Calderón rechaza la supervisión de la ONU

lunes, 18 de enero de 2010

MEXICO, D.F., 18 de enero (Proceso).- El gobierno de Felipe Calderón se muestra renuente a que relatores de Naciones Unidas visiten el país para documentar los saldos de su guerra contra el narcotráfico, que ha dejado innumerables bajas y ejecuciones extrajudiciales que implican a elementos del Ejército. Sin embargo, a principios de marzo la administración federal deberá entregar un informe a la ONU, en Nueva York, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que debió presentar desde 2004.

El gobierno de Felipe Calderón obstruye los intentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para someter a escrutinio su llamada guerra contra el narcotráfico. Por lo pronto, ya logró posponer la visita del relator especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston, y reservó por 12 años un reciente informe del organismo sobre la tortura en el país.

Por más de un año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) maniobró para impedir la visita de Alston, quien pretendía presentar ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, en Ginebra, un informe sobre el creciente número de ese tipo de muertes en México, incluidas las que han cometido los militares y aquellas que han sufrido los activistas sociales.

A diferencia de Colombia, Guatemala, Kenia o la República del Congo, adonde Alston viajó el año pasado para informar a la ONU sobre los asesinatos extrajudiciales en esos países, México se opuso desde 2008 a una visita del relator y logró posponerla para 2011.

Para entonces, Alston ya no será relator y la visita a México dependerá del interés de su sucesor por concretarla. Además, el informe que resulte de esa eventual revisión se daría a conocer cuando Felipe Calderón esté por terminar su gestión en Los Pinos o incluso la haya concluido.

La actual administración, además, ha tardado en definir la visita de la relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, prevista para algún momento del segundo semestre del año.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, en su visita la representante de Naciones Unidas deberá revisar la aplicación del fuero militar en casos que involucran a civiles, tema en el que Calderón ha respaldado insistentemente al Ejército, a pesar de que la propia ONU e instancias como la Corte Interamericana de Justicia y organizaciones internacionales han señalado esa práctica judicial como violatoria de las normas internacionales de protección de los derechos humanos.

Pese a las maniobras para diferir esas revisiones, en la primera semana de marzo próximo el gobierno mexicano tendrá que dar un informe ante la ONU, en Nueva York, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, considerado como uno de los fundamentos del sistema universal de derechos humanos.

El reporte, que México debió presentar desde 2004, permitirá que organizaciones no gubernamentales mexicanas informen también a Naciones Unidas sobre las consecuencias de la estrategia de Calderón contra el narcotráfico, que en tan sólo tres años ha dejado más de 15 mil muertos y una sistemática aplicación del fuero militar a civiles.

Lo que el gobierno de Calderón sí pudo sortear fue la incomodidad que representaba la presencia de Alston. En entrevista telefónica realizada el martes 12, el relator dice a Proceso desde Nueva York que hace más de un año le solicitó al gobierno mexicano que le extendiera una invitación para venir al país.

Después de darle largas, a través de la representación de México ante los organismos de derechos humanos de la ONU en Ginebra, el gobierno le sugirió que la visita podría tener lugar en 2011, “lo cual es después de que termine mi nombramiento como relator especial”, explica Alston.

Él, en efecto, dejará el cargo en agosto próximo, por lo que se verá impedido de viajar a México en esa condición, a pesar de que desde 2008 expresó su interés en recorrer parte del país ante la violencia que ha dejado miles de ejecuciones y en las que están involucradas fuerzas federales.

Los representantes del gobierno mexicano “simplemente han dicho que están muy ocupados en este momento” para una visita de la relatoría especial, señala Alston, quien también es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

 

Las prioridades del gobierno

 

El argumento de las autoridades mexicanas para posponer la visita de Philip Alston es que deben entregar varios informes a la ONU en distintas materias. A pesar de que éstos son rutinarios, también dijo que antes de la presencia del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales están programadas otras visitas tanto de la ONU como de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un comunicado del 30 de octubre de 2009, el gobierno de Calderón dejó muy claro el rechazo al relator: “Es el deseo del gobierno de México trabajar con el nuevo relator que sustituirá al señor Alston en 2010”.

Con más de dos décadas de nombramientos como representante de Naciones Unidas para temas de derechos humanos, Alston es muy cauto cuando se le pregunta por los motivos del gobierno mexicano para impedir su visita; aunque no deja de expresar su decepción.

