WASHINGTON, 16 de enero (Proceso).- En Colombia –país de donde el gobierno de Felipe Calderón importa políticas y tácticas de combate al crimen organizado–, costó mucho tiempo y muchos muertos comprender que la prensa ayuda a mantener el control social sobre las fuerzas armadas y a revelar la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, en México se sigue desprotegiendo, cuando no hostigando a los periodistas, dice en entrevista la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.

El asesinato de periodistas a manos del crimen organizado es un problema creciente en México, y la respuesta básicamente militar del gobierno aumenta el riesgo que corren los comunicadores, asegura Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La respuesta militar del Estado al problema del narcotráfico puede convertirse en un problema mayor, porque la mayoría de los ejércitos que no han sido entrenados en la lógica de derechos humanos piensan en términos amigo-enemigo”, dice Botero en entrevista con Proceso.

La relatora de la CIDH afirma que en el continente hay mucha preocupación por los asesinatos y las desapariciones forzadas de periodistas en México, igual que por la falta de disposición del gobierno para brindarles más protección.

“El problema que está enfrentando México es probablemente uno de los más importantes para la libertad de expresión que tenemos en toda la región”, sostiene Botero, quien antes de llegar a la relatoría fue magistrada auxiliar en la Corte Suprema de su natal Colombia, donde también dirigió la Oficina Nacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

“Cuando el ejército piensa así, bajo los términos amigo-enemigo, el que escribe contra ti es tu enemigo, y si es tu enemigo es amigo de tu enemigo, por lo tanto es narco”, explica.

De esta forma, “el periodista no sólo termina siendo el blanco del narcotráfico, de la criminalidad organizada y de las mafias, sino también el blanco de quienes los están combatiendo. Y sobre todo cuando el periodista además investiga los abusos de derechos humanos que se cometen en esa lucha”, puntualiza.

Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1733 de la revista Proceso en circulación.