Impartición de justicia, trabajo de alto riesgo: AMIJ

miércoles, 20 de enero de 2010

MÉXICO, D.F., 20 de enero (apro).- El presidente Felipe Calderón se reunió este miércoles con integrantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), quienes le hicieron notar que el cargo de impartidor de justicia se ha convertido en un trabajo de alto riesgo por la ola de violencia que vive el país, por lo que exigieron mayor protección por parte del Estado.
Además, afirmaron que están preocupados por la situación de inseguridad, no obstante que la violencia hacia ellos no ha llegado a los extremos que alcanzó Colombia o Italia.
Sin embargo, aseguraron que en algunos estados del país la violencia ha alcanzado niveles preocupantes, aunque se negaron a enumerar los estados más conflictivos por razones de seguridad.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, Rodolfo Campos Montejo, apuntó que "la delincuencia organizada ya comprende todo, el tráfico de personas, la venta de objetos piratas, la trata de blancas, la extorsión, el secuestro, delitos del fuero común, que se entre mezclan con delitos federales".
Durante el encuentro, los integrantes de la AMIJ solicitaron a Calderón autonomía presupuestaria y más recursos económicos para que los órganos judiciales puedan ejecutar las reformas en curso, como los juicios orales.
"No basta con cambios puramente jurídicos, se requieren recursos. Si no, la reforma está condenada al fracaso y no queremos quedar señalados como los responsables de ese fracaso", explicó el secretario ejecutivo de ese organismo, Rolando de Lassé Cañas.
También pidieron a Calderón que destine los recursos necesarios, al menos 300 millones de pesos, para poder aplicar las reformas constitucionales en materia penal, pues de lo contrario estas modificaciones podrían ser el mayor fracaso en los últimos 100 años.
Aseguraron que no han recibido el dinero necesario para poder aplicar los nuevos procedimientos jurisdiccionales, como los juicios orales, la justicia para menores o los juzgados especializados en narcomenudeo.
La implementación de juicios orales (procesos simplificados en los que el juez conduce las audiencias y preside la presentación de pruebas y alegatos de las partes) quedó contemplada en la reforma del sistema penal anunciada en junio de 2008 por el presidente mexicano. La AMIJ avisó hoy de que su establecimiento está ocasionando problemas.
"No se puede hablar de un Estado de Derecho sólido ni de instituciones consolidadas si los tribunales del país no gozan de garantías económicas", señaló Rodolfo Campos.
Las demandas de la AMIJ para la justicia oral, dijo Campos, se centran, además de en "mucho dinero", en personal nuevo, en la capacitación de todos los actores implicados, desde las universidades hasta la policía, y en más infraestructuras.
Para el magistrado, "mientras no se cumplan, hablar de justicia oral será demagogia".
Al final de la reunión, Calderón recibió la "Carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia en México" que promueve la modernización y el fortalecimiento de los órganos judiciales y apuesta, por ejemplo, por un lenguaje jurisdiccional "más comprensible y menos intimidatorio".
En la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo reiteró el compromiso y colaboración del gobierno federal con la AMIJ para garantizar, juntos, el acceso a una justicia pronta y expedita.
En un comunicado, la Presidencia de la República señaló que durante la reunión con los ministros y magistrados, Calderón destacó que es “a través del diálogo, de la unidad de propósito y de acción como se lograrán los resultados que los mexicanos exigen de quienes imparten justicia en nuestro país”.
Durante el encuentro con representantes del Poder Judicial estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio Robles.
Por parte de la AMIJ asistieron el presidente de la Corte,  ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia; la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación; el magistrado Francisco Cuevas Godínez, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el magistrado Rodolfo Campos Montejo, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.

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