“El principio en la ONU es que sean los propios gobiernos los que deciden cuándo aceptan las visitas y tengo que respetar ese principio. Pero, por supuesto, estoy decepcionado porque creo que hay muchos temas que puede ser útil que sean examinados por el relator especial.”

La negativa del gobierno calderonista contrasta con lo ocurrido en Colombia, donde al igual que en México la represión a narcotraficantes ha derivado en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

“Estuve en Colombia en 2009 y me reuní con todos los funcionarios de alto nivel, incluido el presidente (Álvaro Uribe), el ejército y la policía nacional. Me encontré también con varias víctimas, familiares de las víctimas y grupos de la sociedad civil que están preocupados por los asesinatos que ocurren en el país”. Alston, incluso, ya dio a conocer un reporte preliminar de esa visita.

En América Latina, durante 2009 también estuvo en Brasil y en Guatemala. En África, en la República del Congo y en Kenia. Antes, en Asia, hizo visitas a Filipinas y Sri Lanka.

En el caso de México, “sólo sé lo que he leído en los reportes de prensa, pero no conozco la historia por dentro. Por eso solicité la entrevista desde hace ya tiempo y recientemente insistí. La primera vez que la pedí fue hace más de un año”.

Explica: “La práctica general para estas visitas es comunicarse por escrito a través de canales diplomáticos. Desafortunadamente no hay discusiones en vivo. El intercambio es dentro de la ONU, en Ginebra. Por supuesto busqué una reunión, pero no obtuve respuesta. Sólo tuve una explicación diplomática de que no era el momento adecuado”.

Asegura que cuando solicitó la entrevista no le dio ningún detalle al gobierno mexicano sobre los temas que trataría. “Cuando hay problemas de seguridad en determinados países y se recibe una invitación para visitarlos, comienzo a ver muy de cerca la situación y en ese momento identifico temas que previamente no había considerado. Por eso nunca adelantamos ninguna agenda detallada al gobierno”.

Sobre la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en el país, Alston señala: “No puedo estar prejuiciado, pero debo decir que estoy consciente de que mucha gente ha sido asesinada en México, aunque encuentro que la situación es muy confusa, por eso es muy importante la visita para tratar de entender qué es exactamente lo que está pasando”.

La visita ahora dependerá del interés de su sucesor. “Espero que sea el caso y que la invitación se mantenga y sea exitosa, no como en mi caso”, dice.

El gobierno de Calderón ha impedido, además, que se conozca un informe sobre la tortura en México, elaborado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas tras una visita de esa instancia a México, en septiembre de 2008, y entregado el año pasado al gobierno.

 

Ocultamientos

 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) solicitó el informe de la ONU a través de la Ley de Transparencia, pero la SRE –a través de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia– no sólo rechazó la petición, sino que reservó la información por 12 años. Su argumento fue que con la difusión se “menoscabarían las relaciones internacionales” porque la ONU entregó el reporte con carácter confidencial.

De esa manera, el gobierno mexicano no sólo determinó que el informe no se conozca en México hasta 2021, sino que al mismo tiempo ató de manos a la ONU, pues el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que el subcomité sólo puede dar a conocer el informe, junto con las observaciones del Estado involucrado, si éste pide que lo haga.

La SRE, que ha operado estos obstáculos, también colocó en controversia la visita de la relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.

En momentos en que el gobierno de Calderón frustraba la visita de Alston, el 30 de octubre del año pasado, la secretaría anunció la visita de la relatora. La invitación la había hecho pública el gobierno mexicano el año pasado, en Ginebra, durante el Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Pero cuando la SRE hizo el anuncio, en la oficina de la relatora aún no había una invitación oficial, según constató el Centro Prodh. Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido notificada.

Consultada sobre la invitación, la oficina de la relatora en Ginebra informó el miércoles 13 a este medio que ya recibió la invitación, pero que la fecha aún no se ha definido.

“La relatora especial ha indicado que le gustaría conducir la misión durante el segundo semestre de 2010; las fechas exactas aún están por acordarse”, respondió Pasipau Wadonda-Chirwa, funcionaria de la División de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Indicó que, como parte de su mandato, la relatora podrá hacer recomendaciones no sólo sobre la independencia de los jueces y protección de los abogados, sino las modificaciones que se le pueden hacer al sistema judicial para garantizar la protección de los derechos humanos.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, explica que además del sistema de procuración y administración de justicia, la visita tiene que ver con el debido proceso judicial y la aplicación del fuero militar en casos que involucran a civiles.

