MÉXICO, DF, 14 de enero (apro).- El director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), Xavier Abreu Sierra, aseguró que detrás de algunas radios, “que se dicen comunitarias”, opera el crimen organizado.
Abreu Sierra declaró la anterior en el marco de la presentación del informe “La situación de los pueblos indígenas en el mundo”, el primero en su tipo publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El funcionario panista, que relevó a la hidalguense Xóchitl Gálvez al frente de la CNDI, participó en un panel organizado exprofeso para la presentación del texto.
El reporte fue elaborado por especialistas en temas indígenas y producido por la secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, evento al que asistieron, entre otros, Rodolfo Stavenhagen, exrelator especial de ONU sobre Derechos Humanos; la coordinadora general de la Asamblea Nacional Indígena Plural (ANIP), Marta Sánchez, así como el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, Magdy Martínez-Soliman y, desde Nueva York, en enlace telefónico, Myrna Cunnigham, coautora del informe.
Abreu fue cuestionado por la intervención de la CNDI para apoyar a organizaciones campesinas que han sido “criminalizadas” por sostener radios comunitarias y cuyos dirigentes son objeto de persecución por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al funcionario federal también se le preguntó su postura frente a la militarización en zonas indígenas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
Abreu Sierra, quien aclaró que llevaba nueve días como titular de la CNDI aunque dentro de la dependencia sumaba tres años colaborando, aseguró que el tema de las radios comunitarias está focalizado a los estados de Oaxaca y Guerrero, y anunció que para este año se esperaba la regularización de 20 estaciones indígenas más.
Luego de señalar que algunas de las radios indígenas operan sin el permiso de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la CNDI trabaja “con las comunidades en este tema, para que podamos tener el permiso de Segob”.
Sin embargo, advirtió que “tenemos que monitorear que la programación sea al servicio de la comunidad, porque algunas se nombran comunitarias y (en realidad) están sirviendo a favor el crimen organizado”.
--¿Qué pruebas tiene de ello? —preguntó Apro.
“Si quiere pruebas no le voy a decir, porque es información reservada de la Segob”, atajó Abreu Sierra, quien más tarde insistió en que los datos “se manejan desde seguridad nacional y no son mis temas”.
El funcionario federal, exalcalde panista de Mérida, Yucatán (1998-2001), excolaborador del exmandatario estatal Patricio Patrón Laviada y excandidato a la gubernatura en 2007, admitió que los criterios que fija la Segob para regularizar las radios comunitarias no responden a las necesidades indígenas, sino a la “visión occidental”.
Explicó que en los monitoreos tiene que demostrarse que los mensajes emitidos “son para el servicio comunitario, traer sus partes culturales y de la política que existe en la comunidad; que no se salga de esos temas y dé información de otro tipo, como por ejemplo llamar a la subversión”.
Sin embargo, Abreu también se negó a dar mayor información sobre los supuestos casos en que radios comunitarias indígenas habrían llamado a la “subversión”, y agregó que en situaciones en que dirigentes campesinos han sido detenidos por operar emisoras sin permiso, la CNDI ha pagado fianzas o facilitado abogados.
El funcionario panista no quiso opinar sobre los efectos de la militarización en las zonas indígenas en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico.
     “No son mis temas, yo solamente trabajo asuntos que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas”, eludió el titular de la CNDI
--¿La militarización no afecta al desarrollo de los pueblos indígenas?
--Hay muchas otras cosas que afectan al desarrollo de los pueblos indígenas, de la militarización no soy responsable.

Monopolios electrónicos

Para el exrelator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, la resistencia a reconocer las radios comunitarias indígenas va más allá de los gobiernos federales, y tiene que ver también con los grandes concesionarios de los medios electrónicos.
Luego de recordar que durante la gestión de Xochiltl Gálvez al frente de la CNDI tenía el proyecto de promover las radios comunitarias, Stavenhagen reveló que la excolaboradora de Vicente Fox “no pudo sacarlo porque hay mucha oposición, pero no es sólo en el gobierno, sino en los medios comerciales que quieren controlar todo eso”.
Lamentó que Abreu argumente que el asunto de la militarización en las zonas indígenas no sea un tema que le competa, pese a que “claro que sí afecta al desarrollo de los pueblos indígenas”.
Evidentemente, advirtió, Abreu responde a una “reglamentación vertical del gobierno, no se puede meter si arriba le dicen ‘a ti no te corresponde’, cuando hay muchas denuncias de las organizaciones indígenas” por abusos militares en las comunidades.
Sostuvo que desde 2004, cuando emitió un informe especial sobre la situación de las comunidades en México --recomendaciones que por cierto el entonces presidente Vicente Fox se comprometió a cumplir--, “no se puede hablar de mejoramiento de la situación de los indígenas, pues ésta no ha sido prioridad de los gobiernos que hemos tenido, básicamente de los gobiernos panistas, pero antes tampoco. Nomás hay que recordar que en la época de (Ernesto) Zedillo se echaron abajo los negociaciones con los zapatistas”.
Stavenhagen recordó que a casi una década de las reformas constitucionales que reconocen los derechos de los pueblo indígenas, no existe una reglamentación, y por tanto no existen políticas públicas que cristalicen esas garantía ni presupuesto suficiente para los pueblos.
Por su parte, Marta Sánchez denunció la ‘criminalización’ de los dirigentes de los pueblos. Y ejemplificó con el caso de las indígenas oaxaqueñas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, quienes fueron asesinadas en abril de 2008 por dirigir un programa en la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”.
La líder comunitaria sostuvo que “se nos ha criminalizado por luchar por los pueblos indígenas, por no estar de acuerdo con la militarización y la violencia, pero no nos podemos callar. Un país no puede decirse exitoso en la política indígena cuando una mujer es asesinada por cometer el gran error de hablar en una radio comunitaria para trasmitir la realidad, buena, mala o regular, o simplemente para transmitir esperanza”.
Por otra parte, Sánchez rechazó los proyectos de energía impulsados por el gobierno federal y la iniciativa privada en zonas indígenas, por no consultar a las comunidades y no cumplir los acuerdos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas para decidir sobre sus territorios, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que México es parte.
“Hay una palabra empeñada ante los Estados miembros de la ONU, acordado y ratificado por el Senado, son instrumentos aplicables en el país y es una obligación de Estado cumplirlos, como corresponde a su firma estampada en los documentos internacionales”, puntualizó.
El reporte de ONU sobre la situación de los pueblos indígenas es el primero después de 25 años que se creó el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, puntualizó por su parte Magdy Martínez-Soliman.
El represente de Naciones Unidas reveló que 50% de los indígenas de más de 75 años padece diabetes; los indígenas, agregó, ganan 30% menos por el mismo trabajo que realiza un no indígena. En síntesis, la tercera parte de los pobres del mundo son indígenas.
En México, apuntó, 3 de cada 4 indígenas son víctimas de la “pobreza multidimensional” y 2.7 millones se encuentran sumidos en la pobreza extrema.
“Existe la triste costumbre de asumir a los indígenas como pobres, como si eso fuera normal, como si no fuera posible concebir que, así como hay estratificaciones sociales en la sociedad, también exista entre los indígenas”, lamentó Martínez-Soliman.