MEXICO, D.F., 14 de enero (apro).- El representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Bruroni, afirmó hoy que la impunidad acentúa el clima de inseguridad y de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Chihuahua.
    Dijo que la inseguridad que enfrenta Chihuahua se manifiesta en una de las tasas de homicidio más altas del mundo, por lo que recomendó al Estado mexicano redoblar sus esfuerzos para poner fin al clima  de inseguridad y garantizar el derecho a la vida y regresarle a la ciudadanía la paz a la que tienen derecho.
    Al concluir su visita a esa entidad, Brunori sostuvo que en México el 98.5 por ciento de las agresiones documentadas contra defensores de derechos humanos, queda impune, debido al desinterés de las autoridades federales y estatales.
Dijo que México tiene registradas 128 agresiones contra defensores de las garantías más elementales. Señaló que quienes padecen más esta problemática, son quienes luchan por los derechos económicos, sociales y culturales; de las mujeres; de migrantes; de periodistas; pueblos indígenas y quienes están a favor de los derechos de homosexuales.
Sostuvo que para contrarrestar esta situación, se deben implementar diversas estrategias, como una difusión mediática de las acciones de los y las defensoras de los derechos humanos, para que así se les reconozca su labor, a la par de crear una cultura, además de una pronta acción y protección por parte de los tres niveles de gobierno.
La visita al estado de Chihuahua del representante en México de la Alta Camionada de la ONU para los Derechos Humanos, se dio en un  contexto de inseguridad y violencia, que ha deteriorado las condiciones para que los defensores y las defensoras realicen su actividad.
    Como se recordara, el pasado 3 de enero fue asesinada la defensora  de derechos humanos Josefina Reyes, quien desde hace años había denunciado presuntos abusos cometidos por parte de elementos del Ejército mexicano.
    Brunori recomendó establecer un protocolo de investigación que sea implementado por las procuradurías de justicias en todos los casos en que los defensores sean víctimas de algún delito relacionado con su actividad.