pasado, pero a la fecha, según dijo, nadie le ha sabido decir de dónde ni de quién eran los números marcados.
    Por su parte, la coordinadora del Cadhac expuso que en la mayoría de los casos de desaparecidos que han llegado a ese organismo, se trata de empleados de áreas de seguridad pública o tránsito de la zona metropolitana, quienes aparentemente no tenían vínculos con el narcotráfico o se negaron a tenerlos.
    “Una de las cosas que no se puede ocultar es el dinero. Y las familias de los desaparecidos viven en condiciones que impiden pensar que pudieran estar coludidos con la delincuencia organizada”, afirmó Morales Elizondo. Ese, añadió, es el común denominador de lo que ocurre en Nuevo León y en otras entidades del país, como Coahuila.
    “Lo que vemos es una política gubernamental que se niega a hacer investigaciones por los casos que pueden estar vinculados con la delincuencia organizada, pero involucrados o no con el narco, los desaparecidos permanecen así, sin que se haga una investigación elemental para esclarecer los crímenes”, concluyó.