De concretarse esa misión, será la segunda vez que esa relatoría especial esté en el país, luego de la visita hecha en 2001.

El caso de las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales en México tampoco es nuevo para la ONU. En julio de 1999, la entonces relatora para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, hizo la primera visita al país en el contexto de las matanzas de Acteal y El Bosque –en Chiapas– y Aguas Blancas y El Charco –en Guerrero–, además de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La relatora hizo nueve recomendaciones al gobierno mexicano, entre ellas la desmilitarización de la sociedad, evitar que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de las funciones de seguridad pública, reformar la legislación para que los tribunales civiles juzgaran a los acusados de violaciones a los derechos humanos –incluidos militares– y proteger la vida de los defensores de derechos humanos y los periodistas.

Una década después de las recomendaciones de la relatoría, esos problemas se han agudizado, sobre todo a partir de la declaración de guerra de Calderón a los narcotraficantes.

 

La lógica de Gómez Mont

 

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, dice que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales el Estado mexicano ha claudicado, pues no investiga porque da por hecho que se trata de ajustes de cuentas entre narcotraficantes.

“Esto alienta la impunidad y la comisión de nuevos delitos, pero también hace imposible saber si se trató de acciones de la delincuencia organizada o de las fuerzas federales”, explica el activista social.

Y asegura que la presencia de los dos relatores de la ONU es crucial sobre todo para quienes han sido víctimas de las agresiones del Ejército, pues sus casos están en manos de la justicia militar.

Ante las dilaciones oficiales para la visita de Alston, organizaciones no gubernamentales pidieron al gobierno de Calderón que cumpliera lo ofrecido por México a la ONU en 2001 para que todos los mecanismos internacionales y relatores de derechos humanos visitaran el país.

El Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” hicieron ver que durante 2009, además de ser uno de los años más difíciles en derechos humanos en el país, no hubo ninguna visita oficial de ningún relator para trabajar sobre esa situación.

Tan sólo en febrero del año pasado, por ejemplo, ocurrió la desaparición y ejecución de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero. En 2007 fue asesinado Ricardo Murillo Monge, del Frente Cívico Sinaloense. Además, de acuerdo con el Comité Internacional de Protección a Periodistas, con sede en Nueva York, el año pasado dos comunicadores fueron asesinados con motivo de su trabajo y seis más por causas aún no confirmadas.

En la primera semana de 2010, la defensora de derechos humanos Josefina Reyes fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que un periodista fue secuestrado y desaparecido en Los Mochis, Sinaloa, y otro más asesinado en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con esas organizaciones mexicanas, a partir de la puesta en marcha de los operativos militarizados de seguridad pública por el actual gobierno federal se han denunciado casos de ejecuciones de civiles cometidos por militares en distintas partes del país.

Entre ellos, el de una familia, en La Joya, y de cuatro jóvenes, en Badiraguato, ambos en Sinaloa; además de los ocurridos en Camargo, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Ante las imparables quejas de violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes del Estado mexicano en la estrategia contra el narcotráfico, el jueves 7, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo una defensa más de los efectivos federales que participan en los operativos contra el narcotráfico.

En una reunión con cónsules y embajadores de México en el exterior, el funcionario señaló: en el gobierno no “vamos a ser ingenuos para darle cauce institucional a aquellas acusaciones que no tengan sustento y sólo puedan debilitar la autoridad moral de las fuerzas de seguridad”.

Gómez Mont aseguró que las Fuerzas Armadas están bajo tensión y que hay denuncias que sólo buscan el desprestigio y el debilitamiento de las instituciones involucradas en el combate al narcotráfico.

El secretario de Gobernación ha sido el encargado de salir en defensa de las fuerzas federales –en especial del Ejército– tanto en México como en el exterior. En junio del año pasado dio a conocer el rechazo del gobierno de Calderón de tres recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le hizo como parte del Examen Periódico Universal (EPU), al que fue sometido el país.

Una de ellas tiene que ver con el fuero militar aplicado a civiles. Las otras dos se refieren al arraigo y a la reapertura de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, cuyo cierre al inicio de este gobierno dejó en la impunidad cientos de casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas principalmente entre los años sesenta y setenta.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, sostiene que el Estado mexicano ha utilizado los foros internacionales para defender y legitimar su actuación y omisiones en materia de derechos humanos. Pero eso, dice, no se ha traducido en avances; más bien lo contrario.

Este reportaje se publicó en la edición 1733 de la revista Proceso que empezó a circular el sábado 16 de enero.

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